La ley se empantanó en el Lago
El decreto 883 de la Presidencia de la República es una especie de biblia ambientalista.
Firmado por el puño y letra de Rafael Caldera en octubre de 1995, elevó a los altares de la legalidad las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos en Venezuela. En el seno del Lago de Maracaibo, hoy esa ley es letra muerta y putrefacta.
La contaminación del estuario zuliano ya no es secreto, ni se esconde bajo las aguas. Su suciedad está debajo y sobre su superficie de 13 mil kilómetros cuadrados. El Lago vomita petróleo, aceites y estiércoles de toda especie. En estas horas una masa enorme, negruzca y viscosa se acumula en las orillas de Maracaibo, San Francisco, La Cañada, Miranda y los demás municipios de sus costas orientales y occidentales.
El cuerpo de agua de Maracaibo es el más grande de Latinoamérica y es el décimo noveno lago más grande del mundo. Es el segundo más antiguo de la Tierra, con 36 millones de años de edad.
Esa condición extraordinaria le ha convertido en ícono del occidente venezolano. Pero aún así, ni la tradición regionalista ni las leyes le han amparado contra la inmundicia.
El Lago de Maracaibo se ha convertido en un auténtico pantano de hidrocarburos y aguas residuales… y el Gobierno nacional presta escasísima atención a su compromiso por su rescate y salvaguardia. Su actividad económica, más bien, ha sigo agente de contaminación perenne en el estuario desde los inicios de la explotación de hidrocarburos, en 1914.
Ausberto Quero, experto ambientalista y directivo del Centro de Ingenieros del estado Zulia, explica que, en promedio, entre 15 y 20 derrames de petróleo ocurren cada mes en el Lago.
Organizaciones como Fundación Azul Ambientalista y la Asociación para la Conservación del Lago de Maracaibo calculan que hay entre 12.000 y 14.000 kilómetros de tuberías petroleras bajo el Lago de Maracaibo y al menos 5.000 pozos activos en sus riberas.
La mayoría presenta filtraciones de diferente relevancia que se descargan directamente en las aguas del Lago.
La contaminación ocurre en las estaciones de flujo, así como en los pozos y las plantas deshidratadoras. El agua de lastre de las decenas de buques petroleros que cruzan a diario sus riberas también colabora con la asquerosidad. Lo peor es que todo ocurre en el oscurantismo oficial.
El Poder Ejecutivo, tanto como el regional, disponen de burós cuya responsabilidad raya en la limpieza del Lago. El Ministerio de Ambiente, así como el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam) y una secretaría de la misma naturaleza dependiente de la Gobernación zuliana-, han fracasado estrepitosamente en su tarea durante décadas.
Pablo Emilio Colmenares, presidente de la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Aclama), detalló que al Lago ingresan 10 mil litros de aguas residuales por segundo. Critica que no se haya concretado la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales Maracaibo Norte, Ciudad Ojeda y Cabimas.
Sus funcionamientos eliminarían los nutrientes del agua y reduciría su concentración en el Lago.
Esos proyectos ni se mencionan en los reportes de Gobernación y el Ministerio de Ambiente.
Lenín Herrera, ingeniero y ex presidente del Iclam, ha insistido durante años en la urgencia de declarar el saneamiento del Lago como una prioridad del estado Zulia. Las autoridades han desoído su clamor. Un Lago puro y limpio es una utopía violatoria a las normas ambientales.
EMERGENCIAS SILENTES
El decreto presidencial 883, aún vigente, especifica en su artículo 40 que, «en casos de emergencia o de vertidos imprevisibles en violación de estas normas, los responsables de la actividad lo notificarán al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a la brevedad posible y activarán los planes de emergencia o contingencia a que haya lugar. Cuando se trate de paradas por mantenimiento, el interesado notificará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables con tres (03) meses de anticipación, a objeto de fijar las condiciones de operación y tomar las medidas que sean pertinentes».
La novedad es que quien debe notificar sus reportes de contaminación al Estado es el mismo Estado. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no revela desde hace años datos precisos sobre la existencia ni la frecuencia de derrames.
Los operativos de limpieza e indemnización ocurren en la clandestinidad y solo se activan de manera notoria cuando la contaminación es exagerada y evidente.
Así ocurrió, por ejemplo, a principios de junio, cuando el petróleo dominó las orillas de La Vereda del Lago, sitio de esparcimiento por excelencia de los marabinos, y también las playas y muebles de miles de pescadores de al menos 10 municipios.
El comunicado oficial del Estado venezolano abundó en generalidades. No especificó los alcances de un derrame que persiste. «La Dirección Ejecutiva de Pdvsa, producción occidente, a través de su Gerencia de Ambiente, informa a la comunidad zuliana sobre el plan de limpieza en las riberas del Lago de Maracaibo. Durante las acciones de saneamiento ambiental, pudiera observarse la presencia de trazas de hidrocarburos en algunas áreas del Lago de Maracaibo y sus costas».
El texto llamó a la «tranquilidad» de la colectividad ante la presencia de «restos de crudo ocasionada por algunas filtraciones». Lacónicamente, el Gobierno solo añadió que estas estaban siendo «corregidadas».
Añadió que la labor ambiental incluye inspecciones en aéreas rutinarias y operaciones de recolección de manchas de crudo, con la utilización de solo dos buques para 13 mil kilómetros de superficie, Guardalago y Limpiamar.
El artículo 13 del decreto de Caldera, heredado por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, determina que «quienes realicen operaciones de explotación o exploración petrolera en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva, dispondrán de los sistemas necesarios para evitar la descarga de hidrocarburos o la mezcla de ellos, al medio marino». Esta es, hoy por hoy, una deuda titánica en el Lago zuliano. Es una verdad putrefacta que se intenta opacar con comunicados de medias tintas.
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