Lacava demanda a directores de Provea y del Centro Gumilla por supuesta «difamación»
El coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, expresó que la supuesta “difamación” contra el gobernador Rafael Lacava “es por exigir la determinación de responsabilidades” en las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el estado Carabobo
El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por supuesta “difamación agravada y continuada” al coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, y al sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de la ONG Lupa por la Vida.
Así lo dio a conocer este lunes 16 el mismo Marino Alvarado a través de su cuenta en la red social de Twitter.
La demanda del mandatario regional fue hecha meses después que ambos defensores de derechos humanos denunciaran las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía de Carabobo, la cual calificaron de ser una de las más letales de Venezuela con 221 víctimas de presuntas ejecuciones durante el año 2021, por lo que solicitaron que se investigue al gobernador Rafael Lacava.
El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el pasado viernes 13 de mayo las boletas mediante las cuales notifica a Alvarado e Infante sobre la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez, en representación del gobernador.
Los defensores de derechos humanos son acusados de “la comisión del delito de difamación agravada y continuada, previsto y sancionado” en el Código Penal.
“El día de hoy, 16 de mayo, hemos recibido una notificación de un tribunal penal del estado Carabobo, de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gumilla, y otro contra mi persona”, expresó Alvarado, a través de un video publicado en Twitter.
Provea exige investigación
Marino Alvarado expresó que la supuesta “difamación” contra el gobernador Lacava “es por exigir la determinación de responsabilidades”.
“Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo. La policía estadal de Carabobo es la más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación a los derechos humanos, y debe investigarse a los autores materiales y las cadenas de mando”, dijo Alvarado.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
Alvarado señaló que la denuncia de Lacava pareciera una política de Estado “de no investigar a quiénes pudieran tener la mayor responsabilidad”, al tiempo que aclaró que nunca señalaron al Gobernador como responsable, sino la petición de investigar su presunta responsabilidad.
En ese sentido, el coordinador de Provea pidió a la Defensoría del Pueblo que colabore con el Ministerio Público para investigar estos casos que, según la investigación antes mencionada, registran 1.414 presuntas ejecuciones en 2021 y 3.034 en el año 2020.
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Asimismo, precisó que esta nueva amenaza “es la consecuencia de ser exigentes en materias de derechos humanos”.
“Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad”, manifestó.
“En paz con mi conciencia”
Por otro lado, el sacerdote jesuita Alfredo Infante manifestó encontrarse “en paz con su conciencia”, pues tanto él como Marino Alvarado no “han hecho otra cosa que defender el derecho a la vida”.
“Especialmente de los jóvenes de nuestros barrios que son víctimas de una alta letalidad por parte de los operativos policiales (…) El Señor Marino Alvarado y mi persona hemos exigido se investigue las elevada cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 1414 en 2021, todas de jóvenes de sectores populares. Si callaramos esta injusticia y el dolor de tantas madres, estaríamos en pecado mortal. Es, pues, también, para mí, un asunto de conciencia y de fe», expresó.
especialmente de los jóvenes de nuestros barrios que son víctimas de una alta letalidad por parte de los operativos policiales. El Señor Marino Alvarado y mi persona hemos exigido se investigue las elevada cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 1414 en 2021,
— Parroquia San Alberto Hurtado (@ParroquiaSanAl4) May 17, 2022
