La importancia de denunciar la violencia contra la comunidad LGBTI (III)
La educadora y activista Quiteria Franco y el abogado Alí Daniels ofrecen una serie de recomendaciones a la comunidad LGBTI para visibilizar sus problemas y para denunciar los casos de delitos de odio.
Este trabajo forma parte de la serie Orgullo 2020 de TalCual
«El tipo de violencia contra la comunidad LGBT más común en Venezuela es la que no se dice», asegura la educadora Quiteria Franco, asesora en Derechos Humanos, Género y Diversidad y coordinadora general de Unión Afirmativa.
Señala casos como los adolescentes que se suicidan porque son acosados en las escuelas y no tienen apoyo de su familia, los trabajadores que son despedidos o nunca los ascienden y las personas que son discriminadas en sus hogares por sus propios familiares.
“Hay muchos casos que están ahí, callados, que siguen sucediendo en todos los sectores del país. Si no se visibiliza la discriminación, no vamos a ninguna parte. Hay casos que no se notan porque no lo dicen. Mientras la gente no hable, no denuncie, no haga visible la discriminación, esto va a seguir sucediendo y van a seguir invisibilizados”, afirma Franco.
Quiteria Franco sostiene que las personas LGBTI obligatoriamente tienen que conocer sus derechos. Para comenzar, recomienda que se aprendan los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
«Eso es lo que significa empoderamiento: tener conocimiento de mis derechos. Eso es empoderarse. Tiene que conocer sus derechos para que pueda defenderse. Hay que levantar la voz con argumentos sólidos, hasta que la gente entienda que son derechos humanos y no una imposición. No pedimos ni privilegios, derechos especiales ni que se cambie el mundo, pedimos los mismos derechos, que no los disfrutamos porque somos discriminados”.
Considera que si una persona se revela en su trabajo y establece argumentos sólidos para demostrar que tiene la razón y se resiste a seguir siendo discriminado, causa un efecto dominó en los demás.
Organizados y unidos
Para el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, es importante también que las personas LGBTI se organicen y que se identifiquen como un colectivo que tiene problemas comunes. «Lo digo porque, lamentablemente, el gobierno ha hecho su labor de división de la sociedad y el colectivo no escapa de eso».
Luego de organizarse, la comunidad «debe visibilizar sus problemas y sembrar conciencia de que primero no es un delito ni un error de la naturaleza para quitar todos esos prejuicios que la familia, sobre todo la familia religiosa, enseñan a los niños sobre este tema».
Daniel insiste en que «hay que proyectar una imagen primero de que hay elementos comunes en la comunidad LGBTI que requiere que haya una defensa unida, que haya una defensa colectiva de las personas que están ahí, y a partir de esa situación, denunciar lo que está ocurriendo».
Y tercero, el abogado aconseja que se debe denunciar la violencia contra el colectivo trans, la discriminación por orientación sexual, y la falta de reconocimiento de los derechos que el sistema interamericano llama a reconocer, como ya lo hacen muchos países de América Latina. «Si hay un gobierno que es conservador y homofóbico es este, y precisamente se manifiesta en la desprotección en la cual tiene al colectivo LGBTI«.
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Víctimas de delitos de odio
A las personas LGBTI que han sido víctimas de un delito de odio, agredidos verbal o físicamente, Quiteria Franco y Alí Daniels recomiendan que hagan la denuncia, aunque se encuentren con resistencia y revictimización por parte de las autoridades competentes como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o los cuerpos policiales.
«Independientemente de que se haga justicia, es necesario para llevar el caso a instancias internacionales», agrega Daniels.
El abogado sugiere que antes de hacer la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, la persona elabore un escrito donde relate lo ocurrido y le sellen el «recibido» al entregarlo. «Que la gente no tenga pena porque tiene mala ortografía o porque la redacción no es la mejor, eso no importa, lo importante es dejar constancia del abuso, de la violencia si fue el caso».
Adicionalmente a eso, hay tomar en cuenta que la víctima no solo tiene derecho a denunciar, también a que se le dé una respuesta sobre qué pasó con su caso. «Parte de la lucha, como en muchas de estas situaciones simplemente no se hace nada, es que periódicamente, las veces que la persona pueda, si está dentro de sus posibilidades físicas de traslado, igual se haga un escrito muy breve solicitando información sobre el avance del caso, de tal modo que la fiscalía y la defensoría den respuesta de lo que está ocurriendo».
Daniels asegura que esto mantiene vivo el caso y, adicionalmente, permite que en las redes sociales, si la persona tiene acceso a ellas, se pueda mantener actualizado lo que está ocurriendo con la investigación y, sobre todo, haciendo ver que la persona no se ha cansado de denunciar.
«Hay que ver la lucha por este tipo de derechos como una lucha de largo aliento, como una carrera de largo alcance, como que estamos corriendo un maratón, cada kilómetro vale, y que a lo mejor en el corto plazo parece que es mucho esfuerzo pero al final sí vale la pena».
Considera que también es fundamental que la víctima se ponga en contacto con defensores de derechos humanos que lleven cuenta de este tipo de denuncias, y para esto recomienda Amnistía Internacional y Provea. «Y en la medida de lo posible también sería bueno llevar el caso a instancias internacionales».
En este sentido, Franco asegura que no es suficiente que la persona que haya sido víctima de un delito de odio cuente la historia en Twitter o en cualquier otra red social. Pero eso no es suficiente. «Hay que poner la denuncia».
«No tenemos cultura de denuncia porque no confiamos en el sistema judicial venezolano. Pero hay que insistir en que la gente denuncie. La denuncia se queda en la Fiscalía y en algún momento, como ya lo hicieron, se verá obligada a elaborar unas estadísticas por delitos de odio cuyos protagonistas serán las personas LGBT».
Una vez que lo visibiliza, el Estado es obligado a elaborar políticas para disminuir este estigma y discriminación a esas personas por discriminación sexual. Una tarea que el gobierno no hace pese a que el artículo 29 de la Constitución lo obliga a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos.
Según Transgender Europe, desde 2008 hasta septiembre de 2017, 116 personas trans fueron asesinadas en el país, lo que situó a Venezuela en el cuarto lugar en Latinoamérica con el mayor número de asesinatos de personas LGBTI. Cifras que pueden estar afectadas por un subregistro en las denuncias.
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