La intervención de partidos los ha alineado con la “revolución”
Antes que AD, el TSJ nombró en dos ocasiones juntas ad hoc para conducir a Copei, pero previamente ha emitido sentencias para desplazar a las directivas de los partidos Podemos y el PPT
Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida este lunes y que suspende a la actual directiva nacional de Acción Democrática, y la emitida este martes, que hace lo propio contra la de Primero Justicia, el partido fundado por Rómulo Betancourt se convirtió en la segunda organización, la de Julio Borges la tercera, a la que le imponen una junta directiva ad hoc que la conducirá mientras se renuevan las autoridades, y continúa una práctica implementada en tiempos de la “revolución” que ha puesto a algunas organizaciones en sintonía con los intereses del gobierno chavista a través de la intervención.
En efecto, en 2015, el máximo tribunal del país intervino al otro de los partidos que fue considerado parte del status quo durante los años de la llamada IV República, Copei, luego de que la directiva encabezada por Luis Ignacio Planas desconociera unos comicios internos en los que había resultado electo Roberto Enríquez.
En ese caso, el TSJ nombró una junta ad hoc que condujo a la organización hacia una reestructuración de la que surgió finalmente, en marzo de 2019, una directiva encabezada por Mercedes Malavé. Sin embargo, el nuevo tren ejecutivo no se plegó a los intereses del gobierno, que pugnaba entonces por conformar una oposición afín a sus intereses para desplazar al grupo de partidos conocido como el G4, integrado por Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Copei no se incorporó a la “mesita” (la llamada mesa de diálogo nacional), en la que están los partidos MAS, Avanzada Progresista y los movimientos impulsados por Timoteo Zambrano y Claudio Fermín, Cambiemos y Soluciones, respectivamente), y a los pocos meses fue intervenido nuevamente por el TSJ, que volvió a nombrar una nueva junta directiva ad hoc.
Min-Unidad quedó fuera de los partidos de la MUD
En agosto de 2015 el TSJ destituyó a la directiva del partido MIN-Unidad (reorganización del antiguo Movimiento de Integridad Nacional –MIN- que había sido fundado por el conocido locutor Renny Ottolina y que luego de la muerte del fundador había sido dirigido por Gonzalo Pérez Hernández, quien fue diputado al Congreso de la República hasta en 2010, cuando falleció el parlamentario.
La tarjeta de Min-Unidad fue la primera “tarjeta unitaria” utilizada por la oposición para enfrentar al chavismo, con el objetivo de canalizar los votos de los independientes que no se identificaran con las principales organizaciones de la oposición para entonces (AD, Copei, PJ y UNT).
Con la intervención, MIN-Unidad fue expulsado de la coalición de partidos de la oposición denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y presentó sus propios candidatos a las elecciones parlamentarias de 2015, ajenos a la mayoría opositora que se valieron de la tarjeta de la MUD, convirtiéndola en la más votada en la historia del país.
Peleas por nombres y siglas de los partidos
Pero estas intervenciones son la continuación de una política desarrollada por Chávez para controlar a las organizaciones políticas e incorporarlas a los escenarios dominados por el chavismo para intentar hacer ver que el juego democrático nacional es abierto.
En septiembre de 2012, uno de los fundadores del partido Podemos, Didalco Bolívar, quien había salido de Venezuela en medio de unas denuncias sobre supuesta corrupción durante su gestión como gobernador del estado Aragua, regresó al país luego que la Sala Constitucional del TSJ le otorgara el control de la organización, que desde la salida del exgobernador había quedado en manos de Ismael García.
Con García, Podemos se había transformado en una de las más férreas fuerzas opositoras y respaldaba la candidatura de Henrique Capriles Radonski a la presidencia de la República. Al volver Didalco Bolívar, el partido pasó a integrar el Polo Patriótico. No se supo más nada sobre averiguaciones a su gestión como gobernador, mientras García se encuentra exiliado y es buscado por la justicia venezolana.
PPT fue otra víctima
Paralelamente se dio el caso de otro de los partidos que había formado parte del chavismo, Patria Para Todos (PPT), que en 2012 fue objeto de una sentencia del TSJ que echó atrás las decisiones de la directiva, encabezada para entonces por José Albornoz, y que habían decidido apoyar a Henrique Capriles frente a Hugo Chávez en las presidenciales de ese año.
Años atrás, ya PPT había sufrido de pugnas internas, al igual que Podemos, por un grupo que quería seguir respaldando a Chávez y se identificaban con el nombre de PPT-Maneiro, en honor al dirigente sindical Alfredo Maneiro, fundador de La Causa R, de la que PPT se había desgajado en 1998.
Una vez desplazada la directiva del PPT, el partido volvió a apoyar a Hugo Chávez, la secretaria general actual, Ilenia Medina, es suplente de la diputada Tania Díaz, uno de los cuadros más importantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El grupo de Albornoz se unió al movimiento del exgobernador del estado Lara Henri Falcón para conformar Avanzada Progresista (AP), uno de los pocos partidos que participó en los comicios presidenciales de 2018 y forma parte de la “mesita” de diálogo.
Bandera Roja se divide y se ablanda
Posterior a los casos de PPT y Podemos se produjo una sentencia al partido izquierdista Bandera Roja, que hasta 2012 tuvo como dirigente fundamental al exlíder guerrillero Gabriel Puerta Aponte.
Junto a Pedro Véliz como presidente en la directiva del partido, pero siendo su secretario general y principal figura, Gabriel Puerta Aponte mantuvo una férrea oposición a Hugo Chávez, a quien acusó de ser un falso comunista.
En 2012, Véliz, quien se había enfrentado a Puerta Aponte, acudió a la Sala Electoral del TSJ para impugnar el V Congreso del partido, que se había realizado en agosto de ese año. La Sala declaró nulo el V Congreso, ratificando las autoridades electas en el IV Congreso, con Véliz en la presidencia.
Seguidamente a esa decisión, Bandera Roja, liderada por Véliz, inscribió candidatos a las elecciones de alcaldes y concejales del año 2013 y para la Asamblea Nacional (AN), que, según ha denunciado Gabriel Puerta Aponte, no son de la oposición. En 2017 participaron de una reunión en el Palacio de Miraflores con la Comisión Presidencial para la asamblea constituyente a la que no fueron los partidos de la MUD.
Traiciones
Ahora le tocó el turno a AD. Bernabé Gutiérrez, exgobernador de Amazonas y quien ha estado por más de 25 años de la maquinaria electoral de esa tolda política (el Maelecad), ha quedado al frente de la junta ad hoc.
“Esa sentencia del bufete de abogado de Nicolás Maduro, ha ordenado robarse los símbolos de Acción democrática para entregárselo a un corrupto, un tránsfuga, que se ha prestado para esa marramucia (…) Traicionando la historia del partido y su militancia (…) Es una desvergüenza descomunal que un tránsfuga que no ha logrado el respaldo de alguna persona de la dirección del partido, se haya prestado para que el régimen le entregue el producto del atraco”, expresó Ramos Allup una vez conocido el dictamen del TSJ.
Bernabé Gutiérrez, hermano de uno de los nuevos rectores del CNE, José Luis Gutiérrez, venía planteando la necesidad de que AD participara de las elecciones parlamentarias, al contrario de la línea mantenida por el secretario general, Henry Ramos Allup, quien desconoce el nombramiento de las nuevas autoridades del CNE y respalda la directriz de Juan Guaidó, en cuanto a que la oposición mayoritaria (el G4) no participará en un proceso electoral si no se cuenta con las debidas garantías para un proceso transparente y menos con unas autoridades electorales cuya designación no fue producto de un acuerdo político ni refleja la composición política del país plasmada en los resultados de diputados a la AN de diciembre de 2015.
Para el G4, la composición del CNE, como se planteó en la mesa de diálogo que funcionó en Barbados, debería ser de dos rectores de la oposición, dos del chavismo, y un independiente.
El CLAP llega a Primero Justicia
En el caso de Primero Justicia, el TSJ dictaminó la suspensión de la directiva y la conformación de una junta ad hoc encabezada por el diputado José Brito, la cual podrá hacer uso del logotipo, emblemas, colores y conceptos propios de la organización.
José Brito, junto con otros diputados de Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, fueron acusados de favorecer al empresario colombiano Álex Saab, desvinculándolo de la investigacion que realizaba el Parlamento en cuanto a manejos irregulares en la comercialización de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), diputados que pasaron a ser tildados como pertenecientes a «la fracción CLAP». Brito había introducido un recurso ante el TSJ junto a su colega diputado Conrado Pérez contra la directiva de Primero Justicia, cuyo secretario general era Juan Pablo Guanipa.
La directiva desplazada de Primero Justicia emitió un comunicado en el que anunció que el «cambio para Venezuela no puede esperar más» y que Primero Justicia «seguirá en la calle junto al pueblo luchando para lograr la libertad»
«Cuando se haga memoria de esta oscura etapa de nuestra historia patria, ahí, cuando vuelva a enarbolarse orgulloso nuestro tricolor en paz, Venzuela recordará que en cada episodio de resistencia, junto al pueblo venezolano, hubo y habrá un justiciero», dice el texto divulgado por PJ, que advierte que no se podrá por decreto engañar a la dirigencia, militancia y a los millones de venezolanos que han recibido en su casa a la directiva de esa organización.
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