Las transferencias directas, por Eduardo Matute A.
Frente a la propuesta presentada por el Plan País, se ha generado una continua información sobre las consecuencias favorables de una medida destinada a paliar las circunstancias por las que atraviesa el sector más débil de la sociedad venezolana.
Tres circunstancias obligan a una política de este tipo: 1. El saneamiento de la economía con medidas de ajuste, no pueden perjudicar a los grupos sociales “que han sufrido con mayor crudeza, la actual crisis”. 2. “La demanda de cambio político por parte de la población venezolana están fuertemente vinculadas con la expectativa de mejorías rápidas y sostenidas en las condiciones de vida”, en otras palabras, la viabilidad de un nuevo gobierno está directamente vinculada a un cambio en las condiciones de vida, de manera casi inmediata. Y 3. La presión que ejercerá el regreso de migrantes, en un eventual cambio de gobierno, debe ser afrontada con urgencia. (el entrecomillado pertenece al informe presentado por la investigadora de la UCAB, Lissette González) (1).
En el año 1989, el recién constituido gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo que asumir, sobre la marcha, una política social, destinada a paliar los efectos del ajuste impulsado en la primera semana de gobierno y como respuesta a los sucesos de finales de febrero, conocidos como “el caracazo”. En el diseño de esa política se establecieron medidas de transferencia directa a segmentos focalizados de la población, que tendían a ser de carácter transitorio, en aquellos casos que no estimularan organización y condiciones de ingresos autónomos y otras de carácter permanente que estimulen los esfuerzos positivos de ingresos y articulación de la población. En los primeros estuvo el subsidio al transporte colectivo, y en los segundos la institucionalización de los multihogares de cuidado diario y el financiamiento de las empresas asociativas, ambas medidas coordinadas bajo el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por la Socióloga Marisela Padrón Quero. Al ser diseñados con posterioridad a las medidas de ajuste, su ejecución tardó 10 meses en implementarse, cuestión que no puede suceder en el momento de una transición.
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El economista Gerver Torres, ha señalado que el gobierno de EEUU, “mantiene 6 programas de transferencias directas a los más pobres, incluyendo subsidios para alimentos y salud. Estos son focalizados, condicionados y temporales”. No sólo en Estados Unidos, hay por lo menos, 3 casos estudiados en América Latina, considerados como exitosos: Bolivia, República Dominicana y Costa Rica. Bolivia, a partir del 2006, “implementó un programa de transferencia monetaria condicionada no focalizado en todo el país que entrega transferencias a los hogares de niños en edad escolar, condicionadas a la asistencia escolar.
El programa aumentó la probabilidad de trabajar y el número de horas de trabajo semanales de las madres de los niños elegibles, fundamentalmente en zonas con acceso limitado a los servicios financieros formales. El programa permitió a las madres de los niños elegibles trabajar más dado que utilizaban las transferencias para comenzar o ampliar pequeños negocios” (2). “Un programa de transferencia monetaria condicionada en la República Dominicana ofrecía una oportunidad para aleatorizar la entrada de 61 empresas en 72 mercados y estudiar los efectos del aumento de la competencia en los precios y en la calidad del servicio para los beneficiarios del programa.
Seis meses después de la intervención, la entrada en el mercado produjo una disminución de los precios y una mejora de la calidad del servicio referida por los propios consumidores”. (3). En Costa Rica, el IMAS, con contribuciones directas de la Seguridad Social, mantiene programas de apoyo temporal a las madres de familia, que envíen a sus hijos a las escuelas públicas, con estímulo a la creación de autoempleos en cooperativas de producción.
En el escenario de una transición, siguiendo a la investigadora L. González, es elemental considerar que la política social “tendrá que formar parte de la estrategia central de consolidación del nuevo gobierno”, y en principio deberá considerar 1) subsidios directos que garanticen el consumo básico de la población empobrecida por el contexto hiperinflacionario 2) programas de recuperación nutricional para la población más vulnerable y en riesgo nutricional.
En el primer programa, “dado el empobrecimiento generalizado de la población venezolana de los últimos años, establecer mecanismos sofisticados de focalización no sería tan importante como la rapidez en la entrega del subsidio”, en tanto que en el segundo “Los programas de recuperación nutricional de la población más afectada por la crisis son indispensables para garantizar que puedan superar el daño que han sufrido y, sobre todo en la población infantil, dar alguna posibilidad de desarrollo futuro”.
Existen experiencias locales y en otras latitudes que den soporte a esta política social, de inmediata aplicación en un gobierno de transición.
(1) “El Desafío venezolano III: la consolidación de una transición democrática” (UCAB 2018)
(2) ¿Pueden los programas de transferencia monetaria aumentar el empleo? Vera-Cossio, Diego A. (BID 2019)
(3) ¿Cómo afecta el aumento de la competencia a los precios y la calidad en el sector minorista? Busso Matías, Galiani Sebastián (BID 2019)
(4) El agradecimiento al esfuerzo de síntesis de Douglas Barrios (@dougbarrios) y Enderson Sequera (@endsequera), sobre los cuales basé este artículo
