La pandemia recrudece la crisis de un sector salud sin profesionalización y poco personal
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), en estas dos décadas el chavismo ha llevado a cabo de manera unilateral prácticas contra los derechos de los trabajadores
La desprofesionalización de la clase trabajadora como consecuencia de políticas tomadas a lo largo de estos últimos 20 años por los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que incluso han violado reiteradamente artículos de la Constitución, llevó a que el sector salud se redujera y enfrente actualmente una profunda crisis que lo hace aún más vulnerable en la lucha contra la covid-19.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), en estas dos décadas el chavismo ha llevado a cabo de manera unilateral prácticas contra los derechos de los trabajadores, entre ellas reducciones de personal, traslados desde un servicio a otro, cambios en la estructura de cargos y fijación de la escala salarial. Esto, además de las pésimas condiciones de trabajo, la destrucción de la infraestructura, el colapso de servicios básicos y los salarios de hambre, generaron una importante diáspora de trabajadores de la salud, reduciéndose el personal sanitario en un 45% en los últimos nueve años.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García, en 2011 había 100.000 enfermeras registradas en el sistema público de salud, y actualmente si acaso llegan a 55.000.
«Al inicio del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías se había avanzado en consolidar una carrera administrativa, con un régimen laboral especial, compuesto por normas estatutarias, laborales y convencionales», indica el más reciente informe del OVLIS. «Todo eso ha cambiado en los últimos 20 años, perdiéndose importantes conquistas legales y convencionales. Hoy, es común el ingreso por contrato de trabajo y, a diferencia del pasado, la jurisprudencia no les otorga a esos trabajadores la condición de funcionarios de carrera, sino una extraña condición de contratados con estabilidad provisional hasta que se abra el concurso respectivo. Con ello, el funcionario queda en un limbo jurídico en relación con su carrera y sus posibilidades de ascenso son suspendidas indefinidamente».
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Señala que las contrataciones irregulares han proliferado en la administración pública, utilizándose no solo la figura del contrato de trabajo, sino también la de honorarios profesionales. «En cierto sentido, el fraude a la ley se ha instalado en la administración pública. Estos retrocesos pueden observarse con claridad en el sector de la salud donde no solo se perdió el contrato colectivo desde 2018, sino que se truncó el desarrollo de una carrera profesional. La posibilidad de ejercer la profesión de enfermería y de médico sin colegiarse, aunada a la diáspora, han sido otros golpes a la carrera funcionarial».
Estrategias estatales
Hasta 1999, los trabajadores de la salud eran profesionales de diversas carreras universitarias o técnicas. Los obreros recibían formación en el INCE o en el instituto de formación que tenía Fetrasalud, además del entrenamiento en el puesto de trabajo. Cada uno, en su área, era un personal con un alto grado de calificación profesional.
Esa situación cambió a nivel profesional con la carrera de medicina integral comunitaria que se comenzó a impartir en todo el país, en universidades creadas por el gobierno y, en los últimos años, en la Universidad de las Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías» (UCS). De igual manera, se creó el programa de formación en enfermería integral comunitaria. El nivel profesional de este personal ha sido muy cuestionado por las universidades autónomas que imparten las carreras de medicina y enfermería, y los títulos que otorgan dichos programas de formación no son reconocidos internacionalmente.
«La formación del personal obrero también se paralizó, pues ya no hay cursos en el Inces y el instituto de formación de Fetrasalud desapareció. Solo queda la buena voluntad de los trabajadores que enseñan a los nuevos que llegan. La proliferación de contrataciones con modalidades fraudulentas, a través del uso irregular de contratos de trabajo o de honorarios profesionales ha sido otro golpe a la carrera funcionarial».
El Observatorio de Libertad Sindical indica que en 2011 el 60% del personal adscrito al Ministerio de la Salud estaba contratado bajo modalidades fraudulentas y el 70% del personal de enfermería, en particular, prestaba servicios al margen de las normas de carrera administrativa. «Las irregularidades han abarcado todo tipo de personal, desde los médicos hasta los obreros».
«En 2015, se produjo un proceso que se denominó de normalización de la contratación, regularizando dichas contrataciones. Ese año, 77.547 trabajadores ingresaron a la nómina fija, bajo la figura, ya fuese de nombramiento, en el caso de los funcionarios, o con la designación para desempeñar algunos de los oficios contemplados en el manual de cargos, en el caso de los obreros. Pero ese ingreso a la carrera administrativa no ha significado posibilidades reales de ascenso ni una real profesionalización, pues no hay vinculación entre cargos y méritos».