La indignación estudiantil, por Gregorio Salazar

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Cada día surge una nueva avanzada en busca del copamiento y férreo control de la vida nacional en todos sus órdenes. En ese cometido el proyecto político que ya lleva un cuarto de siglo en el poder no ha cejado su empeño. Quizás alguna vez por las buenas, pero desde que la gran mayoría de la población le dio la espalda, resueltamente por las malas. Y de eso hace bastante tiempo.
Que no quede un espacio, un solo recodo, el más mínimo resquicio de la vida nacional fuera de las manos de quienes todavía –y a pesar de todas las abrumadoras evidencias en contra– se asumen como los salvadores y refundadores de la patria y con el derecho para decidir a contrapelo de la Constitución y las leyes, sobre la vida, bienes y futuro de los venezolanos. El deporte, la cultura, la información, la educación, el entretenimiento, todo debe ser objeto de instrumentalización política.
Si se necesitara la mejor certificación de que es hacia allá adonde apunta la cúpula omnipotente, basta revisar lo ocurrido el 28 de julio: el desconocimiento de la soberanía popular expresada en una votación torrencial a favor de Edmundo González Urrutia, para elegirlo presidente de la República. No vale, no sirve, no encaja en los planes totalitarios del régimen. Al exilio. Adiós.
No menos importante es que buena parte de las veces la forma de avanzar en criminalizar a lo que estorba y luego arremeter contra ello prevalido de un entramado institucional viciado. Lo hemos visto innumerables veces.
La decisión tomada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) (26/06/2025) de eliminar la potestad de las universidades de definir sus propios mecanismo de admisión y centralizar la totalidad de los ingresos a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) va enmarcada en la dinámica descrita arriba. Un bocado más en la implacable concentración del poder político que todo lo fagocita.
Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la asociación de profesores de la misma universidad (Apucv) y el movimiento estudiantil unificado han denunciado la decisión oficial como una grave violación a la autonomía universitaria, que está garantizada por el artículo 19 de la Constitución. Paradójico que esa autonomía es la misma que algunos de los más encumbrados del régimen hicieron consigna para sus escaramuzas políticas, no siempre pacíficas, de otrora.
El movimiento estudiantil no ocultó su «profunda indignación» por la injerencia y la calificó como «una agresión directa contra las tradiciones académicas, la diversidad de criterios y la libertad universitaria que han sido pilares del pensamiento crítico y la democracia en Venezuela».
Dejar a las universidades sin capacidad para conducir el ingreso de los estudiantes, «no sólo degrada las capacidades técnicas y académicas de nuestras instituciones, también representa un atropello a la autoridad legítima de órganos de gobierno, electos democráticamente». Denuncian el desconocimiento de la pluralidad institucional de la universidad venezolana y el atentado contra el derecho fundamental de cada casa de estudios de definir su propio proyecto académico.
Para la comunidad universitaria, el sistema de ingresos que vienen aplicando las universidades, no es el producto de un capricho burocrático. Lo ponderan como el resultado de décadas de experiencia académica acumulada en nuestras universidades. Sostienen que son mecanismos rigurosos para garantizar ingresos transparentes, equitativos, adaptados a las competencias específicas, perfiles vocacionales y exigencias particulares de cada carrera.
Las autoridades universitarias de la UCV recordaron que la universidad ejerce una política de ingreso, que se complementa con la del SNI. Y que la UCV ha orientado hacia la selección de estudiantes con talento, vocación y aptitud para la formación profesional y al mejoramiento de la calidad del rendimiento académico en cuanto garantías de no deserciones y prosecución exitosa de los estudios. Con espíritu democrático, han propuesto abrir un espacio de diálogo.
La Apucv, en nombre del profesorado, reclama del Ministerio de Educación Superior enfocarse en atender la crisis del sector, donde el salario es inexistente y se arrastra un crónico déficit presupuestario, en vez de continuar la política de reducir la autonomía universitaria. Una lucha de años no atendida por las autoridades gubernamentales que van en pos de otros objetivos.
No hay duda de que lo que están en juego es la preservación de la autonomía universitaria, los mejores intereses de la comunidad estudiantil y de la democracia. Una lucha que no puede verse con desinterés por el resto de la sociedad, a riesgo de que las legítimas protestas en el país terminen reducidas a voces clamando en el desierto.
*Lea también: UCV rechaza eliminación de prueba interna de admisión y propone al CNU diálogo
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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