Las vidas reescritas tras el 28 de julio

Más allá de la represión, el 28 de julio trajo nuevas maneras que desconocen las normas básicas de participación política y social de los venezolanos. Marca un antes y un después para muchos que creyeron posible un paso a la redemocratización del país
El 28 de julio de 2024 no solo marcó la fecha de las elecciones presidenciales más emblemáticas en la historia contemporánea de Venezuela. Para muchos ciudadanos —activistas, periodistas, dirigentes políticos o testigos de mesa— esa fecha partió sus vidas en dos. Lo que vino después fue una ola represiva que trastocó sus rutinas, forzó sus silencios y limitó sus derechos.
Hoy se cumple un año de la fecha después de la cual hablar, informar, participar o incluso documentar se convirtió en una actividad de alto riesgo. Adriana Pichardo, dirigente política; Yendri Velásquez, activista de derechos humanos; una periodista que pidió anonimato; un testigo electoral y un ciudadano perseguido comparten cómo cambió su día a día y sus vidas tras esa fecha. Sus voces trazan una radiografía íntima del miedo, la censura y la resiliencia.
Este no es solo un relato sobre represión, sino también sobre la reinvención forzada de quienes se niegan a callar. Desde la clandestinidad, el exilio o el anonimato, siguen contando lo que pasa.
El insomnio de Valentina
Hace un año que la calma y el sueño profundo se esfumó de las noches de Valentina. Desde el 28 de julio de 2024, no duerme bien. Luego de conocer los resultados de las elecciones presidenciales en las que ella participó como testigo de mesa del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, tuvo una vida errante entre las casas de hermanos, primos, sobrinos y la suya, en donde no se atrevía a encender las luces del porche ni a pasar más de una semana por temor a que vinieran por ella, tal como había sucedido con tantos de sus compañeros y vecinos en su pueblo, en la región central de Venezuela, que terminaron tras las rejas por haber colaborado con la oposición en aquellos comicios.
Durante los primeros meses después de las elecciones, Valentina solo asistió a una manifestación en Caracas, en donde permaneció mientras se quedaba en el apartamento de un familiar. Pero la esperanza se le disolvió con el transcurrir de las semanas trashumantes que vivió, en las que veía cada vez más difícil que el supuesto fraude electoral se comprobara y que Miraflores cambiara de mando.
«Uno no quiere perder la esperanza, pero, me da hasta dolor decirlo, pero es que yo no veo que pase nada. O sea, pasan cosas internacionalmente, pero no son lo suficientemente fuertes para luchar contra estos criminales. Entonces, perdemos la esperanza», cuenta Valentina resignada, como si se le fuera el aire con un solo suspiro.
Aunque hoy está más tranquila que los meses posteriores a las presidenciales, cuando la persecución llevó a la cárcel a más de 2000 personas, su mente no descansa. La angustia de aquellos días le hizo acudir a terapias grupales online que le permitieron escuchar a mucha gente –ella nunca se atrevió a hablar– y entender que el miedo que la atravesaba era compartido. No estaba sola.
A finales de enero de 2025, Valentina regresó a su residencia de manera definitiva y tomó medidas rígidas para resguardarse: restringió sus salidas solo a lo necesario, decidió que únicamente iría a hacer compras y mercado en un taxi, dejó atrás todos los grupos de Whatsapp del partido, y borró –todavía borra compulsivamente– conversaciones de todo tipo en su teléfono a pesar de que nunca se lo lleva cuando va a la calle. También bloqueó en sus redes y su móvil a quienes tenían alguna especie de vínculo con el chavismo o de quienes sospechaba, y dejó de dar likes o hacer comentarios en los post políticos. Ese silencio digital es uno de los que más le ha costado. Dice sentir que todo lo tiene “atarugado”, mientras palpa con los dedos de su mano derecha su cuello como si le doliera.
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Sus mayores temores la asaltan cuando su hija veinteañera, que se gana la vida con un teletrabajo, sale con sus amigos. «A la gente joven que se la quieren llevar como sea. Esa es una lucha que tengo conmigo misma, porque no la puedo limitar tanto. Cada vez que se va, tengo que tragarme eso, porque me da miedo la inseguridad, que ha vuelto, y me da pánico que se enamoren de ella y la metan presa como le pasó a un conocido nuestro que estuvo detenido unos meses y perdió como veinticinco kilos», asegura.
Valentina no tenía pensado abandonar el país, pero sabe que si continúa en Venezuela no va a recuperar la calma perdida. Por eso intentó hacer los trámites para obtener un parole humanitario e ingresar a Estados Unidos. Luego vinieron las políticas migratorias de Donald Trump, que prácticamente proscribieron la nacionalidad venezolana, y le obligaron a cambiar de planes.
Ahora, Valentina mira hacia el futuro próximo a través de un nuevo destino en donde la aguardan amigos y familia. Lo hace con la seguridad de quien ya tiene todo planificado. «Yo creo que yo voy a llegar y la primera noche voy a dormir profundo», pronuncia para luego soltar una corta risotada. «Ojalá sea así», continúa. «Mi esperanza está cerca. Nos vamos pronto».
Clandestinidad forzada
Un retroceso en los derechos civiles y democráticos vivió la coordinadora política nacional encargada del partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Como dirigentes políticos estamos muy tristes porque nos han obligado a mantenernos en la clandestinidad y nos han quitado la posibilidad de hacer algo que acostumbrábamos, que era tener contacto directo con la gente, escuchar sus inquietudes y debatir en público, ese cara a cara lo hemos perdido», expresa.
Pichardo dijo que gracias a la tecnología han podido reinventarse y trazar nuevas estrategias y novedosas formas de hacer política: «Hoy los debates son mucho más profundos que hace un año, mucho más de fondo y humanos, porque todos estamos viviendo la tragedia de la persecución, de la separación de la familia y de los amigos, tenemos miedo por las personas que nos rodean, porque en cualquier momento pueden ser víctimas del régimen».
Pichardo pasó a ocupar la coordinación de VP de manera momentánea debido al encarcelamiento dos días después del 28 de julio del exdiputado y candidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano.
«El 28 de julio fue una fecha que definitivamente cambió la vida a los venezolanos, y en particular, a la dirigencia política. Previamente, ya habíamos vivido momentos difíciles, pero estábamos enfocados en una lucha cuyo único objetivo es retomar la democracia y liberar a Venezuela de un régimen opresor y violador de derechos humanos», expresó.
Pichardo expuso que antes de las presidenciales, la dirigencia política tuvo la oportunidad de recorrer toda Venezuela.
«Pudimos hablarle a millones de venezolanos, tener contacto directo, levantar el espíritu libertario y reanimar la esperanza. En cada ciudad, pueblo y caserío que visitamos la gente nos acompañó llena de entusiasmo, con una voluntad intransferible de alcanzar la libertad y de ganar en el proceso electoral del 28 de julio, en donde salimos airosos por más de cuatro millones y medio de votos de diferencia. Pero lamentablemente el régimen no respetó y tomó la peor decisión, que fue robárselo y lanzar al brazo armado a la calle en contra de los ciudadanos», lamentó.
Pichardo aseveró que luego de esa fecha la ola represiva trascendió a la dirigencia política: «Estamos hablando de que en la actualidad hay 1.000 venezolanos presos de todas las edades, sexos, creencias y sectores del país», recordó.
A pesar de la realidad autocrática que vive Venezuela, Pichardo tiene esperanza.
«Todo esto nos ha conducido a una oposición democrática real, depurada y más unida que nunca. Estoy segura de que habrá un mejor mañana para todos cuando logremos materializar el triunfo y la voluntad popular expresada el 28 de julio», confía.
«Se llevaron, junto a mi pasaporte, mi paz absoluta»
Antes del 28 de julio de 2024, Yendri Velásquez ya sabía lo que podía pasarle a un activista de derechos humanos en Venezuela: amenazas, vigilancia y hostigamiento eran parte del terreno cotidiano. Como coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, había estado al frente de protestas frente a instituciones públicas, de denuncias sobre discriminación estatal y de campañas para visibilizar la exclusión que aún sufren personas LGBTIQ+ en procesos como el Registro Electoral.
«Siempre hubo funcionarios que solicitaban datos personales, tomaban fotos, vídeos, cuando incluso hacíamos presentaciones ante medios de comunicación de datos o denuncias», relató Yendri Velásquez al contar sobre vivencias previas al 28 de julio con su activismo en el observatorio.
Pero fue después del 28 de julio cuando la represión escaló. Ese día, se celebraron elecciones presidenciales cuyos resultados —según el Consejo Nacional Electoral— daban la victoria a Nicolás Maduro. Las protestas en rechazo a esos resultados se multiplicaron en todo el país, y con ellas vino una ola de represión contra testigos de mesa, periodistas, dirigentes políticos y activistas como él.
El 3 de agosto de 2024, Yendri se disponía a viajar a Ginebra, Suiza, para participar en una reunión de Naciones Unidas sobre discriminación. Nunca llegó a abordar el vuelo. Cuenta que una funcionaria de Migración le notificó que su pasaporte estaba anulado y debía acompañar a un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Ella en ese momento me solicitó, de manera bastante violenta, mi teléfono. Yo pude avisar a compañeros y compañeras sobre lo que estaba sucediendo. Después de ahí no volví a tener teléfono durante todo el día», narró.
Velásquez estuvo varias horas detenido entre el aeropuerto y una sede de la Dgcim. Allí, según su testimonio, fue esposado, encapuchado e interrogado de forma violenta: «Viví cosas que me persiguen hasta el día de hoy. Tuve la suerte de lograr salir sin pasaporte. Yo siempre digo que ese día ellos se llevaron junto a mi pasaporte, mi paz absoluta».
En ningún momento le informaron por qué su pasaporte fue anulado ni por qué lo detuvieron. Según cuenta, el interrogatorio giró en torno a presuntas vinculaciones con figuras de la oposición como María Corina Machado, algo que niega: «Ha estado muy claro públicamente que no pertenezco a partidos políticos en la actualidad, ni mi labor está vinculada a temas electorales».
Por el contrario, desde el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, Yendri Velasquez fue promotor de la participación de las personas de la comunidad en las elecciones para que pudieran votar y que se inscribieran en el Registro Electoral, sin dejar de lado las denuncias de discriminación hacia las personas trans, a quienes no se les reconoce su identidad.
Y aunque nunca le dieron motivos, Yendri cree que aquel incidente fue una consecuencia de haber denunciado arbitrariedades y asesinatos ocurridos durante las protestas poselectorales: «Creo que por cometer ese pecado, que para ellos es un pecado, de hablar y denunciar los abusos que estaban cometiendo, es que terminó en esa situación en la que terminé».
Luego de eso, Yendri se fue del país. Califica su salida como una «imposición» y no como una decisión. «Es una imposición del Estado, hecha a través de la persecución, del hostigamiento, la desaparición, de la tortura y el terror que sembraron», remarcó.
Desde Colombia, donde se encuentra actualmente, Yendri intenta reconstruir su vida mientras enfrenta los retos del exilio: la falta de documentos, la búsqueda de protección y regularización. Pero además enfrenta la tristeza cotidiana y el miedo que no ha dejado de estar presente.
El dolor de renunciar a la firma
Un año después del 28 de julio de 2025, la sombra del miedo sigue marcando la labor periodística en Venezuela. Así lo confirma una reportera consultada para este trabajo, quien pidió mantener el anonimato por seguridad. Desde las presidenciales, cuenta, cubrir la fuente política se tornó «mucho más complejo».
Para documentar las protestas poselectorales y sus consecuencias, se adoptaron estrictos protocolos de seguridad. «Se estableció no ver presencialmente a las fuentes, a menos que no fuese para lo estrictamente necesario, y que las coberturas en las calles las hicieran los periodistas con más experiencia, eso me incluyó a mí», relata. Las notas eran revisadas con minuciosidad por varios periodistas, incluso fuera del equipo editorial.
Gracias a trabajos previos, contaba con contactos en comunidades que le permitieron seguir informando sin exponerse directamente. Así pudo documentar detenciones en zonas populares que no estaban siendo visibilizadas.
Una de las medidas de seguridad más difíciles ha sido renunciar a firmar sus trabajos: «Tengo muchísimo dolor porque todas las notas que escribí del 28 de julio hasta acá son notas fantasmas. Al final el periodista es su nombre, y yo no podré decir que escribí tal o cual nota, al menos en el corto o mediano plazo, porque eso me pone en peligro».
El uso de VPN se convirtió en una herramienta cotidiana para protegerse del rastreo de direcciones IP. Y el cerco a los periodistas va más allá de lo legal y lo técnico, pues el acceso a las fuentes también se ha complicado.
«Nos hemos encontrado con la situación de que no hay especialistas a quienes consultar. La mayoría tomó la decisión de no declarar por miedo (…) No hay politólogos que te declaren, ni expertos electorales. Cuando algunos se lograron ir del país comenzaron a responder. Pero aún, un año después, nos encontramos con fuentes que prefieren no declarar (…) me frustro muchísimo», expresó.
Algunos expertos sólo vuelven a hablar una vez que han salido del país. Otros, especialmente en Estados Unidos, temen exponerse públicamente por la política migratoria restrictiva del gobierno de Donald Trump. A esto se suma la reducción de fondos internacionales para medios venezolanos: «Eso me hizo perder fuentes de trabajo y que se redujeran los salarios en los trabajos en los que aún persisto».
A pesar del desgaste, de que el cambio ha sido «del cielo a la tierra» y de los riesgos, sigue firme: «Soy además gremialista y defiendo los derechos de los periodistas. Recordemos que hay 19 periodistas presos por informar y otros por pensar distinto. Creo que es importante mantener la lucha y el trabajo de informar al país (…) sigo escribiendo, tratando de cuidarme muchísimo, blindando la información, pensando qué y cómo lo escribo, cómo lo contrapeso», abunda.
A su juicio, hay un aprendizaje de ejercer bajo condiciones tan limitantes: «Nos hemos vuelto periodistas más cuidadosos, acuciosos, más obligados a hacerlo mejor».
Querer resguardar los votos tuvo un precio
En materia política *Carlos, cuyo nombre fue modificado para proteger su identidad, nunca había sido demasiado activo, aunque, como tantos venezolanos, tenía la aspiración de que cambiaran las cosas. Muchos jóvenes de su generación sólo han conocido gobiernos revolucionarios. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, Carlos apenas tenía 5 años.
«En mi pueblo -ubicado muy cerca de la frontera con Colombia- no se habla abiertamente de política, porque uno no sabe quién puede estar escuchando. Pero en privado, al menos en mi círculo cercano, habíamos decidido votar por el cambio», asegura Carlos.
Esa noche del 28 de julio de 2024, junto a unos amigos, fue al centro de votación para estar presente en la auditoría ciudadana, atendiendo el llamado opositor de cuidar los votos. «Estábamos esperando los resultados, cuando llegó un grupo armado en dos camionetas. Se bajaron de los vehículos, colocaron como una granada de humo, luego lanzaron un mortero al cielo y después dispararon hacia las personas de la comunidad. Hubo perdigones, tiros y varios heridos. Todos nos encontrábamos en el centro de votación tranquilos; había niños y personas de la tercera edad celebrando y compartiendo», contó.
Al día siguiente llegó una comisión del Cicpc a la casa de algunos de los heridos entre los que estaba Carlos: una bala rozó su mano. «Tuve miedo y crucé la frontera el mismo 29 de julio. Citaron a mis familiares y fueron amedrentados durante varios días para que yo fuese a rendir declaración. No sabían que podría suceder ya que esos días estaba muy fuerte la situación», dijo.
Carlos permaneció casi dos meses fuera del país. A su regreso debió comenzar desde cero. El negocio familiar que tenía dedicado a la confección de ropa prácticamente desapareció porque en ese tiempo no pudieron hacer nada y su mamá debió ayudar con el mantenimiento de la familia.
Hoy intenta reconstruir su vida, volver a establecer relaciones y clientes que le permitan rearmar su emprendimiento. «No ha sido sencillo porque la situación del país también está más difícil que el año pasado, pero uno no se puede echar a morir. Toca volver a empezar tantas veces como sea necesario».
A pesar de que la situación tuvo momentos de calma y la represión de las primeras semanas luego de las elecciones de 2024 bajó de intensidad, ni la persecución ni la detenciones arbitrarias han desaparecido. Según datos de Vente Venezuela, durante la semana previa a las elecciones municipales, al menos 40 personas pertenecientes a su organización fueron detenidas y seis organizaciones internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la agudización de la política de represión y persecución sistemática y sostenida contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.