Legalización de la guerra civil, por Omar Ávila
El carnet de la Patria es uno de los mecanismos de los cuales se ha valido el gobierno para controlar a la sociedad. Quienes no lo poseen corren el riesgo de no acceder a medicamentos, atención hospitalaria, acceso a alimentos subsidiados como lo es caso de las bolsas CLAP, asignación de pensiones o los bonos en efectivo que se depositan a quienes posean la identificación.
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La declaratoria y distintas prórrogas del estado de excepción y el carnet de la patria, se constituyen en una “guerra civil legal” contra su propia población, que le permite la eliminación de todo derecho y garantía constitucional; no sólo a los adversarios políticos, sino al sector mayoritario de ciudadanos que lo rechaza, debido al desastre en que han sumido a uno de los países con mayores potenciales del hemisferio.
Los Estados que tienen leyes y gobiernos que garantizan la seguridad jurídica a ciudadanos y empresas, no requieren de controles feroces; los gobiernos totalitarios y dictatoriales, incrementan sus mecanismos de dominio a medida que se ponen de espaldas a sus pueblos y estos los rechazan
Sin embargo, el régimen de Maduro no ha logrado, ni logrará su objetivo, porque aunque muchos ciudadanos lo han tramitado, eso no se le ha traducido en votos. El ejemplo lo tenemos el pasado 20M, donde casi 10 millones de los que tienen carnet de la patria, no sufragaron por Nicolás, pero además un 40% de estos votaron en contra.
Pero eso no se queda solo ahí, ya que de los 7.5 millones de inscritos en el PSUV, casi millón y medio no apoyaron a Maduro. Además de quedar desnudo ante esa «elección» de la ANC donde «compitieron» solos y por ende quisieron vender que habían logrado poco más de 8.3 millones de votos, cifra que ni siquiera pudo obtener en su mejor momento Hugo Chávez
No obstante, y a pesar de lo “efectivo” que pueda parecerle al gobierno venezolano sus métodos de control y dominación, la hiperinflación, el no acceso a alimentos ni medicamentos mantienen al rojo vivo la crisis humanitaria. Lo que conlleva en consecuencia, a la activación por parte de la comunidad internacional de activar la obligación de proteger a nuestra población que sufre hambruna, hiperinflación, y escasez crónica de cualquier bien o servicio para su supervivencia.
En fin, estamos frente a una política de exclusión, discriminación y segregación, un Apartheid.
Sin embargo, hay que analizar en este momento qué sentido tiene exponerse a una discriminación mayor, cuando en 3 meses no funcionen las reformas y las cosas se pongan peor para los que además no tienen posibilidad de irse, y que no ven una salida en el corto plazo ante una oposición dividida donde cada quien jala a su conveniencia.
Sumado a la manera torpe como esta dirigencia crítica e insulta al que por necesidad se tiene que sacar el carnet. Sin pensar que hay que tomar en cuenta que es con los que quedamos en el país que tenemos que articular el cambio.
Existe una guerra civil, declarada por parte del gobierno llamándola «guerra económica», con la que pretende destruir «al enemigo» constituido por productores, industriales, comerciantes, e incluso «las mujeres que usan agua y champú para lavarse el pelo».
Esta guerra es del gobierno contra una indemne población decepcionada, además de una oposición tan ideológicamente socialista, como la ineptitud corrupta que nos metió en este desastre antrópico.
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