La duda histórica del 29J, por Rafael Uzcátegui
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En diferentes foros y conversaciones privadas, pero también en algunas entrevistas y artículos de opinión, viene apareciendo la hipótesis sobre qué hubiera pasado si el liderazgo opositor hubiera convocado a manifestaciones de calle el 29 de julio, sumándose a la rebelión popular contra el desconocimiento de la voluntad electoral que ocurrió ese día, cuya expresión más mediática fueron las 9 estatuas vandalizadas de Hugo Chávez. En una entrevista reciente el líder político Andrés Caleca describió a estas conjeturas como las de una «duda histórica».
La magnitud de la movilización ocurrida el 29 y 30 de julio, pero especialmente el primer día, permite situar esa acción colectiva como una de las más significativas de las últimas tres décadas, comparable sólo con El Caracazo de 1989. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en ambos días ocurrieron 915 protestas en el país. La ONG Laboratorio de Paz logró geolocalizar 210 movilizaciones ocurridas el día 29 de julio.
La poblada de esas jornadas tuvo varias características. La primera, su espontaneidad. Luego de los resultados anunciados por el CNE, el liderazgo político enfocó sus esfuerzos en la protección y digitalización de las actas de los testigos, de las candidaturas de Edmundo González y Enrique Márquez, que demostraban que los verdaderos porcentajes de votación eran otros.
Por razones tácticas y logísticas, no hubo ninguna directriz cupular en realizar movilizaciones ese día. En segundo lugar, fueron autoconvocadas. Las personas ocuparon el espacio público por efecto contagio y por la indignación compartida en los mecanismos capilares de distribución de contenidos en plataformas de comunicación que habían construido como reacción a la censura. Finalmente, su descentralización territorial y táctica. No se optó por la usual marcha del punto A al punto B, sino la dispersión estratégica en torno a los símbolos del poder: La publicidad electoral, las sedes de poderes locales, módulos policiales y las efigies de Hugo Chávez.
Aunque comparten elementos comunes, los marcos de acción colectiva de los sectores populares son diferentes a los de la clase media. Si la poblada del 27 de febrero de 1989 fue uno de los hitos simbólicos fundacionales del chavismo, ser víctima de una poblada similar ha sido una de las pesadillas del bolivarianismo en el poder.
Por ello, ante la emergencia de una crisis económica, como consecuencia de la abrupta disminución de la renta petrolera luego del fin de los altos precios de los rubros energéticos en los mercados internacionales, el gobierno tomó decisiones.
Por un lado, crear una narrativa anticipatoria, la «guerra económica», que desviará la responsabilidad de la crisis en terceros. Paralelamente, la implementación de los llamados «Operativos de Liberación del Pueblo», con lo que se rompía el tejido de vínculos no estatizados y se reforzaba el control territorial de los barrios para disuadir cualquier protesta
El gobierno se había estado preparando para enfrentarse a la poblada. Por ello la letalidad de los dos primeros días, cuando fueron asesinadas 24 personas, y se estableció una cuota de personas que debían ser detenidas. Como hipótesis sugerimos que la existencia de dos tipos de represión, una cruel y masiva junto a otra selectiva y de castigos ejemplares, tendría que ver con los sectores sociales a las que fueron dirigidas.
A la clase media la puedes neutralizar exclusivamente con el temor. A los sectores populares, con una experiencia cotidiana de convivir con la violencia, no.
Lo anterior es clave en nuestro análisis. Conversando con X, un periodista latinoamericano que cubría las elecciones venezolanas, me comentó que los alrededores del Palacio de Miraflores estaban «esperando» a la poblada. La respuesta sería similar a la ocurrida en la redoma de San Jacinto, en Maracay, donde el 29 de julio en un solo lugar fueron asesinadas 7 personas.
En los últimos 18 meses la estrategia de la oposición, nucleada en torno a María Corina Machado y Edmundo González, ha sido intachablemente pacífica y democrática. Por tanto, no estaba preparada para una confrontación insurreccional de esta naturaleza. En nuestra opinión no haberlo hecho, al calor de los acontecimientos, habla muy bien del sentido estratégico del actual liderazgo.
Si hubiera ocurrido no hubiera variado la situación de desconocimiento de la voluntad popular y la propia Constitución. Ya está demostrado que la transición por colapso del régimen, donde las mayorías son víctimas de la represión gubernamental, no genera fracturas en la coalición dominante. En cambio, la cifra de personas asesinadas hubiera sido trágica y exponencialmente mayor. Y el foco de la comunidad internacional hubiera cambiado: de «muestren los resultados detallados» a «detengan la violencia».
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Finalmente, el liderazgo político más visible hubiera sido detenido, o algo peor. A pesar que esta posibilidad no ocurrió, el gobierno desplegó, de todas maneras, la narrativa de «violencia de los comanditos» y «ser víctima de un golpe de Estado». ¿Era necesario, además de la avalancha de votos, una muestra mediática y visible del nivel de rechazo del pueblo venezolano a las actual cúpula gobernante? Creemos que no.
Finalmente, un comentario críptico para entendidos. ¿Es coherente haber criticado el meta-mensaje imaginario de la consigna «Hasta el final» y, ahora, cuestionar que el liderazgo no se puso al frente de las protestas del 29J? ¿Es moralmente aceptable siquiera dibujar esta alternativa cuándo se está fuera del país?
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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