Las víctimas de la “lista Tascón”, por Luisa Torrealba Mesa
La libertad de expresión implica la posibilidad de que todas las personas puedan manifestar sus ideas y pensamientos, por cualquier vía. Protege ideas que pueden ser de agrado o de desagrado para personas o grupos. Se vincula con otros derechos que permiten al ser humano la participación activa en la vida pública, como el sufragio, la participación y la manifestación. Los ciudadanos no pueden ser objeto de amenazas, retaliaciones, agresiones o restricciones por ejercer este derecho.
En Venezuela, desde 2004 comenzó la persecución por motivos políticos, contra venezolanos que se expresaron a través de sus firmas, a favor de la activación de un referéndum revocatorio del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
La “lista Tascón”, elaborada y divulgada por el entonces diputado Luis Tascón expuso la identidad de los más de 3 millones de venezolanos, que apoyaron dicho revocatorio y tuvo como consecuencia una ola de despidos de funcionarios públicos. La lista también sirvió como mecanismo de intimidación para venezolanos que, aunque no trabajaban en el sector público, decidieron expresar su apoyo a la activación del referéndum.
La lista Tascón violó los derechos de los venezolanos a la participación política garantizada en los artículos 62 y 70 de la Constitución Nacional. Vulneró también los derechos a expresar libremente ideas, pensamiento y opiniones, la libertad de conciencia y la garantía de protección del derecho al trabajo y prohibición de discriminación por razones de política (artículos 57, 61 y 89).
Nuevas formas de discriminación
El llamado “carnet de la patria” se ha constituido como el nuevo mecanismo de control social, para hacer seguimiento y obligar a los ciudadanos a silenciar sus críticas o a manifestar respaldo electoral al proyecto político del gobierno nacional, a cambio de beneficios sociales como bonos o acceso cajas de alimentos en un contexto de crisis humanitaria, marcada por la severa escasez de alimentos, medicinas y de una hiperinflación que golpea el bolsillo de los venezolanos.
Un camino para la justicia
El pasado miércoles 30 de mayo se abrió un camino para la justicia, para quienes han visto vulnerados sus derechos, por la aplicación de mecanismos como la “lista Tascón”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del Caso San Miguel y otras Vs. Venezuela, mediante la cual estableció que el Estado venezolano es responsable por la desviación de poder y la discriminación política en contra Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña, quienes eran de funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras y fueron despedidas por el entonces presidente de ese organismo, José Vicente Rangel, porque aparecían como solicitantes del referéndum revocatorio presidencial en la ‘‘lista Tascón’’. La sentencia también responsabilizó al Estado venezolano por la violación de la libertad de pensamiento y expresión de las víctimas.
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En síntesis: Todos tenemos derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. La denuncia, la perseverancia y el coraje son pasos necesarios para afrontar la impunidad.
Catorce años tuvieron que esperar San Miguel, Chang y Peña para obtener justicia. Celebramos esta decisión reparatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que abre un camino de justicia para todas las víctimas de apartheid político en Venezuela. Esta sentencia es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado venezolano y marca un precedente para los ciudadanos del continente, afectados por mecanismos de discriminación política
Otros miles de venezolanos siguen afectados por la discriminación política y la impunidad. La decisión de la Corte, marca una impronta muy favorable para la lucha por la justicia.
Periodista, Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) @inincoucv, de la Universidad Central de Venezuela
