La Fuerza Armada Nacional perdió la guerra contra el hambre
Productores agrícolas denuncian que la empresa Agrofan privilegia a los «enchufados» a quienes, en 2018, entregó 70% de los insumos, pero solo sembraron 50% del área. Ante las denuncias de la ONU sobre la violación del derecho a la alimentación, el argumento gubernamental son las sanciones y la «guerra económica» estadounidense
Sofía Nederr | Carlos Seijas Meneses
En su política de incorporar a la organización castrense en el desarrollo nacional como se estableció en la Constitución de 1999, el Gobierno asignó a los militares tareas clave en la producción y distribución de alimentos. Sin embargo, esta estrategia no ha sido suficiente para atender toda la demanda del país, con lo cual la Fuerza Armada Nacional (FAN) parece que perdió la guerra contra el hambre.
Para esta batalla, el Ejecutivo se ha valido de un variado armamento, dentro del que destacan: la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS); la creación del Estado Mayor Superior de la Alimentación; la designación de ministros que provienen de los cuarteles tanto en el despacho de Alimentación como de Agricultura; de generales al mando de diferentes rubros (maíz, arroz, caraotas, etc.); la creación de la empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional (Agrofan); y la incorporación de la milicia a la actividad productiva y distribución de alimentos.
El Gobierno controla desde el suministro de los insumos y semillas para la siembra, pasando por la producción, distribución y comercialización, hasta la importación de materia prima y productos terminados. A pesar de ello no se ha logrado el objetivo de “incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad para toda la población, de forma oportuna, permanente y a precios accesibles”.
La grave situación alimenticia en el país fue certificada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en su informe del 4 de julio de 2019, en el que enfatizó: “El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”.
La funcionaria de la ONU reconoció que, en los últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, pero ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población.
Agrofan privilegia a los enchufados
En mayo de 2019 el Gobierno informó que Agrofanb tenía previsto sembrar este año un total de 1.000 hectáreas para reproducir la semilla de maíz y garantizar 100.000 hectáreas de maíz en 2020.
“Agrofanb sigue impulsando el tema de la semilla, es importante que seamos independientes para quitarnos esa dependencia que nos enseñaron”, dijo Rafael Ballestero, presidente de Agrofanb. Añadió que en 2018 la estatal llevó a cabo el Plan Zamora con la siembra de 250.000 hectáreas de semillas.
El gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, señaló, en agosto de 2019, durante la inauguración de la primera Expo Feria Agrofanb en Maracay que en los terrenos del Cuartel La Placera sembraron 350 hectáreas de maíz semilla “que permitirá seguir fortaleciendo el sistema alimentario del país”.
En la “unidad de producción” de La Placera participan 20 productores y 35 empresas públicas y privadas, según la viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa del Ministerio de la Defensa, mayor general Gloria Castillo de Durán. Sostiene que cumplen las instrucciones dadas por el ministro Vladímir Padrino López, de que “cada uno de los componentes de la FAN asumirá una unidad de producción para sembrar y producir”.
Entretanto, los productores privados, que en 2019 han visto cómo la superficie sembrada se redujo al nivel más bajo en 20 años, siguen sin recibir semillas ni agroquímicos. Denuncian que el Gobierno ha privilegiado, a través de empresas como Agropatria –Agroisleña hasta que fue expropiada, en octubre de 2010, por Hugo Chávez–, Agrofanb y Agrosur, la entrega de suministros agrícolas a empresas afines al gobierno, manejadas por llamados “agroenchufados”.
En 2018 Agrofanb entregó 70% de los insumos a esos “agroenchufados”, y solo sembraron 50% del área.
“Hay un grupo de enchufados que son los que se benefician de Agrofanb y del Ministerio de Alimentación. También les daban asignaciones de arroz, maíz y soya. En ese grupo debe haber varios testaferros de los ministros y de generales. Recientemente les dieron plantas de arroz y de harina precocida”, afirmó un productor del sector privado que solicitó el anonimato.
El año pasado el sector privado denunció que la escasa oferta de insumos de la que dispone la estatal Agropatria es distribuida en su mayor parte a la empresa agrícola militar. En 2017 solo recibieron del Gobierno 30% de los suministros que requerían para cumplir con los programas de producción.
Aun así, el Gobierno obliga a los productores privados entregar entre 30% y 50% de la cosecha a Agrofanb.
Por su parte, Transparencia Venezuela reportó que “la situación de los productores tradicionales es sensiblemente peor desde la creación de Agropecuaria de la Fuerza Armada Bolivariana (AgroFan), en 2013, a través de la cual se impuso el control de los uniformados castrenses sobre la producción del campo venezolano”. Este elemento forma parte del informe “AgroFan y Agropatria: Gobierno y los militares en control del deprimido campo venezolano”, presentado en 2018.
De acuerdo con la investigación, en la que participó Rodrigo Agudo, experto en temas agroalimentarios y asesor de Transparencia en Venezuela, en 2008 la producción privada cubría 70% de la demanda nacional, en tanto, en 2018 la cobertura era de 30%.
“La producción viene cayendo, entre otras razones, por la escasez de los insumos que debe proveer la industria para la siembra, tales como semillas, fertilizantes y maquinarias”, señaló Transparencia Venezuela.
Uno de los productores consultados por la organización no gubernamental (ONG), bajo anonimato, aseguró que “la directriz de Agrofan parece ser la de bloquear al sector privado. Siempre han resultado infructuosos los intentos por coordinar con el Ejecutivo Nacional, o más bien con los militares, alguna política que permita paliar la falta de alimentos en los anaqueles”.
Sin garantías
La intervención del Estado en el proceso originó un decrecimiento en la producción, aseguró Rodrigo Agudo, asesor de Transparencia Venezuela. Añadió que la sociedad venezolana no sintió el impacto mientras los excedentes fiscales producto de las ventas petroleras permitieron paliar el déficit productivo con las importantes.
En el caso del manejo militar del sector alimenticio debe decirse que zapatero a su zapato, con lo cual mucho menos eficiente y eficaz puede ser el manejo de esta área cuando quienes la conducen desconocen su funcionamiento y además están capacitados para la defensa y la respuesta violenta ante un ataque a la nación. Todo esto no los capacita para garantizar la seguridad alimentaria del país”, subrayó Agudo
El experto en temas agroalimentarios recordó que Nicolás Maduro designó un general para cada rubro alimenticio y que los altos oficiales sobre quienes recayó esta función, además tenían responsabilidades en la conducción castrense. Se refiere a cuando, en 2016, el ministro de la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, general Vladimir Padrino López, anunció que 18 generales de la FAN estarían encargados velar por la producción de igual número de rubros de la canasta básica.
La estructura que dirige el titular castrense dentro del sector alimenticio incluye un “comando”, encargado de supervisar la distribución, así como la coordinación de 9 mercados mayoristas. En este sentido, Rodrigo Agudo destacó que la GMAS implica también que el sector civil termina subordinado a la autoridad militar.
Transparencia Venezuela ha enfatizado que el ministro Padrino López tiene potestad sobre la producción, distribución, importación y comercialización de alimentos, todo este combo sin contraloría alguna.
El alto oficial encabezó la revisión, a principios de septiembre de 2019, de la ruta de acción después del decreto de territorialización de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en 16 estados del país, cuyo objetivo es alcanzar el 100% de productos elaborados en sus jurisdicciones.
Otro Estado Mayor sin resultados
En junio de 2019, el ministro de Alimentación, mayor general Carlos Augusto Leal Tellería, informó de la instalación del Estado Mayor Superior para enfrentar la “guerra económica”. El alto oficial aseveró que diseñan estrategias para “mejorar los métodos de trabajo y derrotar el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, garantizando los alimentos al pueblo de Venezuela como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro”.
Leal Tellería dijo que, desde el 15 de mayo hasta el 10 de junio, se distribuyeron 6 mil toneladas de alimentos en todo el país, dentro de la meta gubernamental para la entrega de 20 mil toneladas de proteína animal en los 335 municipios del país.
Más allá de las denominaciones como las del Estado Mayor Superior de la Alimentación, lo cierto es que, desde hace cuatro años, el Gobierno viene diciendo que en seis meses resuelve el problema y cada seis meses la situación está más crítica. Primero hubo desabastecimiento, en 2015, escasez, en 2016, hambre; en 2017, desnutrición, y en 2018 explotó la emergencia humanitaria”, subrayó Rodrigo Agudo, asesor de Transparencia Venezuela
En agosto de 2019, el Ministro Leal Tellería se reunió con miembros de la Asamblea Constituyente con el objeto de evaluar planes para incrementar las garantías al derecho de la alimentación torpedado, según arguyó, por las sanciones del gobierno de Donald Trump.
Días más tarde, aseguró que las ferias del campo soberano benefician a más de 700.000 familias en todo el país. Estas actividades son parte de los paliativos referidos por la ONU.
Aquí está un Gobierno que está dispuesto a proteger a nuestro pueblo de esta guerra económica. Los precios especulativos son parte de esta guerra y el bloqueo criminal del imperio. Estados Unidos no va lograr su objetivo porque aquí está un pueblo para garantizar la seguridad alimentaria produciendo», aseveró el ministro Carlos Leal Tellería
Ministros verde oliva
El ministro Leal Tellería es el sexto militar que dirige el Ministerio de Alimentación (Minpal). Le precedieron los generales Luis Alberto Medina Ramírez, Rodolfo Marco Torres, el teniente coronel Yván Bello y los generales Hebert García Plaza y Félix Osorio.
La Asamblea Nacional emitió, en 2016, un voto de censura contra el entonces ministro Marco Torres, quien fue apuntado como responsable de la crisis alimenticia por no aplicar «un oportuno y eficiente plan de producción de alimentos, de haber permitido el desvío de fondos públicos para el pago de comisiones fraudulentas y de favorecer a determinados empresarios con las contrataciones del Estado».
Por su parte, el actual jefe de la cartera de Alimentación egresó de la Academia Militar del Ejército como parte de la promoción “Gral. de Bgda. Francisco de Paula Alcántara” de 1986. Para el momento de su designación, en abril de 2019, Leal Tellería era el jefe del comando general de la milicia.
Precisamente la milicia ha sido clave en la producción y distribución de alimentos, según ha informado el gobierno de Maduro. El 5 de septiembre de 2019, el gobernante dijo, al integrar a la milicia en el sistema CLAP, que se ha optimizado en un 40% la entrega de los combos alimenticios que, según señaló, eran desviados por las mafias.
«Confío plenamente en cada miliciano y miliciana, quienes con responsabilidad garantizan la paz y se suman a la hermosa labor de producir y distribuir los alimentos para el pueblo”, puntualizó Nicolás Maduro.
Para enfrentar las mafias de las que habla de forma continua, y fortalecer las líneas estratégicas del sistema de distribución de alimentos, el gobierno transporta materia prima y alimentos en unidades de la FAN desde los puertos a la agroidustria y desde los centros de distribución a los centros de comercialización.
