Las cárceles de Chávez, por Teodoro Petkoff

Cada cierto tiempo la violencia carcelaria, con su carga de muertos y heridos, sirve para recordarle al país la distancia sideral que existe entre el discurso chavista y su práctica.
Chávez heredó una crisis carcelaria, pero cuatro años después ya la crisis es suya, de la Quinta República. Cuatro años (que son los que en verdad tiene Chávez “gobernando” ) son más que suficientes para haber enfrentado y resuelto el colapso del sistema penitenciario nacional. Aquí no se está frente a uno de esos problemas cuya solución está asociada a un largo proceso de maduración, sino ante un asunto que requiere tan sólo una idea clara de lo que hay que hacer (que, por lo demás, ya existe, porque en materia penitenciaria no hay que inventar el agua tibia) y la determinación administrativa de ponerse a trabajar para materializarla. Alguna gente habría esperado de un gobierno como este una acción seria y sostenida en aquellos escenarios que para otros son marginales: niños de la calle, reformatorios para adolescentes, indígenas, ancianos, enfermos y presos. No ha sido así. Su comportamiento ha sido aún más desaprensivo e insensible que el de sus predecesores. En las cárceles ahora todo es peor que hace cuatro años.
Nuestra compañera Aliana González entró ayer a la cárcel de El Rodeo y en la página dos cuenta lo que vio y lo que oyó y mañana continuará.
Es un mundo de horror donde lo primero que llama la atención es la inexistencia de una definición de política carcelaria.
Las cárceles continúan siendo simplemente unos recintos para hacinar presos, vigiladas por un cuerpo armado que sólo utiliza el lenguaje de la violencia y de la corrupción en su relación con aquellos. ¿Cómo explicar la existencia de armas de fuego, incluyendo escopetas, en manos de los reclusos? ¿Cómo entran? ¿Quién las proporciona? En pocos países del mundo podría ser noticia una balacera entre presos en un penal. Eso es inconcebible.
Aquí es corriente y ya ni sorprende.
Pero esta aberración no sería posible sin la complicidad, la tolerancia y la corrupción de los encargados de vigilar las cárceles. La Guardia Nacional estaría obligada a dar una explicación sobre este turbio asunto.
Lo que favorece la persistencia de este drama es que para la sociedad en su conjunto no es tal. Por eso Chávez actúa como sus predecesores. No existe una presión social que comprometa al gobierno a hacer frente a este problema.
Desgraciadamente, es al revés. De modo suicida, la sociedad bienpensante cree que los reclusos merecen el infernal sistema penitenciario existente; que ese es el castigo por sus fechorías. Por eso los gobiernos han permitido la degradación del sistema penitenciario. Este no ha sido prioridad nunca. Tampoco lo es para el gobierno de Chávez. Y ya se ve que su propia conciencia y sus supuestas convicciones sociales no van más allá de la paja del discurso. Se puede estar completamente seguro que una noticia como la de doce muertos en Yare no debe haber merecido el más mínimo comentario en las alturas del poder.