La in-seguridad social, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
El endeudamiento del Estado venezolano con su población jubilada y pensionada aumenta a diario. No solo se trata de las personas residentes en el territorio nacional, quienes, con justa razón, reclaman insistentemente pagos acordes a una subsistencia digna. Es, también, el drama del empobrecimiento súbito y desesperanzado de pensionistas de Venezuela en el extranjero, porque no tienen ninguna forma de cobrar lo que les corresponde por derecho.
Desde 2016 el gobierno venezolano decidió no honrar el pago de las pensiones en el exterior. Es decir, tomó la decisión política de incumplir una obligación del Estado. En 2020, Maduro lo admitió de forma pública, como se puede ver y escuchar en YouTube y otros sitios en la red, a través de un par de entrevistas concedidas a Jordi Évole (periodista que conducía el programa Salvados en el canal televisivo español La Sexta).
A la fecha de escribir estas líneas, en octubre de 2022, no se materializa gestión institucional alguna para sufragar este compromiso. Por lo cual, dicha omisión deliberada, reiterada, sistemática y reconocida por la máxima autoridad del Ejecutivo nacional, que involucra varios niveles de la administración, es, definitivamente, una política pública. Ahora bien, los efectos de esa política son nefastos.
Para una persona cuya pensión o jubilación depende del financiamiento de la República Bolivariana de Venezuela, vivir en el exterior es una penuria. Aunque habrá contadas excepciones que puedan optar por prescindir de la seguridad social, la inmensa mayoría de la gente de la tercera edad lucha por su pensión, pues necesita un ingreso lícito para sustentarse con dignidad. Además, la sumatoria de cumpleaños aleja las posibilidades de inserción en el mercado laboral, precarizando sus condiciones de vida en términos psicosociales y es generalmente admitido que, a mayor edad, hay más probabilidades de deterioro progresivo de la salud.
Por eso, el desprecio a los principios rectores de la seguridad social es una de las bases de esta política pública del Estado. Excluyente y denigrante del ser humano, como si se tratase de una forma perversa de venganza, que llega a extremos de difícil cálculo, la gente pensionada en el exterior no cobra nada. Ya ni siquiera sueña con percibir el equivalente en dólares a lo que cotizó durante más de 25 años de trabajo en Venezuela: se conformaría con cobrar lo mínimo. Porque vivir en el exterior implica comprar todo a precios verdaderamente internacionales y, fuera de Venezuela no hay bolsa CLAP, ni sistema «patria». La mayor parte de los servicios públicos, independientemente de su calidad, no son gratuitos y el alquiler del inmueble donde se habita, sí se paga con puntualidad suiza.
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Echando lápiz, desde 2016 a 2022, van seis años sin cobrar la pensión o la jubilación venezolana en el exterior. Durante ese tiempo creció una forma inédita de pobreza, invisible hasta ahora, generada por la violencia institucional del gobierno contra esta parte de la clase trabajadora. Ahí se agotó la tesis de los efectos de la pandemia. Por su parte, las guerras en varias regiones del planeta y los resultados electorales en Chile, Colombia y Brasil, debilitan la excusa del cacareado bloqueo del imperio para justificar la falta de pago de las pensiones en divisas.
El drama de la población pensionada y jubilada de Venezuela, como ha dicho la vocería de sus organizaciones, obedece a una política de exterminio.
Nuestra gente mayor en el exterior también muere de inanición. A pesar que tiene derecho a una mejor calidad de vida, producto de lo labrado con su trabajo durante décadas, sufre cruel e irremediablemente de pobreza al no poder financiarse su comida, medicina, vivienda o los mecanismos para guarecerse del clima de otras latitudes. Padece la inflación mundial que caracteriza la coyuntura del año 2022. En Latinoamérica, región que concentra mayoritariamente la migración venezolana, no hay un país donde algún compatriota pensionista reciba su correspondiente pago mensual.
Según las proyecciones poblacionales del INE, en Venezuela se avizora un crecimiento que atemoriza si no se adoptan medidas para amortizar la deuda del Estado con las personas pensionadas y jubiladas, dentro y fuera del territorio nacional. Considerando el segmento poblacional entre 65 y 69 años, rango para identificar la tercera edad consolidada, el INE lo contabilizó en 474.411 personas para el año 2020, estimando que aumentará a 604.267 personas dentro de tres escasos años (es decir, para 2025) y a 735.814 personas en 2030. Con esta misma velocidad crece la deuda por impago de pensiones y jubilaciones.
La in-seguridad social y el diseño de mecanismos realistas de financiación de la deuda que por impago de pensiones y jubilaciones tiene el Estado venezolano, es un tema que urge incorporar a la agenda del diálogo y que debería estar sobre la mesa del Ministro del Trabajo, para buscar soluciones.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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