La habitación es la oficina, por Javier Ignacio Mayorca
Un juicio ventilado en los Países Bajos, que involucraba a prostitutas venezolanas, revela las dificultades para investigar y enjuiciar a los implicados en redes de trata de personas
Twitter: @javiermayorca
El 1 de mayo de 2019, agentes de la División de Identificación de Extranjeros y Trata de Personas del Reino de los Países Bajos hicieron una inspección administrativa en un inmueble de la ciudad de Almelo, donde sospechaban que operaba una red de prostitución.
Los funcionarios llegaron a esa dirección luego de pactar un encuentro con una trabajadora sexual. El proceso tenía varios pasos. A través de un sitio web veían a las mujeres u hombres con los que querían tener contacto. Luego, llamaban a un número telefónico, donde un sujeto pactaba los términos de la sesión. Este hombre era el coordinador del grupo. De manera que las prostitutas no podrían hacer trabajos a espaldas de él.
En los Países Bajos, la prostitución –así como el consumo de drogas– no está prohibida, sino sometida a regulaciones. Esto permite al Estado neerlandés obtener rentas por tales actividades y, al mismo tiempo, supervisar el cumplimiento de normas mínimas.
En el caso de la vivienda en Almelo, lo primero que harían los funcionarios era verificar que el lugar contara con el permiso exigido.
Como no lo encontraron, se inició una investigación penal contra dos holandeses señalados de orquestar una red de prostitución ilegal, explotación sexual, tráfico de inmigrantes y trata de personas. En esta pesquisa, que se extendió por varios meses, jugaba un papel fundamental los testimonios de las mujeres que vendían sus cuerpos en ese lugar y en otros manejados por la organización. Tres de ellas son venezolanas. Otras dos, colombianas, y la última de Ecuador.
La información usada para este trabajo surge del expediente del juicio ventilado en la corte de Overijissel, la provincia donde se encuentra Almelo. El veredicto sobre este caso fue dado a conocer en mayo, tras un debate oral que solo duró algunas horas.
«No pagas nada»
Cuando los funcionarios tocaron a la puerta, fueron atendidos por una de las colombianas. Luego, ella sería llamada a testificar junto a las demás trabajadoras sexuales.
El coordinador de la red (cuyo nombre no fue divulgado) es un hombre de 39 años de edad, que tenía una preferencia por las latinoamericanas. Y al parecer se había granjeado cierto prestigio en ese medio. La información sobre él corría «de boca en boca» y por varios países europeos, afirmó una de las testigos.
Cuando una prostituta le manifestaba su interés por unirse a su organización, él enviaba las condiciones. Era un mensaje «estándar», encontrado en varios chats de WhatsApp: «Yo trabajo 50/50 y pago todos mis porcentajes, por ejemplo, el alquiler de las casas, los sitios, los operadores, los choferes, la seguridad, los condones, los lubricantes, todo lo que necesites. No pagas nada».
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La explicación continuaba con las tarifas. El mínimo era 80 euros por 45 minutos. Había además algunos «servicios adicionales», como sexo oral o anal, por los que el cliente cancelaba bonos que podían llegar hasta los 50 euros. El horario era totalmente nocturno, desde las 5 pm hasta las 7 am, corrido. En un día malo, cada mujer podía tener cuatro sesiones de sexo.
En vista de la forma como se desarrollaban las jornadas, las mujeres tenían escasas oportunidades para salir. Si lo hacían, el jefe de la red precisaba bien a dónde se dirigían y con quiénes estarían.
Durante las averiguaciones, las autoridades neerlandesas allanaron otras dos viviendas. «Las mujeres vivían en los edificios donde trabajaban», refirió un informe policial.
Todos sus movimientos eran monitoreados a través de un sistema de televigilancia. Así el coordinador llevaba un conteo del número de clientes que recibía cada una.
Las cuentas, generalmente, se saldaban en efectivo.
Cruzando la línea
La perdición del holandés fue una de las venezolanas, de 22 años de edad, que terminó testificando en su contra. Con las demás, él mantenía nexos de negocios más o menos consensuados, en los que cada uno devengaba entre 200 y 400 euros al día. Aparte, él cobraba 50 euros diarios por el alquiler de las habitaciones.
Con ella, en cambio, la relación fue conflictiva casi desde el principio. Ella había huido de Venezuela ante la escasez de oportunidades. Primero, fue a España, luego a Grecia y Rumanía, siempre ejerciendo el mismo oficio. Luego de contactar al coordinador de la red, intentó entrar a Países Bajos por el aeropuerto de Schiphol. Como no tenía visa fue detenida. En el proceso, solicitó asilo, y fue transferida a Zeist. Luego, él la buscó al conocer que había quedado en libertad mientras llevaban a cabo los trámites administrativos.
Apenas llegaron a la casa de Almelo, el hombre sintió que podía valerse de su condición vulnerable.
«Siempre que podía humillarme, lo hacía. En un momento quise irme, pero no pude. No tenía dinero ni adónde ir. Recibí dinero de la Migración como compensación por los 17 días que estuve detenida. Con ese dinero alquilé una habitación en Emmen y me llevé todas mis cosas. Había pagado el alquiler con ese dinero y no tenía para comer. Me vi obligada a contactarlo de nuevo (…) El 17 de diciembre (2020), me hizo trabajar en la prostitución», relató.
Durante otra entrevista, la mujer indicó que su capataz le suministraba cocaína. Cuando discutían, él le recordaba que en cualquier momento podía entregarla a la policía, pues ella era una inmigrante ilegal.
Esta información fue clave para la sentencia en el juicio. De acuerdo con las leyes neerlandesas, para que exista trata de personas las víctimas deben estar en una condición de explotación, que en el caso de la venezolana fue verificada. Es cierto que ella admitió una larga trayectoria en la prostitución, «pero eso no altera el hecho de que no tenía pasaporte, trabajaba ilegalmente en los Países Bajos, él la amenazó con deportarla si se marchaba, utilizó la violencia y le dio drogas».
El coordinador de esta red de prostitución, fue condenado en total a 44 meses de prisión. A todas las mujeres que testificaron les dieron la oportunidad de plantear demandas por daños y perjuicios. A la venezolana que se consideró más agraviada, el tribunal aceptó una solicitud de indemnización por más de 37 mil euros.
Todas ellas permanecen en los Países Bajos.
Breves
-El Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas correspondiente a este año tiene algunos datos relevantes sobre la realidad venezolana. En lo relativo al consumo de estupefacientes, el documento indica que la marihuana aparece en el 78% de los casos detectados en el país. La cocaína solo en 18%, lo que coloca al polvo blanco como una sustancia de uso casi elitesco. En este aspecto, poco ha cambiado la realidad del consumo de drogas en Venezuela desde la época en que Miguel Otero Silva escribió Cuando quiero llorar, no lloro. En lo relativo al tráfico, el informe presentado el 27 de junio confirma la importancia del territorio nacional como principal punto de paso de la cocaína que va hacia Europa.
La cantidad de drogas que llega al Viejo Continente desde Suramérica es tal que, aún en tiempos de pandemia, el precio para distribución en España se mantuvo en los mismos niveles que tenía desde 2018 (40 mil dólares el kilo), con un alto grado de pureza (75%). De acuerdo con este estudio, la ruta del Caribe hacia Estados Unidos está relativamente bloqueada. Los cargamentos deben hacer escalas en territorio centroamericano, y desde allí seguir hacia México.
Igualmente, se mantiene la intensidad de la llamada ruta del Pacífico. El informe de ONU tiene lo que podríamos llamar una «falla de origen», pues se basa en los datos aportados por las autoridades de cada país. En el caso venezolano, la tarea recayó sobre dos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Drogas (SNA), que desde luego nunca aportarían indicios sobre el avance de la industria de las drogas en el territorio, tal y como han alertado organizaciones independientes como InSightCrime.
-Durante la pandemia por el covid-19, en todo el mundo se intensificaron las estafas y delitos asociados, que generalmente pasaban por la utilización de dispositivos informáticos. En esto, Venezuela no fue una excepción. Ahora bien, con la finalización de las cuarentenas, era de esperarse una merma importante en estos delitos. En esto, Venezuela sí es excepción. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante los primeros seis meses fueron iniciadas más de 3300 averiguaciones por timos y delitos asociados. Un promedio de 19 denuncias cada día. Nadie se salva. En mayo, por ejemplo, la División contra Delitos Informáticos de la policía judicial inició una pesquisa sobre una presunta usurpación de identidad en el canal Telegram del Superintendente Nacional de Criptomonedas (Sunacrip) Joselit Ramírez, donde se ofrecen alternativas de inversión en bitcoins. Este era el primer paso de un elaborado esquema de estafa, en el que los interesados posteriormente debían contactar al oferente a través de un número privado para formalizar su interés en invertir.
Luego de pasar por un proceso de registro, la víctima debía hacer un depósito en moneda virtual para «abrir una cartera», que luego desaparecía de la vista. Una fuente policial indicó que la investigación fue iniciada por denuncia de un funcionario de la unidad contra el lavado de dinero de la propia Sunacrip, presumiblemente en virtud de los reclamos formulados por los estafados.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
