La represión “revolucionaria”, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
Una nueva fase de la represión gubernamental se desató en Venezuela durante 2022. Se trata de una persecución selectiva que ataca en dos direcciones claras: de un lado, liderazgos sindicales, sociales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes califica de colaboración con la derecha imperialista; de otra parte, algunas facciones del PSUV y militares de diverso grado, admitiendo ahora su grosera corrupción o acusándoles de contra revolucionarios.
Con los cuerpos de seguridad del estado y los tribunales penales como principales ejecutores de la escalada represiva, el gobierno pretende, infructuosamente, objetivos muy difíciles, por no decir imposibles. Agotado y desgastado el discurso del bloqueo imperialista, de los atentados presuntos a miembros del alto gobierno, de los supuestos saboteos al suministro de servicios vitales como agua y electricidad, así como el de las erráticas y aisladas aventuras inconstitucionales de sectores opositores, todas fracasadas –por el bienestar de la patria-, el gobierno retoma el guion de intentar acallar la protesta popular sin resolver sus causas.
Además, en una presentación un tanto barroca hecha por el Fiscal General de la República, ese mismo gobierno pretende erigirse en referente moral, mostrándose como quien extirpa algunas muestras visibles del cáncer de corrupción que lo corroe, a nivel nacional e internacional.
Como la punta del iceberg se ha calificado el caso de Carlos Lanz, pero en realidad hay muchos asesinatos y encarcelamientos impunes, todos graves y dolorosos, que han destruido no sólo la vida física de las víctimas directas, sino sus entornos familiares y amistosos, incluyendo sus respectivos proyectos de vida.
Se trata de casos como el de Rodney Álvarez, Danilo Anderson, Sabino Romero, Fernando Albán, Juan Requesens, Rubén González, entre miles de personas criminalizadas y perseguidas por pensar diferente, por manifestar su disidencia, por defender derechos humanos. Olas represivas masivas en diversas coyunturas.
La persecución a Marino Alvarado de Provea y a los miembros de diferentes organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, utilizando el manido expediente de la «difamación», para transformar en delito la actividad de denuncia de violación de las normas internacionales que según la constitución bolivariana están por encima, incluso, de las nacionales, siempre y cuando se trate de derechos humanos, no es otra cosa que criminalizar la lucha. El encarcelamiento de varios defensores, la descalificación de su labor y la vigilancia policial y de inteligencia militar que se realiza sobre sus actuaciones diarias, no es otra cosa que hostigamiento.
La reciente detención de militantes de Bandera Roja, entre ellos, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y un representante sindical del gremio judicial, desempolva viejos miedos de la época de Luis Herrera Campíns. Como si Cantaura, Yumare o El Amparo reaparecieran en las pesadillas del alto gobierno, esta vez sintiéndose perseguidos por sus fobias, demuestra el pánico que cunde en las esferas del poder ante la posibilidad de que efectivamente no sea posible seguir desechando la protesta popular, seguir negándola o minimizándola.
Tal vez ante la posibilidad de próximos comicios, el gobierno desee fidelidad absoluta entre sus filas y ninguna esperanza en el sector opositor, sea de derecha, de izquierda o del centro. No es más que miedo lo que se esconde detrás de estas escaladas represivas.
Para guinda, un calificativo extraño para quienes desconocen la historia, se ha colado en la caracterización de una persona aparentemente vinculada con el sonado caso de Carlos Lanz. El calificativo de trotskista. ¿Qué miedo se esconde detrás de esa develación acerca de Tito Viloria? Viloria, por cierto, hace muchísimo tiempo que no era ya ni dirigente sindical, ni se asumía como trotskista, sino que muy por el contrario, abrazaba públicamente su militancia en el PSUV y tenía un puesto de trabajo de alto rango en la administración pública.
Puesto que además es pagado por el presupuesto nacional y al que se accede mediante designación debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Con lo cual, no es fácil digerir que se trate de algún gazapo ideológico, colado entre las filas gubernamentales, considerando que por lo menos en los últimos 20 años, Viloria estuvo casado con el chavismo y ahora con el madurismo.
Esa represión “revolucionaria”, al estilo de Stalin, se llevó por los cachos a más de un bolchevique. En el caso de Mao y su banda de los 4, acabó con las esperanzas revolucionarias en China. Ni hablar de las purgas en Cuba y más recientemente, en Nicaragua. Esa represión es la misma en todas partes y tiene su origen en el miedo, la corrupción y el falso socialismo.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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