La valija del enviado, por Javier Ignacio Mayorca
Los defensores de Alex Saab revelaron el contenido de una carpeta confidencial, en su afán por darle sustento al estatus diplomático del extraditable
Twitter: @javiermayorca
Ese jet en el que iba Alex Nain Saab nunca debió aterrizar en Cabo Verde.
La aeronave Bombardier siglas T7-JIS había despegado de Maiquetía rumbo a Irán y, de acuerdo con el abogado del comerciante colombiano, José Manuel Pinto, la escala para repostar combustible debía hacerse en Marruecos, con Argelia como segunda alternativa.
«Pero ambas jurisdicciones negaron el permiso para aterrizar el avión, dejando a Cabo Verde como la única opción», dijo el litigante.
Pinto es un hombre de prestigio en el archipiélago africano, ubicado frente a las costas de Senegal. Desde 1985 ha alternado su ejercicio en el mundo de las leyes con posiciones burocráticas, como el viceministerio de Comunidades, con lo que debía tener contacto permanente con la diáspora de ese país, en Portugal, Estados Unidos, Macao y la Unión Europea.
De acuerdo con el relato que consignó en marzo de este año ante la corte del Distrito Sur de Florida, Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 por agentes de la policía judicial del archipiélago. En el mismo procedimiento, los efectivos hurgaron en la cabina del jet.
Y encontraron el maletín del extraditable
Pinto comenzó a moverse en la defensa de Saab desde el día siguiente. Sin embargo, pasarían semanas hasta que tuviera acceso al expediente elaborado por las autoridades caboverdianas, con motivo de la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero procedente de contratos con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Según la acusación que reposa en los juzgados norteamericanos, Saab presuntamente legitimó 350 millones de dólares mediante transferencias que pasaron por la banca estadounidense, procedentes de sobornos y sobreprecios en programas como la construcción de viviendas de interés social y la importación de alimentos para las cajas CLAP. En el mismo expediente fue encausado su socio, Álvaro Pulido.
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Al día siguiente de la detención, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, remitió al gobierno de Cabo Verde una carta en la que calificaba a Saab como «representante» de Venezuela, con el fin de «garantizar la provisión humanitaria de insumos médicos, medicinas y alimentos para nuestro país en el contexto de la pandemia por el covid-19», lo que en su criterio le confería «inmunidad soberana».
La carta no mencionaba el destino del viaje emprendido por el colombiano. Para Pinto, esa interrogante quedaría definitivamente dilucidada una vez que le entregaron los informes con lo encontrado en la valija.
El «enviado especial»
El gobierno venezolano y el equipo de defensores del extraditable comenzaron a moverse en todos los planos para corroborar su versión de que se trataba de un personaje inmune a la persecución estadounidense. Y así lograr que Saab recobrara la libertad.
Con el pasar de las semanas, cambiarían la caracterización de «representante» a la de «enviado especial». Así lo corrobora una carta enviada por la embajada de Irán en Senegal a la cancillería del archipiélago: «El Sr. Alex Saab, enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (…) es considerado como figura oficial por el gobierno de la República Islámica de Irán».
¿Qué propósito tenía el viaje del empresario barranquillero?
Cuando ya pasaban más de 40 días de detención, Pinto visitó a su cliente por primera vez. La pandemia había retardado este contacto inicial. Además, el abogado estaba residenciado en la capital, Praia, mientras que su cliente permanecía en una celda de otra isla, Sal.
Luego de esta entrevista, el asistente de Pinto, Floriano Mandi, recibió la valija del enviado de las autoridades penitenciarias con todo lo incautado en el jet Bombardier. Estas pertenencias las llevaron al hotel Odjo d’Agua, donde Pinto sentó su despacho a partir de ese momento.
El principal contenido de la valija, a los ojos de la defensa, era un conjunto de cartas entregadas a Saab por altos representantes del gobierno venezolano. Las misivas fueron remitidas a Estados Unidos y reposan en el expediente judicial.
En una de ellas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se dirige al ministro de Agricultura iraní, Kazam Khavazi, con una invitación a Venezuela para «consolidar las relaciones de cooperación y amistad de ambas naciones».
La segunda carta, como la primera, estaba fechada 1 de junio de 2020, es decir, 11 días antes de la detención de Saab. Fue remitida a Sadegh Kharazi, asesor de la vicepresidencia iraní, y también consistía en una invitación para visitar Caracas en fecha indeterminada.
En el mismo paquete de correspondencia estaba una firmada por el mandatario venezolano para su par iraní, el ayatolá Alí Jamenei, con fecha 11 de junio. Fue lo último que le entregaron al «enviado especial», poco antes de subirse al jet.
«Acudo a usted a través del portador de esta carta, para invocar su intervención a fin de garantizar un nuevo envío urgente de cinco millones de barriles de gasolina para el mes corriente. La llegada de los buques de gasolina iraní ha significado un hito histórico en nuestras relaciones bilaterales y selló decididamente el amor del pueblo venezolano por Irán», manifestó, en referencia a los primeros envíos de hidrocarburo, para paliar una fuerte escasez.
La carta tenía otra petición: «…Solicito su valioso apoyo para concretar el envío mensual y periódico de gasolina a Venezuela durante un año». El pago por esta negociación sería acordado mediante «mecanismos de financiamiento que definan los equipos de ambos países».
A pesar de haber sustentado sus alegatos con estas cargas, el argumento de Pinto no fue acogido por los tribunales de Cabo Verde, donde se ventila el juicio de extradición. Tampoco en Estados Unidos, donde Saab es apenas un «fugitivo» y carece de privilegios diplomáticos.
Breves
-La declaración del director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, sobre el inicio de «conversaciones» con la banda dominada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, ha causado estupor al interior de los cuerpos de seguridad. No es la primera vez que esos entendimientos se dan de forma discreta. Prueba de ello han sido el extinto programa «zonas de paz» y la prolongación del pramato en los internados judiciales. Pero nunca antes un funcionario de esta jerarquía hizo una admisión pública en este sentido, aun si el propósito de esta negociación es algo aparentemente loable, como que los delincuentes «depongan sus armas». Esta situación ha agudizado los enfrentamientos en distintos foros entre funcionarios activos y retirados. Este fue el caso de la llamada Red de Lucha contra el Hampa. Esta semana, el exjefe de Antiextorsión y Secuestros y exdirector de la policía de El Hatillo, comisario Sergio González, anunció que abandonaría el chat —que tiene más de 220 miembros—, luego de una discusión con el administrador, abogado Carlos Figueiras Rua, y con el actual jefe de Investigaciones Penales de Cicpc, comisario general Juan Peñaloza, entre otros. Aunque el foro pareciera destacar un espíritu de oposición a los grupos al margen de la ley, muchos de sus integrantes manifestaron acuerdo con el anuncio del máximo jefe de Cicpc. González los criticó por esa decisión y les indicó que con el hampa solo se negocia cuando es una situación de rehenes. El exjefe de Antiextorsión confirmó lo sucedido.
-Esta semana se cumplen dos años del fallido alzamiento del 30 de abril. El tema pareciera un tabú para los opositores, en especial los del ala dura, que no admiten su fracaso. Mientras tanto, desde el oficialismo aprovechan para imponer una narrativa que padece de severas omisiones. Desde el exilio, el general de brigada retirado del Ejército, Antonio Rivero, sostiene que el grupo de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, efectivamente había logrado el respaldo del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, y del presidente del Tribunal Supremo, abogado Maikel Moreno, así como de una parte importante de la jerarquía del principal componente armado del país. La idea era dar un «golpe incruento» que desencadenara la salida del presidente con la menor cantidad posible de bajas. Según su relato, los planificadores cometieron el error de dejar por fuera a Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción de la Academia Militar (1987) estaban en importantes posiciones en la Fuerza Armada. Entre ellos, el mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, quien para ese momento comandaba la Redi Capital. Rivero aseguró que este oficial puso al tanto a quien entonces presidía la Asamblea Nacional Constituyente, lo que transmitió al resto de la FAN una noción de incertidumbre. Esto fue suficiente para que los militares desistieran del plan para sacar a Maduro. Para el exdirector de Protección Civil, será muy difícil que se produzca nuevamente una conjunción de jefes de inteligencia y de poder armado con el propósito de deponer al mandatario.
Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
