La tómbola de jueces, magistrados y ministros en México, por Ernesto Hernández Norzagaray
La Real Academia de la Lengua Española define tómbola como una «rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos». Es decir, la acepción no compromete a cargos públicos, sino que, simple y llanamente, se refiere a un ejercicio en el que están en juego unos objetos o bienes sujetos al azar.
Así, la palabra tómbola tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo.
En cambio, los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros son algo racional; en ellos están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de inmediato los sitúa lejos del gozo de ganar un muñeco o un florero. Y es que a estos servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados para que, conociendo la ley, impartan la justicia indispensable en toda sociedad democrática.
Esa es la constante en la carrera judicial y, por lo tanto, es algo vinculado a la vocación, a la preparación académica, a la honorabilidad profesional y, sobre todo, a un alto sentido de la justicia para que los procesos judiciales no dependan de las afinidades políticas o económicas que pueda haber en un régimen de separación de poderes. Para muchos esta ha sido la mayor debilidad y el insumo para hacer esta reforma.
Y eso, lamentablemente, ya empezó en México con la reforma constitucional en materia judicial, que tiene como producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó qué cargos judiciales estarán en una tómbola en 2025 y 2027.
En los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular de Morena, una parte son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que, frecuentemente, personas que se registran para competir pasivamente en el proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores. Se desecha así la profesionalización política para dar paso a la improvisación, lo que tiene un alto costo para las instituciones.
Morena compró este mecanismo de selección al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país latinoamericano —y, quizás, todavía el único en el mundo— que selecciona a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto popular.
Y esto ha provocado un debate intenso sobre los efectos que tendrá este sistema sobre la impartición de justicia. Sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo.
Ya existe un calendario que tiene marcadas cada una de las fechas fatales hasta llegar a principios de septiembre de 2025, cuando los elegidos por voto directo tomarán potestad de sus cargos tanto en lo federal como en lo estatal.
Y comenzará una nueva etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo que significa una aberración en un sistema republicano de separación de poderes.
Además, si a esta reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional con el que sobreviven las minorías políticas, estamos a las puertas de la creación de un partido hegemónico que, como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder con una oposición testimonial e irrelevante.
Es decir, estamos ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se clasifica como dictablanda y que, muy pronto, podría poner en jaque las libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de violencia que existe en regiones completas del país y exige la intervención de la temida manu militari.
Cárteles poderosos, tanto o más que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial, han activado las alertas porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio, como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su servicio.
Y a pesar del llamado nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, se siguen dando pasos en esta dirección de acuerdo con un calendario claramente establecido. Si no hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el último tercio del 2025.
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En definitiva, la tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado, que es que México está, no hay que dudarlo, en un cambio de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen, porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la transición a la democracia, pero sí del viejo régimen priista a otro donde, tras avanzar como sociedad en la construcción de contrapesos institucionales, estos, al menos en el corto plazo, ya no existirán.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
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