Las dos fiscalías, por Teodoro Petkoff
El Nacional de hoy publica una extensa nota sobre la supuesta confesión de uno de los detenidos por los homicidios de tres soldados y una joven que se habían vinculado a la plaza de Altamira. De acuerdo con esta declaración ante una jueza, los crímenes habrían sido cometidos por otras personas pertenecientes a la “seguridad” de la plaza (tres de las cuales ya están detenidas, además del declarante mencionado), por ordenes de unos oficiales de alto rango cuyos nombres son señalados. Pero el declarante dice mucho más. Acusa a personas vinculadas a la ya famosa plaza de haber colocado las bombas en las sedes diplomáticas de España y Colombia, así como en el edificio donde llegó a sesionar la Mesa de Negociación y Acuerdos. Esta declaración sobre los asesinatos coincidiría con las que dio para TalCual la joven sobreviente a la masacre, quien dejó claro que para ella los asesinos fueron personas vinculadas a la plaza (ver nuestra edición del 14 de marzo de este año).
La gravedad de esto no necesita ser subrayada y de demostrarse su veracidad el país tiene derecho a una amplia y completa información oficial y, sobre todo, a que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de los crímenes horrendos y de los actos terroristas. Dicho esto, sin embargo, habría que preguntarse por qué en otros casos las investigaciones policiales, dirigidas por la Fiscalía, no tienen ni la celeridad ni la eficiencia de este. Por ejemplo, en La Campiña, frente a Pdvsa, se produjo una emboscada que dejó un policía metropolitano muerto y varios heridos. De esa investigación no se sabe nada y a diferencia del caso de los soldados, del cual siempre se fue dando cuenta, este episodio sangriento ha sido tragado por el olvido procesal. O sea, la aplicación de la justicia sería tan sesgada y mediatizada por los intereses políticos del Gobierno como sesgado y mediatizado por intereses políticos contrarios ha sido el tratamiento de otros casos, entre otros el de los soldados, respecto de los cuales algunos se han apresurado a juzgar y condenar mediáticamente aun antes de que se hubieran iniciado las investigaciones.
Lo que decían de los antiguos romanos de la esposa del César, que no sólo debía ser honesta sino parecerlo, puede aplicarse también a la Fiscalía General de la República. No sólo debe ser honesta sino parecerla.
En nuestra tercera entrega sobre la actuación de la Fiscalía (ver página 7) se da cuenta de ciertos procederes respecto de los cuales cabe más de una sospecha y que tiene que ver con la capciosa circunstancia de que varios casos sensibles para el Gobierno han ido a parar -al decir de nuestras fuentes internas en el Ministerio Público, por extraña “coincidencia”, a manos del superfiscal Danilo Anderson, con resultados que parecen abonar la presunción de quiquirigüiqui. El emblemático caso de los pistoleros de Llaguno, no absueltos pero si liberados para ser juzgdos por otros delitos y no por el de homicidio calificado, exhibe varios elementos irregulares en la investigación que ciertamente mueven a la sospecha. Es imposible no establecer un vínculo entre la calificación que hiciera Chávez de los indiciados como “héroes de la revolución” y un tratamiento procesal dirigido por la Fiscalía que condujo, de entrada, a ponerlos en la calle.
¿Algún día este país podrá tener instituciones de Estado?
