Las claves de la histórica condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable este lunes de soborno de testigos y fraude procesal por un juzgado en Bogotá. ¿Qué sigue?
Tras 475 días de juicio, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable este lunes 28 de julio de delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tras determinar su participación en la manipulación de testigos a través de su abogado, Diego Cadena.
La lectura del veredicto, que duró cerca de once horas, estuvo a manos de la jueza Sandra Heredia, encargada de cerrar casi 13 años de proceso judicial contra el expresidente; “El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”, declaró la jueza este lunes.
A pesar de que Uribe siemprese declaró inocente y alegó ser víctima de una persecución política, este viernes se espera que se conozca la pena que deberá enfrentar. Aunque por su edad y su condición, el expresidente no ingresará en prisión sino que cumplirá arresto domiciliario. Con esta condena se pone fin a la era Uribe, pero también se marca un hito en la política al tratarse del primer jefe de Estado de la historia de Colombia en ser condenado.
Acto I. El fin de la era Uribe
Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín. De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Álvaro Uribe llegó al poder cuando Colombia se enfrentaba a una de sus mayores crisis internas con un árduo conflicto entre guerrilleros, paramilitares y las fuerzas del Estado. De hecho, el día de su posesiónlas FARC atacó con cohetes la sede presidencial. Ataques que se repetirían durante su mandato.
Recién llegado al poder, logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el enemigo público número uno de las FARC, a las que acusó de haber matado a su padre. De ahí que su principal batalla fuera acabar con las guerrillas.
«A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total», afirmó en 2003 Uribe para después, de la mano de Estados Unidos y con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzar una ofensiva sin precedentes contra las FARC.
Un plan que no le proporcionó toda la popularidad que el presidente imaginó, puesto que su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas. Bajo su mandato, fueron documentados más de 6.000 «falsos positivos», civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40 % se registraron durante su mandato.
Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. Aunque su carrera política no acabó ahí.
Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país «hasta el último día» de su vida. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.
Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.
Acto II. La condena
El expresidente Álvaro Uribe podría enfrentarse este viernes a una pena de hasta 12 años de prisión, aunque aún tendría bajo el brazo la posibilidad de apelar la condena.
Durante la lectura de la condena que duró algo más de once horas, la jueza Sandra Heredia encontró a Uribe culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos tras haber sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares. Heredia señala a Uribe como autor de la orden a terceros para manipular a testigos encarcelados con el fin de que declararan a su favor tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares por el senador izquierdista Iván Cepeda en debates en el Congreso en 2012.
Con la vista para la sentencia, se pone fin a 13 años de investigación y polémica. En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había «riesgos de obstrucción a la justicia». El expresidente estuvo detenido durante 66 días y en ese tiempo renunció a su escaño como senador en el Congreso.
Pese al fallo de culpabilidad, la jueza absolvió a Uribe en uno de los hechos de soborno al considerar que la defensa fue capaz de probar que no tuvo que ver con el traslado de una cárcel a otra a la exfiscal Hilda Niño Farfán, condenada por corrupción.
Este viernes se espera que el expresidente reciba la sentencia que podría condenarle a 12 años de prisión, aunque por su estatus y su edad, Uribe no pisará la cárcel, sino que podría cumplir arresto domiciliario.
Acto III. Las consecuencias
Las consecuencias de este fallo son ahora mismo impredecibles, puesto que Uribe en estos momentos se encuentra casi retirado de la política, aunque mantiene un importante peso en la derecha colombiana.
Aun así, esta condena ya es histórica. Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado de Colombia en ser condenado por la justicia, y sea cual sea la sentencia final, es un hecho que marca la historia de la política colombiana y sienta un precedente judicial.
Por la parte de la defensa, los abogados de Uribe aún pueden apelar y en última instancia pueden llevar a cabo un recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la resolución judicial ya ha generado polémica y tensión en Colombia. Del lado uribistas, algunos políticos calificaron la condena como el “fallo de la infamia”, al considerarlo arbitrario.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también mostró su apoyo al expresidente al considerar que su ”único delito” ha sido “defender su patria” e indicó que le preocupa que se esté instrumentalizando la justicia por parte de “jueces radicales”.
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