La victoria de la Asamblea Nacional, por Américo Martín
Autor: Américo Martín | @AmericoMartín
La plena verdad del estado de derecho está en el principio de legalidad, línea divisoria entre el sistema de leyes y el de fuerza. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Nadie está fuera de su alcance ni sobre ella. Donde no reina la ley se entronizan la oligarquía del poder, la fuerza, la concentración del mando en un solo puño, sin contraloría, sin fiscalía, sin contrapesos institucionales o de opinión. Rota la independencia de los poderes se impone la dictadura.
La realidad de los hechos evidencia, no obstante, que los presidentes se las ingenian para burlar la ley con la mayor impunidad que puedan. Pese a todo, la distinción puede en general darse por válida a la vista del destino de algunos de los más poderosos. Pensemos en Pinochet, Lula, Kirchner, Pedro Pablo Kusinsky, Toledo, Fujimori.
No hay dictaduras puras. En muchos espacios su ofensiva arrolladora ha podido ser detenida y hasta revertida. Ese grado de “impureza” es lo que ha dado margen a discusiones indebidas acerca del sistema actual del país. Puesto que subsisten reductos de autonomía, algunos prefieren hablar de “semidictadura” o “neodictadura”. Pero los espacios de autonomía están ahí no por gracia del modelo madurista, sino porque en ellos ha sido repelido por la sociedad organizada. Si se dejaran a la buena de Dios serían ocupados inmediatamente por el poderoso rival. En la atmósfera y en la Política no hay espacios vacíos. Cuando aparecen, son ocupados por vientos huracanados o huracanes humanos.
El principio de legalidad es imperativo. Puesto que para el gobierno la ley no existe, la borra sin más del mapa y cuando no puede hacerlo, opta marrulleramente por “acatarla” sin el menor ánimo de cumplir. En consecuencia, la batalla por la democracia pasa por hacer respetar la Constitución y apoyar sin circunloquios a la AN.
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La ley la dicta el Parlamento. Es el más importante de los poderes, razón por la cual controla la Administración Pública Nacional. Con inconmovible mayoría opositora está habilitada para encabezar el anhelado cambio
Goza de la legitimidad del sufragio y la del reconocimiento universal, mientras la pomposa ANC es mundialmente rechazada. Por esas sólidas razones, la Asamblea es el único de los Poderes no plegados al gobierno, plenamente aceptado. Es el cauce probable del cambio democrático. Si el gobierno dimitiera –imaginemos esa hipótesis- la AN llenaría el vacío hasta la elección presidencial conforme a la colaboración entre los poderes contemplada en el artículo 136 constitucional.
El país, el mundo, han tenido oportunidad de reflexionar sobre la enorme victoria obtenida por la Asamblea el 17 de abril. Los dos diputados colocados por el gobierno para manchar el acto, ayudaron por mampuesto a enaltecerlo. Al pedir votación individual se obligaron a escuchar 105 veces lo que no hubieran querido oír ni una.
Si mi admirado Ramón Velásquez organizó una incruenta consulta electoral en pocos meses, el Parlamento que se ha ganado el respeto de todos podrá repetirla también e impulsar a Venezuela hacia la libertad, la democracia, la prosperidad. Una nación que todo lo merece y todo le han arrebatado
