Las cadenas censuran, por Luisa Torrealba Mesa
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe en sus forma clara y directa la censura, en sus artículos 57, 58 y 143, en los que garantiza, además, el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación libre y plural.
A pesar de estas garantías constitucionales el gobierno nacional ha implementado una política de opacidad y restricciones a la libre expresión, que se ha expresado en un marco normativo contrario a la Constitución que posibilita la censura, la implementación de sanciones o procedimientos administrativos, acciones judiciales que derivan en sentencias prohibitivas y presiones económicas, como la negación de divisas para la adquisición de papel periódico que ha ocasionado el cierre, temporal o definitivo, de más de 30 impresos venezolanos, desde el 2013.
A estas acciones se suma el uso abusivo de los medios de comunicación del sector estatal, los cuales son gestionados como brazos propagandísticos del partido de gobierno y violentando los principios de pluralidad, equidad, inclusión, calidad, diversificación e independencia, que deben prevalecer en auténticos medios de comunicación de servicio público, según la Unesco.
Los medios estatales niegan la posibilidad de darle voz a los distintos actores sociales del país y dedican algunos de sus espacios para exponer al escarnio público a ciudadanos que no siguen la línea política del gobierno nacional, con acusaciones que violan el derecho constitucional a la reputación y a la privacidad y además vulneran las garantías al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 48), cuando divulgan conversaciones telefónicas y digitales.
El uso abusivo de las cadenas
Por otro lado, está el recurso de las cadenas oficiales y obligatorias de radio y televisión. Se usan de forma sistemática, la duración de las mismas es discrecional, pueden variar desde 10 minutos hasta 8 horas, tienen un sustento normativo en la Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión y Medios Electrónicos, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la regulación de las televisoras nacionales que transmiten por servicios de suscripción.
Esta situación jurídica, concebida así, reúne las características de una política gubernamental, más no se trata de una política pública de comunicaciones, que defiende la libertad de prensa y expresión, porque no partió de un diagnóstico, no fue concebida para la solución de un problema con una perspectiva de largo plazo y no incorporó en su concepción a la ciudadanía. Tampoco respeta el derecho que tienen las empresas comunicacionales de obtener ingresos que les permitan su sustento por la vía publicitaria. Se trata pues de una estrategia unilateral del gobierno que intensifica la censura.
La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la OEA, señala que “la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”
Sin duda, el uso abusivo, propagandístico y prolongado de las cadenas de radio y televisión constituyen violación a la libertad de expresión, por cuanto niegan el derecho a la pluralidad informativa, garantizada tanto en la Constitución Nacional como en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, restringe el derecho de los ciudadanos a buscar información y de obtenerla por cualquier vía.
Cuando la red nacional de radio y televisión es tomada por una cadena, los ciudadanos no tienen alternativas dentro del espectro radioeléctrico nacional. Se viola también el principio constitucional de la oportunidad informativa, ya que los ciudadanos no tienen posibilidad de enterarse de forma inmediata sobre algún hecho relevante que sea de interés público.
Ese tipo de abusos ocurren de forma permanente y avasallante. Un registro de las cadenas de radio y televisión llevado por la organización Monitoreo Ciudadano, conocido como Cadenómetro señala que durante 2017 hubo 401 transmisiones en cadena, con una duración total 250 horas, 26 minutos y 58 segundos. Tiempo que equivaldría a 10 días continuos de transmisión ininterrumpida. Sin duda es un mecanismo de imposición arbitraria de contenidos cuyo núcleo central está conformado por mensajes de propaganda y descalificaciones para los que tengan una postura crítica hacia el gobierno nacional.
Las cadenas sirven como estrategia para el ocultamiento deliberado de información de interés público, como el índice de inflación, la escasez de alimentos y medicinas, la crisis hospitalaria, el registro de personas asesinadas y la corrupción, entre otros. Mientras se profundiza la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, los bailes, recorridos de Nicolás Maduro a bordo de un autobús, visitas de estrellas de Hollywood, o de ídolos mundiales del fútbol, las recurrentes designaciones y cambios ministeriales, o el lanzamiento de ineficaces “planes” económicos o cambios en las políticas cambiarias y monetarias, copan los espacios de la radio y la televisión, mientras la realidad es tan contundente en la calle, que devela la crisis que padecemos los ciudadanos.
Cada vez que hay una cadena se cercena el derecho de los ciudadanos de conocer lo que está ocurriendo, se oculta la crisis que vive el país, mediante propagandas que intentan mostrar una inexistente situación de normalidad, se viola el principio de pluralidad. Se impone una censura, que es apenas un síntoma de la grave situación del país.
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Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública”.
En síntesis, en Venezuela la política gubernamental de propaganda, cuya punta de lanza son las cadenas nacionales de radio y televisión, cercena el derecho a la libertad de expresión. El rescate de la democracia supone la defensa de la las libertades, el debate de ideas y el respeto de los derechos humanos
Periodista, Profesora e Investigadora Ininco, de la UCV
