La metástasis del combustible, por Nelson Freitez
Twitter: @nefreitez
Una metáfora que puede ilustrar la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela es la de un cuerpo aquejado por una metástasis. Desde un centro en el que se produjo una lesión cancerígena se van irradiando las células afectadas en diversos órganos de ese cuerpo, generando múltiples afectaciones que terminan colapsándolo y haciendo inviable su existencia.
Desde el centro del poder en Venezuela se produjo el control de la industria petrolera, eje generador de los recursos del país y, precisamente en el período de mayores ingresos en divisas al país por la venta internacional del petróleo, la producción paradójicamente fue decreciendo hasta alcanzar una caída considerable a partir del año 2015.
A pesar de los gigantescos ingresos generados en el orden de un billón de dólares (1 millón de millones de $), la industria petrolera fue declinando en sus capacidades de extracción, refinación y comercialización internacional. Este deterioro de capacidades ocurrió tres años antes de que se aplicaran sanciones internacionales directas a Pdvsa entre los años 2017-2018. La enorme riqueza generada fue dilapidada bajo una gigantesca corrupción.
Transparencia Venezuela documentó la ocurrencia en nuestra principal industria de 92 casos de corrupción, los cuales significaron el 81% de los principales eventos de esta naturaleza en el país, llegando a comprometer unos 42 mil millones de dólares sustraídos por altos funcionarios y grupos vinculados con éstos.
Todo lo cual se tradujo en desinversión, falta de mantenimiento, despilfarro de recursos y parálisis de procesos productivos en Pdvsa.
De ese centro neurálgico los deterioros, afectaciones y carencias se fueron expandiendo en todas las áreas del aparato de Estado. Dado el altísimo volumen de recursos disponibles fue en la industria petrolera en la cual se evidenciaron intensamente las prácticas de la gran corrupción que generalizadas hoy en todas las empresas del Estado han terminado por desmantelar y colapsar el conjunto de servicios públicos.
Como consecuencia de tal saqueo desde el año 2015 hasta el presente se ha hecho evidente un progresivo y cada vez más severo déficit tanto de diésel como gasolina para abastecer plenamente la demanda interna de combustibles. Tal escasez se ha agudizado a partir de marzo del año 2020 generando a su vez múltiples y perniciosos efectos en diversos órdenes de la vida del país.
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Ha afectado las capacidades de producción agropecuaria e industrial; la movilización de cargas del transporte de mercancías; el traslado de pasajeros en rutas urbanas e interurbanas; la generación eléctrica de plantas que requieren diésel y; ha repercutido tanto en la disponibilidad de servicios hospitalarios como en la movilización de la población a los centros de salud y de docentes y estudiantes a los centros educativos.
Además, se han perdido miles de horas/personas que pudieron dedicarse a actividades familiares o productivas por la espera en largas «colas» para surtir unos cuantos litros de combustible cada cierto tiempo. Y por supuesto, ha conllevado al encarecimiento de los costos para familias y empresas que han debido sufragar con sobreprecios el combustible requerido, sustrayendo recursos escasos que debían dedicarse a cubrir otros requerimientos básicos.
La merma de las capacidades de producción agropecuaria e industrial, entre otros factores por la escasez y el sobreprecio del combustible, ha sido plenamente difundida por el liderazgo gremial durante estos 2 largos últimos años.
Resaltando la reducción de las superficies sembradas, la parálisis de equipos y maquinarias de producción, disminución del volumen de personas ocupadas en actividades productivas, caída de los volúmenes de producción trasladados a los centros de consumo y, por supuesto, el aumento de los costos de producción por la adquisición del combustible con sobreprecios.
En la actividad industrial, la encuesta de coyuntura de Conindustria ha continuado señalando una caída de la producción en lo que va del 2021 en más del 60% de las empresas, manteniéndose el nivel de utilización de su capacidad productiva en apenas el 18% de las empresas del parque industrial encuestado. Alrededor de 7 de cada 10 empresas ha adquirido el diésel que utiliza en el ´mercado negro´ encareciendo significativamente sus costos.
El transporte de cargas ha reducido los volúmenes de alimentos movilizados debido fundamentalmente a la severa escasez del diésel, que ha incidido en la paralización del 83% del parque automotor logístico y de carga nacional, según el Sistema de Observación de la Movilización de las Cargas Alimentarias de la ONG Ciudadanía en Acción
El 80% del transporte urbano e interurbano de pasajeros que utiliza el diésel como su principal combustible, se ha afectado directamente. Lo cual unido a la obsolescencia de las unidades y a los bajos ingresos de los transportistas que no pueden garantizar su mantenimiento, ha influido en la parálisis e inoperatividad de más de la mitad de ese parque automotor, según líderes de diferentes sindicatos automotores de varios estados del país.
Esta parálisis del transporte colectivo ha restringido severamente la movilidad de la población para su traslado a centros de trabajo, de salud, educativos.
Las repercusiones de esta inmovilidad son incalculables, incluso con consecuencias sobre las condiciones de salud de un cúmulo de personas que se agravado por la imposibilidad de trasladarse a las unidades de tratamiento médico o para ser atendidos en las emergencias hospitalarias en situaciones de urgencia, lo que ha propiciado en algunos casos el fallecimiento al menos de unas 10 personas por la carencia de vehículos con combustible para trasladarse.
Este cúmulo de afectaciones se multiplican y expanden como una mancha de aceite sin contención. Es la expresión de una metástasis que avanza aceleradamente por todo el cuerpo de la nación deteriorando las condiciones de vida de la población, provocando agravamientos, migraciones masivas e incluso muertes prevenibles entre personas que debieron vivir.
Nelson Freitez Amaro es cooperativista. Sociólogo y Doctor en Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV).
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