La resaca de la pandemia, por Javier Ignacio Mayorca
Durante los prolongados encierros por el Covid-19 las estafas llegaron en Venezuela a niveles nunca vistos, que se mantienen a pesar del cese de las cuarentenas
Twitter: @javiermayorca
El 21 de septiembre, un hombre acudió a la policía judicial para denunciar lo que describió como un “engaño”.
Cuando apenas iniciaba la jornada del día anterior, mientras se encontraba en su residencia de La Dolorita, recibió por WhatsApp el mensaje de un supuesto sargento de la Guardia Nacional, Abraham Ramos, para sugerirle que este era su día de suerte: lo habían seleccionado entre un gran número de aspirantes para la adquisición de ocho electrodomésticos de Tu Casa Bien Equipada.
Para acceder a los beneficios de este programa estatal, el hombre hizo tres transferencias bancarias, hasta totalizar 1055 bolívares. Pasaron las horas, y el sargento Ramos no daba acuse de recibo.
Al final del día, el hombre se percató de que había sido víctima de una estafa. El supuesto militar nunca le contestó.
Cosas como estas no solo afectan el patrimonio de individuos en los barrios. Tal parece que todos están expuestos. El 19 de septiembre, una empresa dedicada a la construcción de canchas deportivas, con sede en La Castellana, perdió 1600 bolívares cuando el director ordenó a su administradora transferir esa cantidad a través de pago móvil a una cuenta de Banesco que le había suministrado por WhatsApp uno de sus empleados. Cuando ya el dinero había sido entregado, la mujer recibió una nueva llamada de su jefe, para pedirle que no hiciera la operación. Según su relato, al empleado que supuestamente solicitó el adelanto de efectivo le habían hackeado su cuenta en la plataforma de mensajería. La plata terminó en los bolsillos de un tercero desconocido.
Las denuncias de estafas se multiplican en la policía judicial todos los días. Igualmente, las de delitos asociados, que permiten a los timadores avanzar en sus engaños. Uno de los más frecuentes es, precisamente, la suplantación de identidad a través de medios informáticos.
El 22 de septiembre, por ejemplo, un hombre recibió a través del sistema de mensajería un texto atribuido a la sección de Atención al Cliente de Movistar, que le ofrecía “mejoras en el servicio”. El hombre aceptó la propuesta, a pesar de que era remitida desde un número de Movilnet. Luego le enviaron un código por mensaje de texto, y él tenía que reenviarlo al presunto representante de la telefónica española. Al concretar esta operación, se percató de que se habían apropiado de su cuenta de WhatsApp.
Quien escribe esta columna también recibió una llamada de un supuesto operador de la empresa telefónica, el 25 de septiembre, con una propuesta similar. Al igual que en el caso ya referido, la voz salía de un número desconocido, de una operadora distinta a la que decía representar.
Al llevar a cabo esta maniobra, el estafador puede ocultar su verdadera identidad, para convertirse en la famosa María, que ahora también se llama Andrea, a juzgar por la denuncia de una mujer que perdió el equivalente a 400 dólares, ante una propuesta de cambio de divisas. Ella transfirió a la cuenta que le suministraron, el 22 de septiembre, pero la tal Andrea nunca se hizo presente para entregarle los billetes norteamericanos.
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Otra variante de la estafa es perpetrada por ladrones de celulares. Este caso fue conocido directamente de una persona en Lechería, que se salvó de ser victimizada gracias a su intuición. A un vecino de su edificio le hurtaron su teléfono. Antes de que se diera cuenta de lo ocurrido, sus contactos en el chat del edificio recibieron mensajes solicitando transferencias urgentes, por Zelle o pago móvil, porque supuestamente había que comprar medicamentos. Algunos, cayeron en el engaño.
Durante la era del covid-19, las estafas se convirtieron en el delito de moda, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. El tiempo de exposición a medios informáticos creció exponencialmente, aún en países como éste, donde el acceso a tales recursos sufre de grandes limitaciones. Y con ello, también aumentaron las oportunidades para los timos de todo tipo. Los engaños con pérdida patrimonial afectaron no solo a los individuos y las empresas, sino también a los estados, al punto que tanto Interpol como el Consejo de Europa emitieron en esa oportunidad alertas en torno a los riesgos de victimización por estafas.
Ya finalizaron las cuarentenas a propósito del virus. Sin embargo, las estafas quedaron allí, como cuando se padece de los efectos colaterales de la enfermedad. Es la resaca del covid-19.
Durante el primer semestre de 2022 fueron formuladas más de 3400 denuncias sobre estafas y delitos informáticos asociados a ellas. Un promedio de 136 casos nuevos todas las semanas. La cifra va repuntando. En una semana de agosto fueron procesadas 241 denuncias.
El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, ha hecho algunos esfuerzos por alertar a la población. A través de sus redes sociales, ha advertido sobre lo que se oculta tras los mensajes de la tal María. Y ha enfatizado más todavía sobre los riesgos de negociar con base en ofertas divulgadas desde Facebook Marketplace, donde no solo se gestan estafas sino también robos y secuestros que, en algunos casos, han finalizado en homicidios.
Pero esto no ha sido suficiente. La victimización va en aumento. Desde el ámbito privado, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico también ha intentado establecer mecanismos de certificación de las plataformas a través de las que se compran y venden bienes y servicios en el país. El presidente de esta entidad, Richard Ujueta, informó que trabajan de cerca con la división de Delitos Informáticos del Cicpc para identificar nuevos procedimientos de fraude. En mayo, Cavecom se hizo eco de la alerta policial sobre las estafas con transacciones en criptomonedas, que se inician cuando la víctima entra a un enlace suministrado, que conduce a una “página espejo” de la plataforma de monedas virtuales.
En otros países, iniciativas como la de Ujueta han contado con enorme eco en las entidades oficiales. De hecho, en Estados Unidos y Europa existen alianzas formales e institucionalizadas entre los sectores privados y públicos, con el propósito de blindar el comercio electrónico. Cada estafa de María, Andrea o como se llame, cada página falsa que se apropia del dinero de una víctima, contribuye a cimentar la desconfianza en estas formas de comercio. Y eso tiene un impacto negativo sobre la economía del país.
En la Venezuela de 2022 los timos con nuevos formatos coexisten con los viejos procedimientos. El país todavía está cruzado por gente de carne y hueso que hace ofrecimientos engañosos de cuerpo presente, para luego desaparecer con el dinero de las personas que le depositaron su confianza. El 15 de septiembre, por ejemplo, un hombre perdió más de 24 mil dólares luego de pagar por la inicial de un apartamento a una inmobiliaria cuya oficina está en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT). La compañía le dijo a la víctima que nunca recibió los dólares, y el agente que estaba encargado de esta operación por parte de la empresa desapareció.
Las estafas generalmente ocurren en contexto de extrema premura. Recientemente, se detectó que delincuentes informáticos habían montado en Instagram la versión online de una distribuidora de electrodomésticos, ubicada en la avenida Francisco de Miranda con Los Cortijos, reconocida por sus bajos precios. Los estafadores, sin embargo, decían que solo trabajaban mediante delivery, previo pago por transferencia. Ofrecían televisores, equipos de sonido y otros artículos, con la advertencia de que los precios tenían validez sólo ese día. La mercancía, desde luego, nunca llegaba al comprador.
Breves
-Desde la policía judicial llegan noticias preocupantes. El 21 de septiembre, efectivos de la Delegación Estatal Apure de ese cuerpo apresaron a los detectives jefes Danny Yosmeiro Díaz, de 30 años de edad; Yohannys Yosmar Pantoja, de 27 años y Rency Javier Tovar, de 32 años, señalados por un civil por el presunto robo de cinco mil dólares en efectivo. El denunciante, Luis Zapata, de 27 años, también fue privado de libertad. Según la minuta preliminar, los investigadores llegaron a la convicción de que tal asalto en realidad fue lo que popularmente se conoce como un «tumbe», en el que los agentes se habrían quedado con la divisa estadounidense, así como con cinco kilos de marihuana que supuestamente iban a ser transados con esta cantidad. Algo poco creíble si se toma en cuenta el precio máximo del cannabis en el mercado venezolano (160 dólares el kilo, según ONU). Este procedimiento se llevó a cabo entre Achaguas y San Fernando de Apure. Cabe destacar que en Achaguas también fue detenido el detective del Cicpc Juan Pantoja por una presunta extorsión. Este procedimiento fue practicado en julio por efectivos de Contrainteligencia Militar, que posteriormente también fueron apresados, al constatarse que habían matado al policía en una sesión de torturas. Las señales de degradación del cuerpo investigativo son permanentes.
-El 6 de septiembre, la defensa del ex alcalde de Guanta Jhonnathan Marín solicitó al magistrado del Distrito Sur de Florida Robert Scola (el mismo del caso Alex Saab) la postergación hasta el 24 de octubre de la audiencia de sentencia, inicialmente pautada para el 12 de septiembre. En la petición, el abogado Michael Nadler argumentó que las partes todavía estaban «discutiendo asuntos» relativos al arreglo entre Marín y la Fiscalía. El ex gobernante municipal se declaró culpable por un cargo de lavado de dinero, procedente de sobornos en contrataciones con Petróleos de Venezuela, entre 2013 y 2017. En función del arreglo con los acusadores, se comprometió a entregar 3,8 millones de dólares. Marín supuestamente se valía de su influencia sobre el oficialismo para orientar las contrataciones de Petrocedeño, en favor de una compañía, la cual a su vez le transfería las comisiones a la cuenta de su cónyuge Esneidy Mayerling Villanueva Medina, o de dos corporaciones registradas en Florida, Inversiones JM 2004 CA Corp y Group Services & Transporte VIP CA Inc., en las que Villanueva aparece como directora. Desde Miami, Marín ha divulgado ataques contra el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, señalándolo de mantener influencia sobre las contrataciones de la estatal petrolera, a través de su hermano Douglas Saab. Marín no ha presentado indicios que permitan corroborar estas afirmaciones. Sin embargo, en esta disputa se sitúa al lado de quien fuera el zar petrolero venezolano, Rafael Ramírez, quien también ha amenazado con dar a conocer los trapos sucios del actual titular del Ministerio Público y ex gobernador de Anzoátegui.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
