La resiliencia de las democracias latinoamericanas, por Hugo Borsani y Soraia M. Vieira
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La preocupación con la estabilidad y funcionamiento de las democracias latinoamericanas aumentó en los últimos años ante la manifestación de diferentes tipos de eventos con alto impacto político: grandes revueltas populares seguidas de fuerte represión gubernamental, renuncias y destituciones de presidentes, cooptación de instituciones del Estado y presión de los militares, entre otros. No obstante, la mayoría de las democracias de la región han respondido a esos desafíos e impases políticos a través de los mecanismos institucionales vigentes o con reformas que buscan viabilizar salidas a la conflictividad política y social.
Esos desafíos han sido analizados, muchas veces, como riesgos a la democracia o, inclusive, como indicios de ruptura del sistema. Sin embargo, a pesar de la reducción de su calidad en ciertos casos, la democracia ha sido resiliente y ha encontrado formas de contornar los obstáculos que se le presentan, sin caer en las rupturas institucionales otrora tan presentes en la región.
Elecciones confiables y reforma constitucional
A pesar de los estallidos sociales que afectaron a varios países en 2019, en todos estos el descontento de la ciudadanía fue finalmente canalizando por la vía legal, con la persistencia de las elecciones para la designación de los gobernantes y demás representantes políticos.
En Ecuador, dos años después de la violenta explosión social contra polémicas e impopulares medidas del expresidente Lenín Moreno, un proceso electoral transparente y ejemplar posibilitó una alternancia política pacífica.
Fue también a través de elecciones confiables que Bolivia reencontró la legitimidad democrática que puso fin al proceso de deterioro institucional que había comenzado con la inconstitucional tercera candidatura del expresidente Evo Morales, seguida del estallido social de 2019—a raíz de un confuso escrutinio electoral—, la renuncia de Morales y una polémica sucesión presidencial.
En Chile, donde las protestas fueron más intensas y prolongadas, la movilización ciudadana impuso una reforma constitucional a través de la elección de una asamblea constituyente, algo que no estaba en los planes de los dirigentes políticos. La aceptación de esta demanda por parte de todo el sistema político, y su rápida implementación, reforzaron la vía de la legalidad institucional como la opción para encontrar una salida a la crisis política y social que atraviesa el país.
El impeachment como mecanismo de resolución de conflictos
Así como los levantamientos populares, los procesos de destitución de presidentes son indicadores de crisis políticas relevantes y su reiteración en algunos países su suscitó preocupación. Sin embargo, estos procesos han tendido a funcionar más como una vía institucional de resolución de conflictos que como un factor de crisis.
Aunque los regímenes presidencialistas presuponen un mandato fijo del jefe del Ejecutivo, en algunas situaciones, ya sea por falta de apoyo legislativo, popular o, principalmente, por ausencia de ambos, los presidentes pueden ser desafiados con un pedido de destitución. Las normas constitucionales no siempre delimitan de forma específica el tipo de delito que se puede imputar, dejando margen para la apertura de un proceso de destitución cuando surgen conflictos entre los poderes del Estado, especialmente si la oposición cuenta con mayoría legislativa y el presidente con muy baja popularidad.
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En la práctica, este procedimiento ha funcionado como el voto de censura de los regímenes parlamentaristas, cuando el primer ministro ya no cuenta con apoyo legislativo, aunque formalmente tal mecanismo no existe en regímenes presidencialistas.
Como se trata de un juicio esencialmente político —quienes votan por la culpabilidad o absolución del presidente son los senadores y/o diputados— la decisión depende, de hecho, del apoyo legislativo al presidente. Por lo tanto, los impeachments, más que «golpes parlamentarios», como a veces se los ha caracterizado, son la respuesta del sistema político a presidentes que no logran alcanzar o mantener una base legislativa o apoyo popular suficiente para enfrentar acusaciones de ilegalidad, como sucedió con los presidentes Kuszinsky y Vizcarra en Perú y con Rousseff en Brasil.
Sin embargo, cuando la destitución no contó con apoyo popular significativo, como en el caso de Vizcarra en Perú, hubo una fuerte reacción de parte de la población, ampliando la crisis, que forzó la dimisión del sucesor designado por el Legislativo para completar el mandato presidencial, siendo necesaria una nueva designación.
La cooptación de las instituciones del Estado y la presión militar
No obstante la capacidad de resiliencia de la democracia, importantes desafíos continúan presentes, especialmente en condiciones de alta polarización política. En algunos casos esos desafíos pueden adquirir dimensión de riesgo. La cooptación de las instituciones de control del Estado por parte de los gobiernos y la presión de los militares constituyen dos de esos casos.
Un ejemplo de cooptación de una institución del Estado por el gobierno es la reciente destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador por la Asamblea Legislativa, que cuenta con amplia mayoría del partido del presidente Bukele. Por otro lado, Nicaragua y Venezuela son dos ejemplos de cooptación consolidada de las instituciones del Estado por parte de sus respetivos gobiernos.
Indicadores del segundo de los desafíos mencionados –la injerencia o presión militar– fueron observados recientemente en Brasil y Perú. En este último país, una carta pública de militares retirados llamando a desconocer un gobierno presidido por Pedro Castillo, enrareció más el complicado escenario político peruano, que en ese momento estaba aún sin definición del reñido resultado electoral.
En Brasil, las Fuerzas Armadas están en el centro del debate público, tanto por su amplia presencia en el gobierno de Bolsonaro como por acusaciones de corrupción que afectan a militares que integran el gobierno y por la posición corporativa que las Fuerzas Armadas han adoptado con el objetivo de intimidar al sistema político y proteger sus miembros.
En tiempos de creciente polarización política, los riesgos para la estabilidad democrática no están ausentes. Por el contrario, se han manifestado de diferentes formas.
Pero la mayoría de las democracias latinoamericanas han mostrado, hasta el momento, su capacidad para responder a los importantes desafíos que vienen enfrentando. Para esa resiliencia han contribuido la participación de actores políticos y sociales y la capacidad de las instituciones de amortizar los conflictos –aunque no siempre de la forma ideal–, así como la propia continuidad democrática, pues, como varios estudios demuestran, cuanto mayor la cantidad de años en democracia, menor la probabilidad de ruptura institucional.
Hugo Borsani es cientista político. Profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense – UENF (Brasil). Doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Investigaciones de Rio de Janeiro – IUPERJ (actual IESP/UERJ). Postdoctorado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Soraia M. Vieira es cientista política. Profesora de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ). Sus líneas de investigación son partidos políticos, élites políticas y políticas públicas.
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