La parábola de JOH, por Javier Ignacio Mayorca
La historia de Juan Orlando Hernández interesa a los venezolanos. En los registros de la justicia criminal de Estados Unidos, su caso aparece simplemente con el título US vs JOH.
Twitter: @javiermayorca
¿Quién era Juan Orlando Hernández? Se trata, nada más y nada menos, del hombre encargado de regir los destinos de Honduras desde enero de 2014 hasta enero de este año.
En abril, es decir, apenas tres meses después de haber dejado la Primera Magistratura de su país, JOH fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente es procesado por conspiración para traficar drogas. Esto confirma que las andanzas del presidente-traficante eran investigadas cuando él estaba en pleno ejercicio del poder político.
Desde luego, para que JOH enviara toneladas de cocaína a EEUU mientras era mandatario requería de individuos que hicieran el trabajo sucio por él. Eso de que un Presidente ande sudoroso cargando kilos hasta la bodega de un avión no ocurre ni siquiera en Honduras.
Para eso están sus familiares.
En este caso, se trataba de su hermano, Juan Antonio, Tony, para los compinches.
De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, JOH empezó sus andanzas en 2004, cuando ya era diputado electo por el departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, impulsado por el Partido Nacional de Honduras (PNH).
Las drogas, de acuerdo con la acusación, le sirvieron tanto para enriquecer sus arcas personales como las de su entorno, encabezado por Tony. Y también para financiar su crecimiento dentro de la política hondureña. Con ese propósito, habría facilitado la circulación por el territorio del país centroamericano de más de 500 toneladas de cocaína.
Desde entonces, el clan de los Hernández fue ascendiendo como operador político de ciertas estructuras criminales, que actuaban en complicidad para recibir cargamentos de cocaína procedentes de dos países: Colombia y Venezuela, por mar y por aire.
Los envíos marítimos, señala la acusación, «eran embarcados hacia el norte usando la costa venezolana, en lanchas rápidas, pesqueros y cargueros».
«Los traslados aéreos a menudo eran hechos desde pistas clandestinas, típicamente hechas de tierra o grama, en Colombia y Venezuela, y recibidos en pistas similares en Honduras», señala el documento.
Esta actividad no pasaba inadvertida. Desde este mismo espacio, en diversas oportunidades se reportó la existencia de una ruta consistente para los traslados de alijos desde Venezuela, primordialmente desde Apure y el sur del Lago de Maracaibo. Esta información surgía de los acumulados de trazas de vuelos sospechosos. El trayecto llegó a ser tan transitado a partir de la primera década del siglo, que los traficantes preferían destruir las avionetas una vez llegaban al suelo del país centroamericano. Ese era apenas un pequeño costo dentro de una operación de grandes magnitudes.
Pero el caso de JOH permite extraer más conclusiones. Su relacionamiento con los operadores de este tráfico era en dos direcciones. Por una parte, obtenía el dinero que tanto necesitaba para crecer como individuo y político. Por la otra, aseguraba la impunidad de los criminales, tanto en sus operaciones de tráfico como en el ejercicio de la violencia contra otras estructuras. Pero no se casaba con ninguno.
Porque Honduras, dentro de todo esto, continuó siendo un sistema competitivo. Esto obligaba a cada organización criminal a buscar sus padrinos dentro de la puja por el poder. Al clan de los Hernández se arrimaron varios grupos, como los Cachiros o el de Geovanny Fuentes. Pero esto no excluía la posibilidad de que las mismas organizaciones operaran con líderes de otros partidos, o de la misma tolda. La acusación contra JOH refiere específicamente a otro exmandatario, Porfirio Lobo, otro dirigente del PNH.
Así, la política hondureña se fue degradando. Poco antes de la caída de Manuel Zelaya, en 2009, los vuelos y envíos marítimos desde Venezuela a Honduras iban viento en popa. Todos se enriquecían. Pero los militares pusieron punto final a las aspiraciones reeleccionistas de Mel. Entonces, los traslados de alijos tuvieron un leve receso. Pero reiniciaron cuando la situación se estabilizó con Micheletti. En fin de cuentas, los traficantes también contaban con alianzas en los niveles más bajos de gobierno, que no fueron tocados durante la crisis presidencial.
El descenso de la institucionalidad hondureña no fue único en la región americana. En el otro extremo de la ruta, en Venezuela, también se producían fracturas propiciadas desde el centro de poder. La violencia criminal fue copando los espacios en ambos países.
No es casualidad que a partir de entonces Honduras y Venezuela ocuparan los primeros lugares en la lista de territorios con tasas de homicidios más elevadas, de acuerdo con los informes de la Organización de Naciones Unidas.
Ya en EEUU, JOH ha insistido en su inocencia. Eso hará las cosas aún más interesantes, pues obligará a la parte acusadora a «prender el ventilador», haciendo referencias a los cómplices del ex presidente, al norte y al sur.
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Breves
-¿Pudo evitarse esta nueva tragedia en Tejerías? Para el momento en que estas líneas eran redactadas, la organización Cáritas calculaba que el desbordamiento de la quebrada Los Patos había afectado a unas 1400 familias de esa población. El último parte de la Cruz Roja de Aragua señalaba que habían muerto 37 personas, y que se desconocía el paradero de otras 50, por lo que la cifra de fatalidades debería ser más elevada. Hay además lesionados de gravedad dispersos por centros de salud de ese estado y de Miranda. Desde la semana anterior, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estaba alertando sobre el incremento de la pluviosidad en la región central del país. En Tejerías hubo un primer aviso con la crecida del mismo cauce el 16 de septiembre. Y el Cuerpo de Bomberos de la región había observado la existencia de numerosas construcciones en sectores vulnerables. A pesar de las señales, las distintas instancias de gobierno permanecieron impasibles. No se trataba de algún impedimento legal. De hecho, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres estipula que los alcaldes, gobernadores o la autoridad nacional pueden declarar el estado de alarma en alguna localidad, con el propósito de activar «recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el objeto de reducir los efectos dañosos ante la ocurrencia inminente de un fenómeno natural técnicamente previsto». Pero nada de esto se hizo. Luego, cuando ya la crisis estaba planteada, saturaron la zona de desastre con funcionarios, y desde el gobierno central emprendieron una operación de propaganda, en la que desde luego no cabían los periodistas independientes. De allí que el ministro Ceballos los califique de «estorbo». No porque entraben la recuperación de las víctimas sino porque, precisamente, constituyen una voz disonante con respecto a la narrativa que se desea imponer, y según la cual esta fue una calamidad caída del cielo ante la que poco o nada podía hacerse con antelación.
-En el primer semestre de 2022, el Fisco dejó de recaudar 100 millones de dólares por concepto de impuesto a la venta de cigarrillos. Según el director de Legal de la Cigarrera Bigott, Miguel Benzo, este es el resultado de una decisión del Gobierno, en cuanto a permitir la importación indiscriminada de derivados del tabaco sin pagar aranceles ni contar con el correspondiente permiso sanitario, lo que además abre las puertas para daños aún más graves a la salud de los consumidores. De acuerdo con Benzo, la entrada masiva de cigarrillos desde lugares tan disímiles como Paraguay y Corea también pone en riesgo 18 mil puestos de trabajo. Bigott ha detectado la circulación de 127 marcas foráneas en el mercado nacional. Muchas son vendidas en forma detallada por buhoneros, mientras que otras llegan a los bodegones. Anteriormente, explicó Benzo, estas marcas llegaban en forma de contrabando, por los caminos verdes o en pequeñas embarcaciones, lo que posibilitaba cierto control. Hoy, lo hacen en contenedores que apenas cancelan en los puertos una fracción de su valor real. El precio de distribución de una cajetilla de estas puede ser 20 centavos de dólar, con lo cual no se puede competir. Esto sugiere la existencia de una vasta operación de lavado de dinero, que tiene casi inermes a las empresas legales del ramo.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
