La Ruta y el Acuerdo, por Carolina Gómez-Ávila
El martes 1º de octubre, la Asamblea Nacional -paradójicamente legitimada por la asistencia de la tolda que apoya la ruptura del orden constitucional y que acude resignada a ser vencida por la mayoría democrática- aprobó el “Acuerdo para corroborar la Ruta Política Integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país”.
Le pido que no confunda el significado y alcance de las expresiones “Ruta Política Integral” y “Acuerdo Político Integral”, ambas mencionadas en el mismo documento.
La “Ruta Política Integral” está presente en el título y en el primer artículo de este Acto Legislativo y se refiere a la estrategia general de la Asamblea Nacional. El “Acuerdo Político Integral”, que se menciona en los artículos tercero, cuarto y quinto del mismo documento, hace referencia específica a la propuesta presentada por la delegación opositora en el proceso facilitado por Noruega.
Pero no es lo mismo asomarse a estas expresiones desde el 23 de enero de 2019 que desde el 5 de febrero del mismo año, fecha última que pocos recuerdan y que es necesario tomar en cuenta para mejorar el criterio.
En resumen, el 23 de enero Juan Guaidó convocó a un mitin político en la Avenida Francisco de Miranda en Chacao que ha sido muy recordado por dos razones: la primera, es que allí reveló su agenda política en una ruta de tres pasos (“Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”); la segunda, fue aquel poético juramento multitudinario que comprometía a todos pero que fue difundido como una “autojuramentación” presidencial, como si tal cosa fuera posible.
En cambio, el 5 de febrero, casi dos semanas después, la Asamblea Nacional –único Poder Público legítimo, reconocido por todos– aprobó el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Este ya no era un acto de masas, sino una ley. Este no era un hecho político sino un hecho jurídico que sirvió a la ciudadanía en ejercicio para despejar la inquietud que provocó el mitin del 23 de enero.
Pero ya era tarde para «la población que prefiere tomar por ley lo que un hombre declare, al calor de la emoción, ante una multitud que lo aclama» por lo que se quedaron con el 1, 2, 3 que el propio Guaidó acuñó como slogan de gestión, pero que en los términos del Estatuto sería:
“Artículo 2. A efectos del presente Estatuto se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres”.
Era de esperar que la población que se obsesionó con el slogan, no fuera capaz de apreciar los matices. Ni siquiera que el “Cese de la usurpación” es necesariamente concurrente con un “Gobierno provisional de unidad nacional”.
En ese lastimoso estado de incomprensión, nada despierta más ansiedad que no poder ver con definida claridad el clavo ardiendo del que se había agarrado. Por eso vale la pena repasar puntos de la “Ruta Política Integral” que refrendó el martes la Asamblea Nacional.
En sus considerandos, establece la usurpación como el origen de la emergencia humanitaria compleja y toma en cuenta la negociación política como mecanismo necesario -respaldado por los venezolanos y por la comunidad internacional- para lograr una transición pacífica a la democracia; esto crispa a quienes quieren un final sangriento, de ser posible con exterminio.
También admite que la recuperación económica necesita de la inversión y la generación de empleos, lo que confunde a quienes quieren erradicar a una parcialidad política mientras exigen apertura económica. A pesar de lo que ven en las calles a diario, no parecen entender que la inversión y generación de empleos son imposibles de concretar si no hay paz social.
La necesidad de restituir los derechos políticos desafía la visión monocular de quienes piensan en el derecho a elegir mientras desprecian el de ser elegidos. Desinteresarse por el derecho que tienen los políticos a lograr el poder es desestimar la estabilidad del resultado, que pasa porque todos queden suficientemente conformes.
La restitución consensuada del equilibrio de los Poderes Públicos, también da urticaria. Este, seguramente sea uno de los sapos que haya que besar en el camino para recuperar el orden republicano. Como no es mi decisión y sí lo es de la mayoría de nuestros representantes, estoy segura de que acceden porque no les es posible el “caída y mesa limpia” al que aspiran quienes nunca tuvieron que convivir con un problema y fantasean que todos se pueden eliminar de raíz.
Pero ese mismo párrafo nos regala una pequeña satisfacción: habla de “la fórmula que puede asegurar un acuerdo político perdurable que ofrezca garantías para ambas partes” y cuando dice ambas partes, disuelve el argumento sátrapa según el cual hay varias oposiciones. La verdad es que puede haberlas, pero una sola es mayoritaria y goza de representatividad: la que aprueba este Acuerdo.
La necesidad de adecuar el sistema de las instituciones para acudir a un proceso electoral, también justifica lo dispuesto en la “Ruta Política Integral”. Dicho de esta manera, podemos descansar de aquel otro cántico vacío “¡¿con-ese-ce-ene-e?!” que es una nadería al lado de “¡¿Con-ese-te-ese-jota?!”
La necesidad de incorporar a la Fuerza Armada Nacional, a las instituciones, universidades y grupos de la sociedad civil para lograr “un ambiente de convivencia y edificación de un plan de desarrollo futuro para Venezuela”, es un fundamento político que ofrecer anclaje al Plan País; una iniciativa que se sigue construyendo a pulso y más lentamente de lo que me gustaría.
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Finalizan los fundamentos con la corroboración de que, el 7 de agosto, fue la dictadura quien abandonó el mecanismo de Oslo. Una obviedad necesaria para contraponerla a la mentira oficialista.
Así llegamos a la parte dispositiva. Los artículos del acuerdo reivindican la legitimidad de la Asamblea Nacional como el único organismo en capacidad de llegar a un acuerdo que permita “elecciones presidenciales libres y transparentes” (no dice parlamentarias), con lo cual desplaza la iniciativa pretenciosa de “un pequeño grupo marginal de políticos” (como los llamó el Departamento de Estado de Estados Unidos) de otorgarse representatividad a través de un acto complaciente en la Casa Amarilla.
También confirma su interés en amainar la crisis humanitaria compleja (que es imposible de vencer hasta la llegada de un Gobierno democrático) y reconstruir al país.
En el artículo tercero aparece el “Acuerdo Político Integral”, que es el que ha sido propuesto por la coalición democrática ante Noruega y que implica “la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos los venezolanos; para lo cual se requiere de un nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercido de sus competencias constitucionales, así como el establecimiento de un Gobierno de transición que conduzca al país y garantice este proceso”.
Para muchos ha sido imposible reconocer el 1, 2, 3, cuando se enumera 3, 2, 1. Más grave, no logran ver la concurrencia necesaria del “Gobierno de transición” con el “cese de la usurpación”, como si la dictadura pudiera existir durante la transición.
Un artículo aparte reconoce que el problema no es sólo el Poder Electoral y plantea la renovación de los Poderes Públicos “lo que implica el nombramiento de los titulares del Poder Ciudadano, Poder Electoral y Poder Judicial, a través de los procedimientos constitucionales vigentes que otorgan esta facultad a la Asamblea Nacional para su correcta designación”.
Para que nadie lo tome como una excusa, ratifica -¡por enésima!- la defensa del Esequibo y advierte que esta está incluida en el “Acuerdo Político Integral” presentado en las negociaciones.
Finalmente reconoce el llamado de la comunidad internacional a buscar soluciones dentro del proceso noruego, les agradece su colaboración y nos pide apoyo a todos.
La Ruta y el Acuerdo no contradicen el slogan, sólo requieren de flexibilidad mental. Lamento la tendencia facilista para público no pensante que adoptó Guaidó, pero también entiendo que no toda la población tiene capacidad para apreciar matices hasta que comprenda que para recuperar su casa podría verse obligado a dejar que el secuestrador se lleve las lámparas, la nevera y alguna cosa más.
Mientras se discuten esas nimiedades, mi ruta es apoyar a la coalición democrática mayoritaria hasta lograr el retorno de la democracia, para poder exigir a unos nuevos gobernantes la reinstitucionalización de la República. ¿La suya?
