La justicia social como política de Estado en la transición democrática
Autor: Humberto García Larralde
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La semana pasada escribí unas líneas alertando acerca del peligro de reducir al máximo al Estado, como propone el argentino, Javier Milei, como fórmula para superar la tragedia en que nos sumió la deplorable gestión chavo-madurista.
Me apoyé en el argumento más «neutro», menos controversial (políticamente hablando) para justificar el imprescindible rol del Estado ante una situación como la que presenta nuestro país: su responsabilidad como proveedor de bienes públicos y externalidades positivas, incluyendo la seguridad, la igualdad ante la ley y la observación de las normas del Estado de derecho, sin los cuales seguiremos sumidos en la miseria.
Lejos de acabar con el Estado venezolano, habrá que reconstruirlo, devastado como está por el saqueo «revolucionario», para que pueda asumir tan importantes funciones.
Pero hay un asunto que va más allá de este argumento «neutral» de la economía positiva en torno al rol del Estado, que obligatoriamente incorpora lo normativo, es decir, los juicios de valor sobre los cuales se apoyan, implícita o explícitamente, muchas decisiones de política. Es propio de los criterios usados para definir lo que se entiende como justicia social y el rol que le toca jugar el Estado al respecto.
A muchos venezolanos les extrañará que esto pueda considerarse objeto de discusión. Y es que, en nuestro país, esto se daba por descontado. Durante décadas, el influjo de considerables rentas por la venta de nuestro crudo en los mercados internacionales aportaba ingentes recursos para invertir en salud, educación, servicios, como en transferencias diversas a los sectores más desasistidos, tanto por los gobiernos de AD como los de Copei.
Nadie cuestionaba que el Estado interviniera a favor de la justicia social. Si no lograban superarse los problemas era por ineficiencia, corrupción u otras razones (sectarismo), pero no porque hubiese oposición a que se hiciesen tales erogaciones.
Hoy, la situación ha cambiado, del cielo a la tierra, dada la desolación del país urdida por las huestes chavo-maduristas desde el poder. No es que el pueblo venezolano haya cambiado de parecer respecto a la importancia de construir la justicia social, es que, simplemente, el Estado carece de recursos para tal fin. Un cínico señalaría que, para los «revolucionarios», la «justicia social» se alcanza empobreciendo de forma drástica a la población para igualarnos a todos por debajo, a excepción de ellos, claro está.
Sin embargo, para la inmensa mayoría de venezolanos que no comulgamos con el fascismo de Maduro, Cabello y Padrino López, la situación plantea un desafío inédito de políticas, de enorme importancia, dada la severa restricción presupuestaria que han provocado en Venezuela estos señores.
Plantea dos retos cruciales para la prosecución de la justicia social por medio de la instrumentación de políticas de Estado. El primero, claro está, es cómo revertir esta restricción o, al menos, aliviarla en algo. La segunda introduce de manera inexorable el criterio de costo de oportunidad para decidir cuáles objetivos proseguir y con qué profundidad, para avanzar hacia una mayor justicia social.
Es decir, si los recursos no alcanzan para satisfacer todos los criterios de justicia a la vez, ¿cuáles objetivos deben privilegiarse?, ¿qué debe sacrificarse, es decir, qué objetivos deben posponerse?, ¿cómo justificarlo políticamente?
Cabe recordar, una vez más, la dimensión de la penuria a ser superada en Venezuela. Una economía que fue reducida a apenas la cuarta parte en menos de diez años generó una merma aun mayor de lo que podría denominarse «Estado social», como lo recoge un informe reciente publicado por Provea[1]:
“Se trata de una involución que no tiene precedentes en la historia del Estado Social en América Latina (…) El extraordinario retroceso venezolano ha repercutido en lamentables resultados económicos-sociales como la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) … (que) no ha sido originada por ninguna guerra ni por alguna catástrofe natural. Es producto del deterioro e incapacidad político-institucional de un régimen que dilapidó gran parte de la pasajera fortuna generada por el inmenso caudal de recursos provenientes del petróleo, sobre todo entre los años 2004 al 2014.” (Pág. 8)
Las causas de este deterioro anteceden la imposición de sanciones sectoriales, aunque el informe reconoce que pudiese haberse acentuado en consecuencia. Ante la ausencia de cifras oficiales –intento burdo por ocultar su fracaso—las encuestas Encovi, como los informes de ONGs que atienden insuficiencias diversas, han venido dando a conocer las abismales carencias en un sinnúmero de indicadores. Destacan los niveles de desnutrición infantil, el colapso en la atención (pública) de salud y la precariedad en la prestación de servicios públicos básicos. Bienvenidos los recursos no reembolsables para atender, de manera urgente, la emergencia humanitaria del país, pero eso, obviamente, no es suficiente ni podrá contarse con ello eternamente.
Como se ha repetido tantas veces, se requiere de cuantiosos recursos externos para revertir el colapso del Estado Social en un plazo perentorio. Pero sólo se podrá acceder a ellos realizando profundas reformas en la conducción del Estado venezolano para restablecer la transparencia y la rendición de cuentas, combatir las corruptelas y restaurar plenamente los derechos civiles y políticos de los venezolanos, entre éstos, la realización de elecciones libres, rectas y auditables. Son requisitos básicos, además, para negociar eficazmente una reestructuración a fondo de la deuda pública externa, que libere al Estado de pagos onerosos para su servicio.
El país tendrá que mostrar un programa creíble de reactivación económica que transmita confianza a fondos e inversionistas sobre cómo podrá reembolsar lo prestado. Obliga a rescatar la producción de petróleo, atrayendo capital internacional con condiciones que avalen la competitividad de Venezuela para cumplir con las demandas de la transición energética hacia modalidades menos contaminantes. En este afán habrá que reducir, además, la carga impositiva a las empresas petroleras, pues existen países mejor posicionados para atraer sus inversiones. Entrarán, por tanto, menos recursos a las arcas públicas. Es decir, no vendrá al rescate la renta petrolera.
Venezuela tendrá que transformarse rápidamente en un país productivo, con un Estado solvente, para atender adecuadamente las necesidades de su población. El saneamiento de las cuentas públicas y la privatización de activos que son un desaguadero de dinero –a la luz del día y no a la sombra cómplice de una «Ley Antibloqueo»—deberá fortalecer su capacidad de proveer los bienes públicos esenciales para una vida digna. Aun así, no habrá manera de escapar del costo de oportunidad de trabajar con recursos finitos.
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¿Cómo mejorar significativamente los servicios de salud, o la educación, si no pueden asegurarse los niveles de sueldo que merecen quienes prestan tan valiosos recursos? En este orden, una significativa recuperación de los sueldos de los profesores universitarios estará condicionada a reformas importantes para aligerar procesos y reducir la burocracia en estas casas de estudio, de manera de liberar recursos y energías para las actividades de docencia, investigación y extensión.
Preparémonos también, para la inevitable objeción de los «libertarios» –aparentemente de moda—de porqué deben financiar con sus impuestos el seguro por desempleo, subsidios y/o asistencias a los necesitados, o servicios públicos de salud. En fin, el desarrollo de una conciencia ciudadana imbuida de valores de solidaridad y de respeto por los demás será un requisito para afianzar la viabilidad política de la transición democrática, dificultada por la ausencia de recursos con los cuales satisfacer las expectativas de todos. Más allá, será menester promover la participación privada, nacional o extranjera, así como la de los venezolanos de la diáspora, para contribuir con tales esfuerzos.
Estamos dejando afuera el requisito, obvio, del cambio político para poder abordar estas consideraciones. ¿Qué hace Maduro ante la tragedia nacional? Se la pasa inventando zonas económicas especiales, incluso militares, sin contar con los servicios, las políticas ni otros incentivos que estimulen ahí las actividades, ofrece millones a los pescadores y aparece denunciando a una «ultraderecha» –será que se está viendo en el espejo—de querer acabar con el Estado. Es decir, no tiene ni idea de la magnitud de los problemas que su gestión ha generado, ni menos cómo abordarlos. Ah, pero siempre podrá echarles la culpa a las sanciones y a la «guerra económica».
¿Acaso faltan otras razones para argumentar la necesidad inexorable de asegurar condiciones que nos permitan desplazarlo del poder de manera contundente en unas próximas elecciones limpias y creíbles?
[1] Provea, El declive del Estado Social en Venezuela y su incidencia en los derechos humanos (2013-2022)
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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