La inaudita persecución contra El Carabobeño, por Gregorio Salazar
Twitter: @goyosalazar
Un reciente foro organizado por la Ong Espacio Público trajo las voces de Judit Arenas, en representación de la Relatoría Especial de Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, y Pedro Vaca, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y permitió una nueva aproximación a la compleja y dramática situación de la libertad de expresión en Venezuela, en especial de las condiciones para el ejercicio del periodismo.
Aparte de los dos funcionarios mencionados, intervinieron en el evento Carolina González, Jefe de Redacción de El Carabobeño, que fue uno de los más importantes medios impresos en Venezuela, y el periodista de Armando.Info Roberto Denis, quien desde hace varios años es objeto de una persecución con visos de saña y perversión inéditas en el periodismo contemporáneo.
Carolina González relató lo que ha sido la tortuosa historia reciente de El Carabobeño, diario que paradójicamente encontró condiciones para nacer en medio de la dictadura gomecista (1-09-1933) y cesó su publicación impresa el 17 de marzo de 2016, acosado por un régimen que aprobó una Constitución que proclama a Venezuela como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
El gobierno «chavista», así se precia en llamarse, opera como una boa constrictor contra los medios que ofrecen un registro de la realidad distinto a la visión paradisíaca de la delirante propaganda oficialista. La larga asfixia de El Carabobeño se agudizó desde enero del 2013, cuando Cadivi les negó las divisas para la adquisición del papel.
Y en la misma línea de asedio, la monopólica Corporación Alfredo Maneiro (¡qué agravio para quien murió convencido de que Venezuela lo que necesitaba era más democracia!), les negó la venta de papel. Con esa sentencia a muerte de la edición impresa, llegaron los compradores. Eduardo Alemán Pérez, hijo del fundador, los despachó convencido de que detrás de esos emisarios estaba agazapada la siniestra decisión gubernamental de quedarse con el impreso valenciano.
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En septiembre de 2016, después de la adquisición de un lote de papel importado a un costo prohibitivo, la empresa comenzó a editar el semanario La Verdad Impresa. Cinco meses después se convencieron de que esa era una proeza suicida y volvieron los ojos hacia su página web, creada en 1998 y que siempre fue vista como un plus de la edición impresa, pero ahora resultaba la tabla de salvación para no dejar de informar a sus leales lectores de Carabobo y centro del país.
De los 60 periodistas que constituían el plantel del diario hoy sólo trabajan cinco en el portal, mientras los demás fueron aventados por la diáspora por toda América Latina. Las cinco corresponsalías que antaño atendían la realidad de los pueblos y ciudades de la periferia del estado fueron cerradas.
Los ataques ahora se centran sobre los reporteros, como ocurre con el caso del periodista Kevin Arteaga, citado a declarar por cubrir una protesta de ciudadanos que decían haber entregado años atrás 2 mil dólares para recibir unas viviendas y hoy se sienten estafados. El nombre del funcionario acusado figuraba en las pancartas en muchas gráficas publicadas por diversos diarios. Solo se persigue en los tribunales al reportero de El Carabobeño. Así mismo, el draculiano gobernador Lacava no les declara. Honor que les hace.
El editor Eduardo Alemán, fallecido en noviembre del año pasado, murió convencido de que era preferible ver al diario «cubierto de telarañas que en las manos equivocadas». El portal sigue adelante contra viento y marea enfrentando los acosos mediáticos, mantenidos durante meses y que todos saben de qué sector provienen.
El más reciente ataque surgió como reacción gubernamental a la información, ampliamente verificada, de la paralización de la planta de tratamiento de aguas residuales del embalse de La Mariposa, que a pesar de haberse hecho dos desembolsos de 173. 9 millones de dólares sigue paralizada 8 años después. Fueron citados por la ZODI, como si fuera un órgano de justicia, y Carolina Gómez está ahora investigada por la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Fiscalía.
Hace muchos años trabajamos en ese prestigioso rotativo hoy casi nonagenario. Allí libramos duras luchas sindicales, en las cuales cada parte defendió los derechos que, asumíamos con reciedumbre, nos garantizaban las leyes. Y cada parte acató las decisiones que emanaron de las autoridades de la República. Hoy cuando El Carabobeño se aproxima a los 89 años de su fundación no podemos menos que expresar nuestra solidaridad con ese grupo de colegas que con profunda convicción democrática siguen informando con gran valentía el derecho a la libertad de expresión y de información del pueblo carabobeño y de Venezuela.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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