La puerta giratoria no se detiene: cientos excarcelados y 41 nuevos presos políticos
A la cantidad de presos nacionales por razones políticas se le suma la detención de más de 20 extranjeros, acusados por las autoridades venezolanas de formar parte de un complot para atentar contra Nicolás Maduro. Las ONG exigen la liberación de todos los detenidos y el cese de persecución contra los disidentes
Aunque el Ministerio Público afirma que 1.369 personas de las más de 2.000 detenidas en el contexto de las manifestaciones poselectorales fueron excarceladas en las últimas semanas, diversas organizaciones no gubernamentales no han podido corroborarlas todas: Foro Penal ha verificado más de 100 y Justicia, Encuentro y Perdón ha comprobado alrededor de 500.
La cifra global de excarcelaciones que maneja el Comité por la Libertad de los Presos Políticos «es de alrededor de 800», dice un vocero de la organización, que añade que «es muy difícil confirmarlas porque se les aplica a las víctimas y familiares una política de silencio, les hacen firmar un compromiso para no declarar ni grabar videos sobre su situación».
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explica que la discrepancia entre las cifras oficiales y las que contabilizan las ONG puede deberse a diversos factores «como la falta de información sobre algunos detenidos o el temor de las víctimas y sus familiares a denunciar por amenazas y chantajes». También denuncia que, en ocasiones, los entes del Estado incluyen en las cifras personas detenidas por delitos comunes para inflar los números.
«Nosotros no podemos negar que sean esos números (ofrecidos por el Ministerio Público), pero tampoco los puedo afirmar porque no lo he podido corroborar», expone Tineo, quien agrega que de las 2.229 detenciones anunciadas por el mismo mandatario Nicolás Maduro tras las protestas poselectorales, su organización pudo identificar poco más de 1.600, a las que le suma los más de 300 presos políticos que existían antes del 28 de julio para «llegar a una cifra sin precedentes de más de 2.500 personas detenidas por razones políticas en Venezuela».
Desde el inicio hay disparidad en las cifras y quizás ese es el factor que evita que todas las organizaciones coincidan en un número.
La abogada recuerda que las excarcelaciones no implican liberaciones plenas, pues estas personas continúan judicializadas, enfrentando violaciones al debido proceso, sin la posibilidad de defenderse con sus garantías constitucionales y con «altas probabilidades de condena bajo acusaciones graves, como delitos asociados con terrorismo».
Otro de los aspectos que puede incidir en el diferencial de los números oficiales versus la data de las ONG es la prohibición que se les hace a los excarcelados de dar declaraciones públicas en torno a su caso. Martha Tineo sostiene que hay víctimas que con confianza cuentan que su allegado fue sacado de la cárcel, pero que advierten que no pueden hacerlo público y que hay otros «que salen tan asustados, amenazados y chantajeados, que salen, se pierden y no dicen nada».
Hasta la fecha, las excarcelaciones anunciadas por el Ministerio Público representan alrededor del 60% del total de presos políticos encarcelados en el contexto de las protestas posteriores a los comicios presidenciales.
Jenny Barrios, madre de Junior Arrieta, uno de los miles de detenidos tras las elecciones presidenciales y que fue trasladado recientemente al Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo, fue consultada por TalCual sobre las recientes excarcelaciones que ha informado el Ministerio Público y ella dijo desconocer el detalle de los números: «Yo no he podido constatar eso porque no me mantengo en los penales, pero le pido al presidente (Nicolás Maduro) que recuerde sus orígenes humildes, que vea el sufrimiento de las madres como yo, que perdí mi trabajo, que se ponga la mano en el corazón y libere a nuestros hijos», suplica.
Según la Fiscalía, estas excarcelaciones ocurrieron tras la solicitud al Poder Judicial de revisar las medidas en algunos casos. El pasado 12 de noviembre, Maduro pidió a los jueces evaluar las detenciones realizadas después del 28 de julio y los procesos judiciales para «rectificar» posibles errores.
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La puerta giratoria no para
Mientras algunas personas salen de las cárceles bajo medidas cautelares, otras ingresan, engrosando el listado de presos políticos vinculados al contexto electoral. En los últimos días, al menos 41 nuevas personas han sido encarceladas por las autoridades venezolanas. El efecto «puerta giratoria» es una práctica cada vez más evidente en el país, que permite a las autoridades realizar excarcelaciones y nuevas detenciones como una herramienta de control y presión política contra disidentes y críticos al mandatario Nicolás Maduro.
La representante de Justicia, Encuentro y Perdón explica que, a diferencia de las detenciones masivas ocurridas entre julio y agosto de este año, «las nuevas encarcelaciones que hemos visto son selectivas, sobre todo a activistas políticos; es decir, vemos de nuevo la selectividad contra activistas o disidentes reales» con lo que se continúa sumando presos políticos tras perseguir a dirigentes y activistas políticos.
Algunos de los nuevos detenidos son dos coordinadores del movimiento político Vente Venezuela en el estado Bolívar, liderado por María Corina Machado; el exconcejal Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf; el activista político Luis Palocz; Ramón Bejarano, defensor de derechos humanos de Vente Venezuela en Bolívar; y el director audiovisual Saúl Torres, entre tantos otros.
Registros partidistas afirman que todavía hay 158 militantes opositores detenidos, de un total de 197 que han sido judicializados (incluyendo 39 excarcelados hasta el 30 de diciembre). Vente Venezuela es el que cuenta con la mayor cantidad de encarcelados (61), seguido de Primero Justicia (34) y Voluntad Popular (22) y Encuentro Ciudadano (21).
A estos encarcelados, se le suman personas que están en situación de desaparición forzada: «Hemos tenido reportes de un poco más de 20 extranjeros detenidos en Venezuela y algunos en situación de desaparición forzada porque no se ha dado información», expone Martha Tineo, quien añade que dos casos son los de la ciudadana española-venezolana Sofía María Sahagún Ortiz, de quien no se supo nada más desde el pasado 23 de octubre cuando estaba en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado Vargas, y el ciudadano checo Jan Darmovrzal, acusado por las autoridades venezolanas de formar parte de un complot para atentar contra Nicolás Maduro.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras organizaciones no gubernamentales exigen al Estado que detenga la represión y que libere a todos los presos políticos, hacen un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para garantizar el respeto al debido proceso, que cese del patrón de persecución por razones políticas y advierten a los extranjeros que consideren ingresar al país «porque lamentablemente hay una situación de riesgo», sostiene Tineo.
