La ineptocracia y la corrupción de Maduro, por Carlos Tablante
El término ineptocracia, acuñado por el académico francés Jean D´Ormesson, se refiere al gobierno en manos de los más ineptos. Similar al término kakistocracia de Michelangelo Bovero, profesor de la cátedra de filosofía política de la Universidad de Turín.
La ineptocracia que manda en Venezuela se pone en evidencia con el mayor éxodo migratorio que ha vivido Latinoamérica en toda su historia: el de los venezolanos. Calificado así por la ONU que, basada en cálculos muy conservadores, cifra en 2 millones trescientas mil personas las que han salido del país en los últimos años
Hoy Venezuela está aplastada por la hiperinflación, el hambre, las colas para comprar artículos de primera necesidad, la falta de servicios básicos y el desbordamiento de la inseguridad, en resumen, la terrible situación que viven los venezolanos es producto, en gran parte, de la corrupción.
La ineptocracia madurista ofrece más de lo mismo: Demagogia, improvisación y una ambición desmedida por mantenerse en el poder como sea. En Venezuela, cuando los males son mayores, las respuestas son peores, propician el efecto viral en medio de la anarquía, terreno fértil para aumentar la corrupción.
La corrupción no es un delito sin sangre, ni tampoco prescribe. La corrupción es un delito en red, no es un delito solitario. Se expresa de diversas maneras: malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, sobornos, conflictos de interés, tráfico de influencias. Cuando los ciudadanos no tienen alimentos, medicinas, luz ni agua por culpa de la corrupción, se están violando los derechos humanos de la población.
En el libro El Gran Saqueo propusimos a la Asamblea Nacional una Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción que ya fue sancionada en primera discusión. Actualmente se realiza la consulta pública para su aprobación definitiva en un trabajo que adelanta el diputado Freddy Superlano (VP).
Sería interesante que dicha comisión, actuando como una especie de Comisión de la Verdad, organizara un gran foro con expertos, ONGs, gremios y partidos políticos para determinar el monto super millonario de los recursos públicos robados a Venezuela.
En la investigación del libro El Gran Saqueo llegamos a la conclusión que el asalto sufrido por el país ronda los 300 mil millones de dólares. Algunos ex ministros del régimen incluso han admitido que la cifra podría ser mayor.
No hay un poder judicial idóneo. Más del 80% de los jueces son provisorias, las sentencias están tarifadas, la corrupción policial y de la fiscalía refuerza cada día más la impunidad. El partido militar que controla las finanzas públicas: la mayoría de los tesoreros y administradores son militares.
La casta cívico-militar que desgobierna el país y sus cómplices necesarios – los boliburgueses – han sustituido la democracia por una cleptocracia y una kakistocracia, creando un Estado delincuente, donde lo lícito y lo ilícito se mezclan para cocinar un estado corrupto y alcahuete, que persigue a los que piensan distinto, pero calla mientras se muestra cómplice de los corruptos responsables del saqueo que ha sufrido el país, que es la causa de la hiper-inflación, el hambre, las enfermedades, la inseguridad y la violencia que padecen hoy los venezolanos, obligándolos a buscar en otras naciones el bienestar y la esperanza que le fueron arrebatos por la dictadura de Maduro.
La Comisión de Contraloría actuando como Comisión de la Verdad tendría como objetivo principal adelantar una amplia investigación de organismos públicos como la Oficina Nacional del Tesoro, el ministerio de Finanzas, el BCV, Seniat y Pdvsa, entre otros, para hacer el gran expediente del saqueo que ha sufrido Venezuela en los últimos años.
Con la cooperación internacional podremos seguir la huella del dinero mal habido en cualquier jurisdicción por la que haya pasado o en la que haya recalado.
La Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción que se discute en la AN, contempla los mecanismos necesarios para recuperar los capitales robados al pueblo venezolano a través de la cooperación policial, judicial y de los respectivos convenios internacionales (ONU, OEA, BM).
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