La OIT visita a Venezuela, por Gioconda Cunto de San Blas
“Los venezolanos exigen la liberación de Rubén González, sindicalista condenado por la justicia militar a 5 años y 9 meses de prisión tras reclamar mejoras salariales”. Titulares como este encabezaron las reseñas en los medios de comunicación venezolanos al producirse la noticia a mediados de agosto de 2019. Sin saberlo, en esas pocas palabras los reporteros vaticinaban la esencia de los puntos elaborados en el extenso documento que un mes más tarde publicaría la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones laborales en la Venezuela “revolucionaria”, en respuesta a la queja formulada por Fedecámaras sobre la inobservancia del régimen en relación a métodos para la fijación de salarios mínimos (convenio 26), libertad sindical y protección del derecho de sindicación (convenio 87), y consulta tripartita (convenio 144).
La Comisión designada al efecto por la OIT examinó los asuntos planteados desde la doble perspectiva de las organizaciones de patronos y de trabajadores. Es de resaltar que Venezuela es miembro fundador de la OIT y cuenta con 54 convenios ratificados, resoluciones que a partir del año 2000 han sido irrespetadas por el régimen a través de gravísimas injerencias en los asuntos internos de las organizaciones sindicales.
El reciente documento de la OIT es demoledor. Con abundancia de pruebas, en sus 256 páginas la Comisión denuncia las violaciones a convenios firmados por el Estado; alerta sobre el persistente hostigamiento a Fedecámaras y sus afiliados, y a sindicatos no afines al Gobierno; da fe del favoritismo y la promoción de organizaciones paralelas para suplantar las legítimas; denuncia la impunidad a actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, así como vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros.
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El documento de la OIT da plazo al régimen hasta el 1/9/2020 para cumplir con las exigencias planteadas. Por supuesto, nada de esto parece preocupar al régimen. En cuanto a los reclamos sobre fijación de salario mínimo y comisión tripartita (convenios 26 y 144), el primer incremento de 2020 fue anunciado el 10 de enero de manera unilateral, como también lo han sido los más de 20 aumentos aprobados desde 2014.
Aumentos que, por lo demás, están lejos de cumplir con el artículo 91 de la Constitución vigente: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. Dicha canasta en diciembre de 2019 sumó la cantidad de Bs. 27,3 millones (US$ 546 o 182 salarios mínimos). Pero el salario mínimo aprobado por el Ejecutivo hace pocos días apenas equivale a US$ 3 mensuales, muy por debajo del límite de pobreza extrema, el más bajo de la región, incluso inferior al de Cuba, donde un obrero gana no menos de 16 dólares.
En relación a los reclamos sobre actividad sindical (convenio 87), desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales, muchos de ellos en la jurisdicción militar, lo que constituye una violación grave de derechos humanos. Algunos han sido juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica por años; otros sujetos a restricciones en la libertad de tránsito por el país, salida al exterior o participación en concentraciones o protestas de cualquier tipo.
El informe de la OIT resalta el caso de Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, sobre quien ha recaído la furia gubernamental no solo para inhibir su acción sindical sino como ejemplo disuasorio de la actividad sindical en general.
El odio contra Rubén González ha llegado al punto de negarle asistencia médica oportuna a las graves dolencias de salud que en estos momentos sufre en su injusta prisión. Es esta una forma más de tortura y violación de derechos humanos por un régimen que ya no se preocupa siquiera en guardar las formas.
Este es el gobierno que se precia de “obrerista”, mientras persigue, encarcela, exilia a dirigentes sindicales y patronales, destruye al país y convierte en indigentes a su gente, al punto de provocar el éxodo de más de 4 millones de venezolanos. Ante esto debemos reaccionar.
Hoy, 23 de enero, es fecha propicia para invocar el espíritu de unidad que en 1958 nos agrupó para sellar entonces el destino de esa nueva Venezuela democrática y progresista, que deberemos construir una vez más sin vacilar.
