Las deudas del Estado venezolano sobre la tortura
Junio fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el mes de prevención contra la tortura. En 2019, Venezuela se enfrenta a la evaluación del Consejo de Derechos Humanos tras las reiteradas denuncias de violaciones graves de DDHH en el territorio
Las acusaciones contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyéndolo, por permitir torturas de forma intencionada o no contra la población que se identifica como opositora se han incrementado desde 2017. Las respuestas judiciales han sido insuficientes, al igual que la información sobre la actuación del Estado para disminuir esta práctica y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Estado venezolano ha respondido de forma tardía las reiteradas peticiones de organismos internacionales, por mandato de los convenios suscritos por la República en el pasado, para prevenir y sancionar estos delitos dentro del territorio.
Venezuela desde 1984 forma parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el artículo 22 que faculta al Comité Internacional contra la Tortura para recibir quejas individuales por presunta violación de los derechos contenidos en la convención.
A partir de 1991 es que Venezuela se incorpora como uno de los Estados parte del Comité contra la Tortura (CCT) y por tanto, está obligada a presentar informes periódicos sobre la situación de cumplimiento para la prevención y castigo de estos delitos dentro del territorio.
A pesar de su compromiso en cuanto a derechos humanos, incluyendo un capítulo completo dentro de la Constitución a partir de 1999, hay convenciones y protocolos que el Estado venezolano, particularmente desde ese año, no ha suscrito o ratificado pues aducen que las situaciones que se pretenden prevenir violan la normativa legal interna o sencillamente las autoridades no han querido.
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En el caso de prevención sobre la tortura, en 2002 se debía firmar el Protocolo facultativo del CCT que autoriza al subcomité para la prevención de estos delitos (compuesto por 25 personas) a visitar regularmente cualquier centro de detención situado en los Estados partes a los fines de prevenir la tortura y otros tratos crueles y obliga al Estado a establecer uno o varios mecanismos nacionales de prevención.
Pero no fue sino hasta 2011 que las autoridades del gobierno del entonces mandatario Hugo Chávez firmaron este Protocolo, que no ha sido ratificado hasta la fecha.
Venezuela también firmó tardíamente el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), un delito que se puede configurar con las detenciones arbitrarias y constituir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, debido a los múltiples derechos que se violan a los ciudadanos.
Venezuela en la mira
El Estado venezolano desde la ratificación de la convención y otros instrumentos de la ONU contra la tortura no se había enfrentado ante el Comité por denuncias de este tipo de delitos, cometidos en su mayor parte por cuerpos de seguridad bajo la omisión de las autoridades de Gobierno.
En noviembre de 2014, el Comité contra la Tortura cuestionó al país por la escalada de denuncias de estos supuestos delitos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos durante las protestas antigubernamentales. Era la primera vez en 12 años que Venezuela acudía a esta instancia.
José Vicente Rangel Ávalos, entonces representante de Venezuela ante el sistema de Naciones Unidas, llevó información oficial sobre 183 violaciones a los derechos humanos, 166 casos de malos tratos, y solo 12 funcionarios públicos condenados por violaciones a los DDHH en la última década, cuando en el mismo periodo hubo más de 5.000 denuncias sobre el tema.
El principal cuestionamiento que realizó el CCT al Estado fue a través de Jens Modvig, relator del informe sobre el país: «Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?».
Además, el relator Mogvid cuestionó qué garantías en respeto a los derechos humanos eran ofrecidas a las personas cuando no están oficialmente detenidas. “¿Si se alegan torturas sin estar en custodia se investiga?”.
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También se puso en duda la independencia de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, para ese entonces más de la mitad de sus integrantes eran representantes del Ejecutivo venezolano, además de la independencia de los médicos encargados de examinar a las víctimas y los servicios forenses.
Por último, el CTT exhortó a realizar cambios a la ley especial para prevenir y sancionar la tortura, promulgada unos meses antes de la presentación de Venezuela ante ese organismo, pues no estaba en sintonía con los establecido en la Convención y el Protocolo de Estambul.
El Comité exhortó además a Venezuela a extender una invitación al Relator contra la Tortura, pues no se había aceptado las peticiones de visita de los ocho relatores anteriores que lo habían solicitado. Desde entonces, se está en mora con la presentación del nuevo informe
Hasta el 14 de mayo, Venezuela tampoco había entregado el quinto informe periódico al Comité contra la Tortura, que está pendiente desde el 28 de noviembre de 2018.
Estado vs DDHH
El Comité contra la Tortura no ha sido la única instancia de la ONU que se ha ocupado de las denuncias sobre este tema. A partir de las protestas de 2014, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha levantando sendos informes, y se espera uno nuevo el 5 de julio, donde las acusaciones sobre la permisividad de torturas han tenido capítulos dedicados en esos documentos.
Los dos primeros informes que levantó Acnudh fueron realizados por iniciativa del entonces Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, y detallan un deterioro progresivo de los derechos humanos y que la impunidad por actos de tortura y malos tratos era predominante.
“Las autoridades no han investigado de forma rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas”, dice parte del informe.
El señalamiento más preocupante de los informes de la Acnudh, es que los casos que lograron documentar esos años sobre torturas y malos tratos a personas que estaban en centros de reclusión por haber expresado opiniones políticas o ejercer sus derechos humanos no son “incidentes aislados”.
“Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos que han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente un patrón de conducta”, sentencia el informe presentado en junio de 2018.
En septiembre del mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgió a la alta comisionada Michelle Bachelet para que entregue un informe sobre la situación de DDHH en Venezuela.
Durante la visita de la comisión técnica en marzo, Bachelet hizo un informe oral sobre lo que presentará el 5 de julio. Desde Ginebra, la Alta Comisionada dijo que “hay numerosos casos de personas que han sufrido tratos que vulneran la prohibición de la tortura. Instamos firmemente a que se investiguen y sancionen estos hechos, determinándose las responsabilidades en las fuerzas de seguridad y de los grupos armados civiles implicados en las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas”.
Bachelet también visitó el país entre el 19 y 21 de junio, y durante una rueda de prensa antes de abandonar Venezuela dijo que tienen “el compromiso expreso del Gobierno para que realicemos una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para evaluar los principales obstáculos para el acceso a la justicia en el país”.
La funcionaria de la ONU señaló que en reuniones con víctimas y sus familias, “su profundo anhelo de justicia por graves violaciones de derechos humanos se hizo dolorosamente claro. Espero sinceramente que nuestra evaluación, asesoramiento y asistencia ayuden a fortalecer la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela”.
