Las FAES se mantienen como principal responsable de ejecuciones extrajudiciales
El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de la delincuencia
Antes del amanecer del 8 de enero, varias decenas de policías se desplegaron por las calles del Barrio Kennedy, en Las Adjuntas al oeste de Caracas.
Algunos agentes fueron recibidos a tiros por delincuentes. Respondieron al fuego, hiriendo a cinco jóvenes. Los cinco fueron llevados al hospital, pero terminaron falleciendo por la gravedad de sus heridas.
Esa fue, al menos, la versión oficial detallada al día siguiente en un comunicado de la unidad de élite que realizó la operación, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela.
La versión del comando difiere de la de cinco testigos reunidos por Reuters. Los testimonios aseguran que la policía mató a una de las víctimas, pero no en una balacera en la calle, sino dentro de su casa.
La versión oficial también se contradice con un video en que aparece la víctima, unas imágenes a las que tuvo acceso Reuters y que son reportadas aquí por primera vez. El material fue obtenido por investigadores de la Asamblea Nacional.
La grabación de 82 segundos muestra a un hombre sin camisa y desarmado en un depósito dentro de su casa, al tiempo que es interrogado por los policías sobre el robo de un auto en las cercanías, mientras suplica por su vida.
“Hermano. No me vayas a matar”, dice en el video José Arévalo, un trabajador de 29 años que cumplió una condena por robo a mediados de esta década y desde entonces evitó más problemas.
“Si tú colaboras, te vas a ir”, responde un agente no identificado, de uniforme negro y pasamontañas. “Si no, te vas a morir”.
El video fue grabado en los últimos minutos de vida de Arévalo, dijo su novia a Reuters.
Según afirmó, la pareja estaba en casa con sus dos hijos cuando irrumpieron unos 15 uniformados y una persona no identificada con ropa civil.
A ella la sacaron de la casa con los niños. Hablando bajo condición de anonimato, la novia de Arévalo dijo creer que el video fue filmado por una de esas personas, todas desconocidas para ella, una vez que estuvo afuera de la casa.
Desde la calle escuchó cómo Arévalo era golpeado, señaló. Minutos después, escuchó disparos. Vio a los agentes sacar a Arévalo de la casa, aparentemente muerto y completamente vestido.
Luego, la policía acribilló a balazos las paredes de la casa, haciendo parecer que se había producido un tiroteo. Justo antes de partir, robaron un cartón de huevos y la bicicleta de sus hijos, indicó.
“Si mi hijo había cometido algún delito, ellos tenían que llevarlo a un tribunal e imputarle”, dijo Zuleica Pérez, la madre de Arévalo y encargada de identificar más tarde el cadáver en la morgue. “En cambio, decidieron ajusticiarlo”.
El relato que hizo la novia fue corroborado por otros cuatro testigos que estaban en el lugar de los hechos. El caso es uno de los 20 que Reuters documentó en todo el país y en los que testigos han descrito ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES.
El comisionado jefe de FAES, José Domínguez, se negó a hablar sobre la muerte de Arévalo y los otros casos mencionados en esta historia. Ni el Ministerio del Interior ni el de Información respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las detalladas descripciones de los hallazgos de este artículo.
Ejecuciones extrajudiciales
El grupo FAES ha sido acusado por la oposición, las Naciones Unidas y venezolanos de clase trabajadora de realizar ejecuciones extrajudiciales en nombre de la administración de Nicolás Maduro.
En julio, un informe de la ONU denunció las “ejecuciones” del escuadrón FAES y pidió a Maduro que disolviera el grupo. El informe no detalla casos específicos de abuso ni identifica a ninguna de las personas asesinadas.
Maduro calificó el informe de “parcial” y en un discurso televisado a nivel nacional gritó desafiante: “¡Que viva el FAES!”.
Durante meses, Reuters, otros medios, agencias internacionales y grupos de derechos humanos han informado sobre acusaciones en torno al grupo FAES.
Ahora, después de una investigación de cuatro meses, Reuters contrasta los relatos de decenas de testigos, familiares de los fallecidos y documentos oficiales relacionados con las muertes con las afirmaciones del escuadrón de que sus oficiales dispararon sólo después de ser atacados.
La investigación proporciona el más amplio recuento hasta la fecha sobre los métodos utilizados por esa fuerza especial para eliminar cualquier amenaza que el gobierno de Maduro perciba.
Este retrato del grupo FAES, una fuerza de unos 1.500 agentes, complementa reportes anteriores en los que Reuters examinó otros contundentes mecanismos utilizados por Maduro para controlar a su empobrecida población: desde un abultado cuadro de fieles militares de alto rango hasta un servicio de inteligencia especial creado con la ayuda de asesores de seguridad importados de Cuba.
El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de la delincuencia por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad.
En cambio, según políticos de la oposición y expartidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno.
El objetivo, en palabras de un exmiembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.
“Maduro lo usa cuando necesita un cuerpo que esté a su orden totalmente y que ejerza cualquier atropello, cualquier barbaridad o abuso”, dijo Zair Mundaray, exasistente de la Fiscalía General, quien abandonó Venezuela después de haberse distanciado de Maduro hace dos años.
La muerte de Arévalo comparte muchas características similares con otros asesinatos atribuidos al grupo FAES. En todos los casos revisados, la fuerza policial siguió un patrón, emitiendo un comunicado diciendo que un asaltante armado se resistió a la autoridad y murió en un tiroteo.
En cada caso, la narrativa oficial fue refutada por declaraciones de testigos, fotografías de la escena del crimen o certificados oficiales de defunción.
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Reuters investigó seis muertes en Caracas, dos en el vecino estado Miranda, ocho en la entidad occidental de Lara y cuatro en el estado Guárico, en el centro del país. La evidencia sugiere que los oficiales del grupo FAES:
•Golpearon o torturaron a personas antes de su muerte.
•Prepararon o modificaron el sitio donde ocurrió el incidente, a menudo para simular que las personas abatidas agredieron antes a los policías.
•Saquearon las casas involucradas en esos sucesos o tomaron objetos de propiedad de las personas fallecidas.
En todos los casos, los certificados de defunción muestran que las víctimas recibieron disparos letales en el torso, lesiones que médicos, trabajadores de la morgue y policías activos y retirados dijeron a Reuters que son más consistentes con ejecuciones que con intensos tiroteos.
Las heridas son “precisas y en el mismo lugar”, dijo el director de una unidad de trauma de un hospital al que han llevado a muchas personas involucradas en enfrentamientos con el grupo FAES. El médico, como muchos otros consultados para esta historia, pidió no ser identificado.
Forenses extranjeros consultados por Reuters también mostraron su inquietud por los detalles y la documentación en torno a las muertes, en particular fotografías de las heridas de bala en 10 de los cuerpos de las víctimas.
Derrick Pounder, un patólogo forense de Cardiff, Gales, que ha investigado torturas y asesinatos extrajudiciales para grupos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, dijo: “El número de heridas de bala en la línea media de la parte inferior del pecho y la parte superior del abdomen es preocupante, dado que las muertes se dice que ocurrieron en el contexto dinámico de tiroteos”.
Personas familiarizadas con los métodos del escuadrón FAES dicen que esa fuerza se basa en una red nacional de informantes del vecindario, a menudo leales al partido gobernante, para seleccionar objetivos y planificar operaciones.
Con frecuencia persigue a hombres pobres y jóvenes con antecedentes penales menores -posesión de marihuana y el robo son dos antecedentes mencionados en esta historia- o pequeños alborotadores que molestan a líderes locales.
Posteriormente, el grupo FAES emite declaraciones que afirman haber eliminado a personas “antisociales” o “altamente peligrosas”.
“La misma comunidad sabe quién es el que roba, sabe quién es el que vende droga, sabe quién es el que extorsiona”, dijo María Silva, líder estatal en Lara del Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización militante de izquierda que respalda a Maduro y proporciona inteligencia local a las autoridades. “Y al identificarlos, se neutralizan”.
El gobierno de Venezuela no publica cifras oficiales de muertes a manos del grupo FAES. Los datos internos del gobierno revisados por Reuters muestran que 5.280 personas perdieron la vida ante toda la policía del país después de oponer “resistencia a la autoridad” el año pasado, un aumento del 160% desde 2016, año anterior a la creación del escuadrón.
Otros datos muestran cifras más elevadas. El Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental con sede en Caracas que tiene enlaces con universidades de todo el país, contó 7.523 decesos bajo esas circunstancias el año pasado.
El grupo FAES enfrenta poco escrutinio externo. Decenas de testigos, así como oficiales de policía activos y retirados, dijeron a Reuters que investigadores forenses aliados con el FAES a menudo aprobaron los informes de muertes de la fuerza, sin análisis completos, y respaldaron sus afirmaciones de que los agentes actuaron en defensa propia.
En cada caso revisado, miembros de la familia de una víctima dijeron que la única documentación proporcionada por las autoridades fue un certificado de defunción y un breve informe que alegaba que su pariente había muerto por “resistencia a la autoridad”.
“Los documentos no pueden ser tomados al pie de la letra”, dijo Nizam Peerwani, forense jefe del condado de Tarrant, Texas, y asesor de Physicians for Human Rights, un grupo con el que ha trabajado en zonas de conflicto como Ruanda, Bosnia, Afganistán e Irak. “Sin reportes de autopsia, informes médicos, rayos X, fotos de heridas internas y otras documentaciones no hay forma de corroborar lo que están diciendo”.
Grupos de derechos humanos y familias de los fallecidos han pedido que se investigue a la fuerza especial. Pero hasta ahora solo un puñado de casos judiciales, todos no concluyentes, han investigado las acusaciones contra los oficiales de FAES.
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