La gran estafa roja, por Teodoro Petkoff
Que en algunos casos es posible comprobar dolo en la conducta de algunos promotores de vivienda y que ello debe ser sancionado, no puede caber duda. Lo que sí resulta un despropósito es embestir contra tirios y troyanos, como si todos fueran responsables de las mismas irregularidades. Sobre todo, si se tiene en cuenta que muchos de los retrasos en la ejecución de obras son atribuibles a la política económica del gobierno, que ha hecho escasear insumos tan importantes como las cabillas, el aluminio y el cemento, forzando el retardo y los incumplimientos y proporcionando la coartada perfecta a la minoría de aprovechadores y sinvergüenzas.
Pero la utilización politiquera y demagógica de la circunstancia -que no deja de encontrar ingenuos que se tragan la enorme coba que ha montado Chacumbele, como «protector» de la clase media– sube de punto cuando se toma en cuenta que no hay constructor privado que se pueda equiparar al propio gobierno en materia de irresponsabilidad e incumplimiento. Ayer este diario publicó lo que ha ocurrido en Guayana.
El propio Chacumbele anunció en 2006 la construcción para ese estado de cinco complejos habitacionales. Después de cuatro años ni uno solo ha sido terminado. Peor aún, ni siquiera se finge que se trabaja. Las obras están completamente abandonadas. Son cementerios de viviendas. Adicionalmente, en los casos de «Guayana Country Club» y «Campaña de Guayana», el gobierno, a través de Ferrocasa, tiene siete años sin terminar 875 casas y apartamentos que ya fueron pagados por sus compradores. Abandonados están los proyectos «Pedro Camejo» y «5 de Marzo». Todo este despelote ha costado la bicoca de 48 mil millones de bolívares. Esto constituye una «estafa inmobiliaria» monumental que deja como niños de pecho a los estafadores privados. ¿Chacumbele no tiene nada que explicar al respecto? Pero no sólo Guayana ha sido escenario de la estafa oficialista. Igual situación se reporta desde Lara, Portuguesa, Sucre, Falcón y Cojedes: estados donde fueron anunciados complejos habitacionales para ser entregados en 2009, que hoy sólo existen en la fantasía de Chacumbele. No se ha entregado una sola vivienda, a pesar de que han sido firmados los contratos de compra-venta. Por cierto, la foto que ilustra este editorial corresponde a unos edificios que «construye» Fondur desde hace once años en la avenida Sucre de Catia.
Pero hay un dato aún más grotesco. Mientras a los constructores privados se les ha prohibido cobrar el IPC, a los contratistas privados del gobierno, boliburgueses, como es obvio, se les ha autorizado no sólo a cobrar el IPC sino a escalarlo al ritmo de la inflación. Caso típico de aplicación de la Ley del Embudo. Por cierto, la vagabundería es tan rampante, que varias de las constructoras involucradas en estos episodios de estafa inmobiliaria se repiten en algunos de los estados. Todas recibieron los anticipos del caso y ya se los deben haber comido y bebido, sin que a mediados de este año ni uno solo de los «felices» compradores haya recibido su «solución habitacional». ¿Quién responde? ¿Quién paga? ¿Para estos estafadores no hay sanción? No, responde Chacumbele, por la obvia razón de que tendría que incriminarse él mismo.
