La escurridiza inversión extranjera, por Sergio Arancibia
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El gobierno del Presidente Maduro parece haber llegado a la conclusión de que la inversión extranjera directa y/o la inversión extranjera de cartera- que no son una y la misma cosa – no son tan malas después de todo.
Quizás conteniendo una cierta repulsión que todavía les queda; amarrando o sacrificando a los ortodoxos y/o a los loquitos que todavía tienen en su seno; viendo con preocupación que sus amigos y sus iconos internacionales – China, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Vietnam – están seriamente interesados, en forma permanente y sostenida, en atraer inversionistas extranjeros; o realmente convencidos de que en ciertas circunstancias la inversión extranjera es útil y positiva para el desarrollo de un país, lo cierto es que el gobierno se prepara para ampliar la capacidad de acción del inversionista extranjero – y de la moneda extranjera, que no es necesariamente lo mismo -dentro de la economía nacional.
Los cambios que se han anunciado parecen encaminados a incentivar la llegada de capitales extranjeros, por la vía de permitirles operaciones de cambio en un mercado más libre, y permitir operaciones en moneda extranjera en las operaciones normales de compra y venta de bienes y servicios dentro del país, lo cual es una realidad imparable, con ley o sin ella. No parece, en todo caso, estar planteada una modificación radical del sistema de control de cambios que tan graves consecuencias ha tenido para la economía nacional.
Los cambios que tímidamente se avizoran en el sistema cambiario no parecen tener como objetivo central el solucionar la necesidad de acceso a las divisas que enfrenta el empresariado nacional, para importar bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Tampoco parece que el objetivo central sea detener la hiperinflación, que está ligada, entre otras cosas, al valor del dólar, que ha estado condenado a circular en los espacios subterráneos de la economía nacional, con lo cual se asegura su alta cotización.
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La modesta opinión de este articulista es que las medidas enunciadas pueden ser exitosas en cuanto a atraer a ciertos capitales básicamente especulativos y de corto plazo, que entrarían al país para operaciones comerciales o financieras de corto alcance temporal y de poca incidencia en la economía productiva, y que volverían a salir rápidamente una vez que hubiesen logrado una ganancia sustantiva, operación esta última con la cual borrarían con el codo las consecuencias positivas que supuestamente generarían al entrar.
También es posible que esta nueva situación cambiaria permita que muchos de los nuevos y viejos ricos puedan lavar sus dólares, trayéndolos al país y comprando con ellos tierras y apartamentos, a precio de gallina flaca. Actualmente esa compra de tierras y bienes urbanos es una realidad que está en pleno desarrollo, protagonizada fundamentalmente por otros tipos de inversionistas.
Pero la inversión extranjera directa – que viene a crear industrias, o a poner en funcionamiento empresas alicaídas, aportando tecnología, capitales y canales de distribución internacionales – exige condiciones económicas y legales de otro tipo. Exige, en primer lugar, un orden legal, en materias económicas, estable y consensuado dentro del país, que no quede al capricho de un gobernante o de un funcionario, como supone en cierto tipo de países, y ni siquiera sufra cambios fundamentales como consecuencia de los cambios políticos propios de una democracia.
Exige, además, un respeto a la propiedad privada, a las normas internacionales en materia de protección de inversiones y a los mecanismos de arbitraje a los cuales se pueda acudir en caso de controversias. No puede nadie invertir en un país donde en cualquier momento alguien puede dar la orden de expropiación y donde no hay ninguna seguridad para la propiedad agrícola o manufacturera
