La salud inaccesible, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
Si algún bien se aprecia mucho más luego de la pandemia, es la salud y sobre todo, en la población vulnerable. La salud es un derecho humano cuyo acceso y disfrute, debe garantizar el Estado. No obstante, Venezuela dista mucho de presentar un balance positivo en la materia. Y sin negar la indiscutible alternativa que representa el mercado de los seguros privados, no es un secreto que sólo un sector reducido cuenta con el dinero suficiente para comprar las pólizas con amplia cobertura.
Las pólizas de salud exceptúan generalmente a las personas adultas mayores, las enfermedades preexistentes y una serie de variables que reducen la inversión de la empresa aseguradora, trasladándose a la persona usuaria el costo de determinados servicios o rutinas de evaluación complementaria (exámenes o estudios adicionales). De esta forma, se encarecen los costos para la gente que además de requerir la atención médica, debe pagar lo que no cubre el seguro.
En esta circunstancia, un sector que resulta favorecido por las carencias del sistema sanitario público es la prestación del servicio privado de salud y las empresas aseguradoras. En 2021, con vista de la elevación en las ventas de las pólizas de salud, especialistas en el área referían la caída en los seguros para vehículos, que llegaron a un piso simbólico de mercadeo y comercialización. El “lomito» asegurado es la salud.
En correspondencia con ello está el desarrollo de la medicina en casa, que no es otra cosa sino el traslado de los cuidados auxiliares básicos de enfermería y de atención médica y sanitaria, al domicilio de la persona afectada en su salud. Este servicio, individualizado y exclusivo, no se paga con los salarios mínimos devengados en Venezuela, ni siquiera con sueldos de personas profesionales pues no alcanzan, sino que se sufragan con las altas ganancias de algunos empresarios bendecidos por el gobierno o con las remesas provenientes de familiares que viven como migrantes en el exterior. Es decir, el grueso del pueblo trabajador no tiene para pagar este tipo de atención personalizada.
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El circuito de intercambio comercial es muy amplio. Desde la industria farmacéutica, pasando por los laboratorios que realizan los exámenes y análisis, la compra y venta de los reactivos, pruebas test, transporte, logística de mercadeo, entre otros tramos de un potente negocio, hasta llegar a la empresa que dispone del personal e infraestructura sanitaria capaz de brindar la asistencia médica requerida, pocas veces se encuentra a un organismo público fiscalizador. Un ente público auditor de la calidad del servicio privado de salud, en cualquiera de sus niveles, ¿Dónde estará? Es decir, se conoce su nombre, más no se percibe su accionar.
De otra parte, cualquier persona podría no exigir calidad en el sector privado y conformarse con lo que hay, porque no funcionan bien los hospitales públicos, ni han tenido éxito real las políticas públicas de salud (Barrio Adentro I, II, III o IV).
Las enfermeras y los médicos se siguen quejando por bajos sueldos en el sector público, y por las cada vez peores condiciones de trabajo existentes, entre ellas, la falta de agua, electricidad y quirófanos y camillas adecuadas para las áreas de emergencia y hospitalización.
Las personas jubiladas de cualquier ente público de la administración central o descentralizada, empresas públicas, fundaciones, institutos autónomos, organismos de autonomía funcional como el poder judicial, ciudadano, legislativo, electoral, así como de gobernaciones y alcaldías, deben conformarse con las coberturas de las pólizas auto administradas, o en el mejor de los casos, con las coberturas contratadas a las empresas aseguradoras. En el caso de las personas pensionadas por el IVSS, siguen el ya conocido vía crucis de la desatención en materia de salud.
Las cifras de acceso a la salud pública siguen el mismo camino del presupuesto nacional: hace años se desconocen datos oficiales. No hay estadísticas de fuentes gubernamentales y los estudios sobre el alcance de la seguridad social siguen sustentándose en herramientas de investigación alternativa. Más allá del tema numérico, pues la salud del pueblo es algo más que dígitos, la verdad verdadera es que se trata de un derecho a reclamar en la calle, día tras día
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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