Las «autosanciones», por Luis Manuel Esculpi
Autor: Luis Manuel Esculpi | @lmesculpi
En su más reciente rueda de prensa la Presidenta del Consejo Nacional Electoral calificó de falta electoral el «desestimulo del voto» añadiendo que está sujeta a sanción, por estar sancionada por las leyes venezolanas. Afirmación carente de veracidad, porque esas supuestas faltas no están contempladas en la normativa legal que rigen los procesos electorales, ya que en Venezuela no existe la obligatoriedad del sufragio.
Lo más llamativo de tal declaración es que proviene de quien preside un supuesto Poder que ha cedido sus atribuciones a la voluntad del ejecutivo, que no cumple con las disposiciones constitucionales y de la ley que rige los procesos electorales. Es así como la Constituyente ilegítima ha convocado procesos electorales, que cuando ella misma fue electa no se garantizó el principio de «un elector un voto», posibilitando que el gobierno se garantizará anticipadamente la mayoría en esa Asamblea ilegítimamente. Un CNE que viola de manera flagrante lo establecido en el numeral 10 del artículo 293 de la Constitución nacional que establece: «Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional».
En esa misma comparecencia ante los medios de comunicación la Rectora afirmó: «todo lo que fue incluido en el acuerdo de Santo Domingo y Caracas, el CNE lo ha cumplido…le hemos dado seguimiento para cumplir con todos los acuerdos entre gobierno y oposición». Como acostumbran decir los abogados es público, notorio y comunicacional, que en Santo Domingo la oposición no firmó ningún acuerdo, lo que a su vez provocó la reacción airada de Jorge Rodríguez, quien Tibisay conoce bien porque estuvieron juntos en el órgano electoral. Esa declaración constituye una tacita confesión que el organismo por ella presidido, no hace otra cosa que cumplir con los mandatos provenientes de la cúpula gobernante.
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Es necesario recordar que todas las exigencias de la oposición en República Dominicana estaban remitidas al cumplimiento de la ley en materia electoral, es más el acuerdo que redactaron los Cancilleres –incluso los propuestos por el gobierno– se inscribían en esos propósitos y la representación gubernamental se negó a firmarlo.
La empresa encargada de suministrar la plataforma tecnológica y de servicios al CNE, informó después de la «elección» de la ilegítima constituyente, que la data de participación fue manipulada y que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojaba el sistema era «al menos de un millón de votos».
Otro hecho que no se puede dejar de lado es la comprobación del fraude en el estado Bolívar, región prioritaria para el gobierno por la existencia del denominado arco minero, la apelación del Gobernador electo, no ha recibido repuesta y entre tanto ejerce el cargo un usurpador.
Si a eso añadimos la desinformación, el invento de la ilegal revalidación, la inhabilitación de partidos políticos y el cambio caprichoso y de última hora de los centros de votación, al lado del comportamiento general de la mayoría del organismo electoral, podemos concluir que el ente que propicia activamente la desconfianza en el voto y no auspicia la participación de los electores, es precisamente el que debiera fomentar esa participación.
Al margen de la actual controversia en el seno de la oposición en torno a la participación en los comicios convocados de manera precipitada para el mes de mayo, la sola narración de algunas de las irregularidades (no son todas) y las «faltas» cometidas por las damas que integran el CNE, al no propiciar la participación sino por el contrario desfavorecerla, de ser cierta la amenaza de sancionar el «desestimulo», las primeras sancionadas debieran ser ellas. En otras palabras así como una vez se popularizó lo del «autosuicidio», ahora se pondría de moda lo de las «autosanciones».
