La fracción Clap vuelve a traicionar, por Naky Soto
Twitter: @Naky
Tres diputados de la fracción Clap (los que están siendo investigados por corrupción luego de la investigación que publicó el portal ArmandoInfo sobre la Comisión de Contraloría), solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia una revisión de la modificación al Reglamento Interior y de Debates aprobada ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional. Según ellos, esta modificación es contraria a lo que establece la Constitución, criterio que les acerca sensiblemente a la postura del chavismo. Leandro Domínguez, José Gregorio Noriega y Gabriel Peña solicitaron la nulidad de esta decisión del Parlamento a la Sala Constitucional porque no pueden permitir “que se anule la presencia de los diputados suplentes en caso de las ausencias de los principales», dijo Peña, y añadió que el uso de nuevas tecnologías establecería un mal precedente.
Tres reacciones
El presidente encargado, Juan Guaidó rechazó la impugnación de los diputados Clap ante el TSJ y les recordó que el TSJ ha sido la institución clave para la persecución política: “Están colaborando con el régimen, con Maduro, nadie en su sano juicio iría a fomentar la persecución de sus hermanos o colegas”, dijo Guaidó, pero este no es un caso de insania sino de cohecho. El TSJ, expedito para socavar las iniciativas parlamentarias, ya convocó para este jueves al pronunciamiento del magistrado Juan José Mendoza en relación a la impugnación. Esta noche el partido Voluntad Popular expulsó al fantoche de José Gregorio Noriega.
Los concubinos del chavismo
Otros tres excelsos miembros de la fracción Clap, Conrado Pérez, José Brito y Luis Parra, emitieron un comunicado en el que califican la modificación del Reglamento de Interior y Debates como ilegal e inconstitucional; a la directiva del Parlamento la acusan de prepotente y sectaria, de allanarles la capacidad de discernimiento (¿?) y las garantías constitucionales, y concluyen que la modificación es una agenda oculta del presidente encargado Juan Guaidó y del resto de los diputados opositores. Aplausos al genio que incluyó esta frase-confesión en el comunicado: “que pretende ocultar el fracaso rotundo de una manera de hacer política, mintiendo y generando falsas expectativas para mantenerse en un concubinato con el Gobierno que dice adversar». Imposible una descripción más acertada de sí mismos.
El régimen cerró Venepress
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el régimen de Nicolás cerró las oficinas de Venepress: “La orden ha sido firmada por el fiscal Jean Karin Lopez Ruiz. Imputan legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir”, escribió el SNTP, solicitando solidaridad “para repudiar está acción de la dictadura”. El esfuerzo del chavismo por imponer el silencio informativo en Venezuela ha sido descomunal, y en 2019 han aumentado ostensiblemente la presión contra la prensa, sumando ya 55 periodistas detenidos arbitrariamente. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza condenó la acción de la Fiscalía: “Este tipo de figuras ambiguas, sin debido proceso, han sido utilizadas en otros casos como forma de censura medios y detener a periodistas”, escribió. Esto ocurre el mismo día que Michelle Bachelet actualizó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Breves y graves
– El subcomisario Marco Hurtado cumplió la condena de 16 años y 8 meses de prisión que le impuso el finado Hugo Chávez a los policías metropolitanos que defendieron a los ciudadanos en las inmediaciones de Puente Llaguno en abril de 2002. Su esposa, María Paz Castillo, denunció “un secuestro judicial” porque la juez no ha entregado la boleta de excarcelación que le corresponde.
– Sobre la pretensión de Nicolás, informada en Bloomberg, de pagar la deuda mediante la entrega de campos petroleros venezolanos, el procurador especial José Ignacio Hernández explicó que Nicolás “no puede ofrecer derechos sobre crudo a acreedores o tenedores de bono”. Hernández calificó este supuesto acuerdo de pago de la deuda como un fraude.
– El Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) informó que el precio de la canasta alimentaria familiar cerró en noviembre en 5.543.084,29 bolívares ($ 142,20), con una variación intermensual de 30,3 %.
– Venezuela ocupa el penúltimo lugar del Índice de Libertad Humana que califica a 162 países en torno a indicadores de libertad personal, civil y económica. Aunque sea una obviedad: somos el país menos libre de toda América.
Nosotros, los migrantes
En el Día Internacional del Migrante, Crónica Uno dedica un trabajo a describir la densidad de nuestro flujo migratorio en 2019, cuyo desplazamiento total se estima en 1.418.345 personas. En el cuarto año de nuestra emergencia humanitaria, en promedio, más de 100.000 personas salieron por mes. Solo en el primer cuatrimestre emigraron casi medio millón de venezolanos. También aumentaron las solicitudes de refugio, y en ese mismo período hubo más de 291.000 solicitudes de asilo. Nuestra crisis derivó en el mayor desplazamiento de la historia reciente de América Latina, en 2019 ya suman 4,7 millones de personas, y la proyección para 2020 es que el número de refugiados y migrantes pase a 6,5 millones, la gran mayoría en edad productiva. Reuters dedicó un trabajo a la “generación del hambre”, una de las principales causas de la migración forzosa, y las propias Naciones Unidas explican en otro trabajo que nuestra crisis de refugiados se convertirá en la más grande y con menos fondos en la historia moderna, cuestionando por ello el rol de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En otras tierras
– La Fiscalía boliviana emitió este miércoles una orden de detención contra Evo Morales, a quien el Gobierno interino de Jeanine Áñez ha acusado de sedición y terrorismo. Morales recibió la confirmación de su estatus de refugiado en Argentina, lo que, según el Gobierno de Alberto Fernández, imposibilita cualquier posibilidad de extradición.
– La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó el debate antes de la votación sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump.
– El Gobierno de Panamá decretó este miércoles como Día de Luto Nacional el 20 de diciembre por la invasión de EEUU en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, una acción bélica que dejó un número de muertos que aún se determina y que destruyó parte de la capital panameña.
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Este miércoles fue presentado en su totalidad el Plan País para ser ejecutado desde el día uno tras el cese de la usurpación: “Gracias a todos por el arduo trabajo que realizaron, hoy el Plan País es una realidad y una hoja de ruta clara para recuperar la República; pero para ejecutarlo es necesario derrotar la dictadura”, dijo Juan Guaidó. Aprovechó la ocasión para reiterarle a los funcionarios de la Fuerza Armada que se pongan del lado del pueblo: “No se puede ser indiferente ante esta desgracia. Todavía es momento de ponerse del lado de la Constitución”. A la comunidad internacional le dijo que “en Venezuela no hay una pugna por el poder, sino una lucha contra una dictadura”. El Plan país reúne soluciones, planes y estrategias para aplicar de manera inmediata en las áreas agroalimentaria, infraestructura, seguridad ciudadana, social, reforma institucional del Estado, macroeconómica, servicios, energía y mina; todos coincidieron en la necesidad de transformar el Estado para desarrollar lo propuesto.