Ley contra ONG es la estocada final contra DDHH alertan padres de Juan Pablo Pernalete
Elvira y José Gregorio Pernalete califican de ley candado el proyecto de ley de cooperación internacional que discute actualmente la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro y advierten que, de aprobarse, coartará el desempeño de los activistas de DDHH, que son las únicas ventanas que quedan para exigir las reivindicaciones respectivas a las violaciones de los derechos fundamentales a las que vienen siendo sometidos los ciudadanos venezolanos, como lo han hecho en el caso de su hijo Juan Pablo
Los padres de Juan Pablo Pernalete nunca imaginaron que con la serie de protestas ejercidas en 2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro la tragedia iba a llegar a su hogar.
Ellos veían con preocupación que algunas víctimas fatales, principalmente jóvenes estudiantes, se habían producido durante las manifestaciones, las cuales encontraron una fuerte represión por parte de los organismos de seguridad del Estado, y se condolían de los familiares de los muchachos que perdían su vida en las acciones, pero no llegaron a concebir todo el dolor que tendrían que sufrir ni que cinco años más tarde aun estarían luchando por que se haga justicia a uno de sus hijos.
En la tarde del 26 de abril de ese año, la preocupación porque el joven de 20 años estaba participando de las protestas se convirtió en horror cuando conocieron que su hijo había sido asesinado en una manifestación en la zona de Altamira, hacia el Este de Caracas.
Al dolor se sumó la indignación cuando las autoridades venezolanas divulgaron la versión de que a Juan Pablo lo habían asesinado con una pistola de perno (de las utilizadas para marcar al ganado) accionada por personas que se encontraban en la manifestación, cuando ya se conocía que Juan Pablo se desplomó poco después de haber sufrido el impacto en su pecho de una bomba lacrimógena disparada desde una tanqueta de la Guardia Nacional.
En medio del sufrimiento, Elvira Llovera de Pernalete y José Gregorio Pernalete se vieron en la necesidad de buscar asesoría legal para lograr el castigo contra los asesinos de su hijo y reivindicar su nombre, que estaba siendo mostrado a través de medios de información del Estado como protagonista de actos vandálicos.
Para ello tuvieron asistencia de algunas ONG de DDHH y emprendieron un largo proceso que les ha llevado hasta las más altas instancias internacionales y se ha convertido en uno de los casos emblemáticos en las averiguaciones que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado venezolano.
Los esposos Pernalete resaltan como el apoyo de las ONG a la visibilización de los casos de los asesinatos, la ayuda para el empoderamiento de los familiares de las víctimas, la provisión de medicinas, y la organización de foros y encuentros para concientizar sobre la violación de DDHH, así como el asesoramiento legal con respecto a los casos que se han elevado a las distintas instancias nacionales e internacionales.
El caso de Juan Pablo es llevado por una ONG de DDHH y los familiares de las víctimas han recibido orientación y asistencia por parte de otras, mientras los partidos políticos se desentendieron de la lucha, aseveran los esposos Pernalete.
Es por todo ello que los padres de Juan Pablo Pernalete rechazan el proyecto de ley de cooperación internacional que actualmente discute la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro (AN-Parlamento) pues consideran que impedirá el debido accionar de las ONG de Derechos Humanos en el país y por ende se incrementará la situación de indefensión de los ciudadanos venezolanos ante la acción de los organismos represores del Estado.
Ley de cooperación internacional es una ley candado, aseguran esposos Pernalete
“Lo veo (al proyecto) como una ley candado; porque lo que busca es eliminar, destruir cualquier tipo de ONG o asociación civil que vaya en contra de lo que el gobierno pretende en su política de destrucción del país”, expresa sin ambages José Gregorio Pernalete sobre el instrumento que obligaría a las ONG a dar detalles sobre aspectos como financiamiento, activistas y acciones de asistencia.
Considera el padre de Juan Pablo Pernalete, que el gobierno quiere que todas las ONG sean serviles a los lineamientos que plantean.
“¿Qué quiere el régimen? Poder disolver las ONG y las asociaciones civiles. El Estado puede (si se aprueba el proyecto) de manera arbitraria decidir si estas organizaciones están o no están. Eso demuestra el cierre de espacios que tenemos los venezolanos, la sociedad civil, las víctimas. En un Estado donde no hay libertad, pretender imponer esta ley es cerrar espacios y acallar voces, evitar que se alce la voz por las víctimas”, indicó por su parte Elvira Llovera de Pernalete.
Considera la madre de Juan Pablo Pernalete que el instrumento legal daría más poder a los perpetradores de violaciones de DDHH sobre las víctimas.
“Aquí no hay sistema de salud, hay niños con cáncer que mueren; nuestra hija (María Gabriela, fallecida en 2020 a los 19 años) murió de cáncer. No se cuenta con alimentación. ¿Qué pretende el Estado? Cerrar los espacios, todos sabemos que existe una situación de emergencia humanitaria compleja, los derechos básicos no existen, no hay comida, ha crecido la miseria, entonces pretenden cerrar espacios y recursos que pueden llegar de organismos internacionales”, enfatiza.
Los padres de Juan Pablo Pernalete han constatado de primera mano las dificultades por las que atraviesan las ONG en el país. Junto a otros padres de jóvenes asesinados durante las protestas conformaron en diciembre de 2019 la Alianza de Familiares de las víctimas de 2017 (Alfavic), y hasta el presente no han podido lograr su registro legal.
“Ya la oposición, los políticos, están divididos, entonces vienen por las ONG, a dar la estocada final a los venezolanos. Quieren destruir a las pocas organizaciones que hay de DDHH, y que no existan las que están naciendo”, apunta Elvira Llovera de Pernalete
—¿Qué les dicen a quienes creen que la ley no los va a afectar directamente?
—Elvira Llovera de Pernalete (ELP): Que en Venezuela enfrentamos una grave emergencia humanitaria que nos afecta a todos y los únicos espacios, las puertas que tenemos para exigir nuestros derechos son las ONG; que a nosotros como víctimas, nos han ayudado, que buscan ayudar a los más vulnerables en este estado de miseria y violación a los DDHH en que nos encontramos.
“A todos nos toca esta crisis compleja, incluso cuando un pensionado lo que gana son dos dólares, un venezolano que ha trabajado toda una vida y no puede tener una vida digna. Todos estamos pasando por esta grave crisis. Nadie está exento, salvo un grupito que todos sabemos quiénes son y están diciendo que Venezuela se está mejorando”, advierte.
—José Gregorio Pernalete (JGP): Nadie está exento a que les sean violentados sus derechos. Cuando en 2017 empezaron a matar a jóvenes, Juan Pablo fue el número 27, yo decía, ‘Dios los bendiga’, pero yo no estaba exento. Todos estamos en esta ruleta rusa, y cuando te toque ya va a ser tarde para reaccionar, por eso debemos hacer lo que esté de nuestra parte para que esa ley no sea aprobada.
—¿Cuál es el balance luego de cinco años de actuación por parte de las autoridades venezolanas sobre el caso de Juan Pablo Pernalete y en general sobre las víctimas durante las protestas de 2017?
— (ELP): Durante estos cinco años nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, así como los padres de los demás jóvenes asesinados, que conformamos Alfavic, nos hemos enfrentado a un sistema viciado de justicia, el brazo ejecutor de este régimen para negar la justicia y mantener la impunidad como política de Estado. Se trata de unos organismos que juegan a cansarnos, a revictimizarnos cada vez que vamos a buscar justicia.
“En el caso de nuestro hijo Juan Pablo (continúa ELP), nos hemos enfrentado con la impunidad por parte del Estado, a las mentiras por parte de personeros y medios de comunicación del Estado, con encubrimiento hacia la Guardia Nacional. La verdad salió el año pasado, cuando el señor impuesto en el MP (el fiscal general de la República designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab) dio a conocer la verdad de los hechos, una verdad que trataron de ocultar, de encubrir durante estos años”.
Explica que introdujeron la denuncia contra altos personeros y medios de comunicación del Estado ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que la causa contra lo que llaman el “asesinato moral de Juan Pablo”, joven que fue presentado “como un terrorista, criminal, delincuente”, se encuentra en cero.
“Nos han pasado por tres fiscalías y 10 fiscales distintos; de la 49 pasaron a la 80, la devolvieron a la 49, luego otra vez a la 80 y ahorita a la 34”, detalla.
Mientras tanto, en la Fiscalía 62, que investiga el asesinato de Juan Pablo por parte de Guardias Nacionales, y a pesar de que hay imputación a un grupo, la causa continúa en etapa de investigación luego de cinco años.
“Nos han revictimizado. El fiscal Leo Marista nos ha tratado de manera muy hostil; nosotros lo hemos recusado, pero se nos ha negado el recurso y tenemos que continuar con este fiscal que ha hecho una mala imputación, ya que califica que hubo homicidio preterintencional (resultado mayor a la intención inicial) en grado de responsabilidad correspectiva, es decir, que intentaron hacerle daño (a Juan Pablo) y en el intento lo asesinan; tratando así de diluir la responsabilidad en un grupo de guardias, y no queriendo individualizar las responsabilidades” detalla la madre de Juan Pablo Pernalete.
Estiman los padres del joven asesinado que con esta investigación deficiente se beneficia a los victimarios hasta ahora imputados, quienes tendrían una condena mínima que no llegará a cinco años, “lo que no se adapta a la realidad ni a la gravedad del caso”.
“Pudieron individualizar, no lo han hecho porque están encubriendo no solo a autores materiales sino a los intelectuales, a la cadena de mando. Vamos a ir a una etapa preliminar, a un juicio, de manera deficiente, contra la defensa de los GN y un fiscal que claramente está parcializado”, considera ELP.
Agrega que no se investiga a la cadena de mando, y que, con respecto a otros asesinatos de jóvenes, hay casos cerrados por supuesta falta de evidencias, que hay desestimación de pruebas y no se realizaron debidamente las investigaciones.
“Ahora pretenden realizarlas de manera apresurada, porque hay presión internacional y quieren crear una falta sensación de justicia ante los organismos internacionales”, sostiene ELP.
—¿A qué atribuyen que no se investigue a la cadena de mando?
—ELP: Durante estos años, 2014, 2017, se ha visto claramente que el gobierno ha querido callar a los que piensan diferente, a un pueblo que quería manifestar por sus derechos. Teníamos miedo cuando nuestro hijo salía a manifestar. Él decía que manifestar no era delito, que hacerlo significaba que las cosas no estaban bien. Uno veía que estos muchachos estaban tomando un bastión que no les correspondía. ¿Qué hizo el gobierno con esos muchachos que exigían sus derechos? Decidieron acallarlos a través de planes, como el Guaicaipuro o el Zamora.
Destaca que el gobernante Nicolás Maduro en abril 2017 dijo que iba a ejecutar el Plan Zamora.
“En el expediente de Juan Pablo (prosigue), en una de las respuestas de los guardias nacionales, ellos dicen que cumplieron la orden del Plan Guaicaipuro, que decía que los jóvenes y organizaciones de la sociedad civil que estaban manifestando eran consideradas enemigos y que el MP, la Guardia Nacional, las FAES eran consideradas fuerzas amigas, ¿qué querían decir? ¿Qué estábamos en guerra? Cuando una sociedad iba en desventaja ante unos órganos represores que debían resguardar los derechos de los venezolanos”.
Añade que la represión fue brutal y que les ha costado mucho poder determinar que eran órdenes del Estado para acallar a los jóvenes, a la disidencia, a los venezolanos que se atrevieron a expresar y reclamar sus derechos.
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«Aquí han ocurrido crímenes de lesa humanidad» sostienen esposos Pernalete
-Ustedes tuvieron oportunidad de plantear el caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre la investigación por parte de esta instancia?
–ELP: Desde 2017 fuimos a la tercera audiencia que se realizó en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde nuestro testimonio sirvió de insumo para que los tres expertos pudieran hacer el informe para que se abriera la investigación; también ante la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas; hemos entregado todas las evidencias, hemos podido establecer la sistematicidad del asesinato de nuestro hijo. También alimentamos a la Comisión de Determinación Hechos (de Naciones Unidas), que ha establecido en los dos informes que ha emitido un llamado en el caso de Juan Pablo. Establecimos una demanda individual, por los derechos civiles y políticos que le violaron a Juan Pablo y a nosotros como padres; hemos hablado con relatores, embajadores, cuando estuvo la representación de la CIDH en Cúcuta, Colombia (2019), que no los dejaron entrar, también cuando vino Michelle Bachelet y la CPI para que se sepa lo que pasó, que aquí hay crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la Justicia Internacional.
–JGP: Nosotros, los padres que conformamos la Alfavic sabemos que llevar casos a estos niveles es sumamente complejo, pero esperamos que estos espacios, en los que las víctimas tenemos depositadas nuestra esperanza, se dé una justicia real y genuina, no una a conveniencia y condicionada que beneficie a los verdaderos artífices de estos planes de asesinatos. Tenemos la esperanza de que se dé este proceso de justicia genuino, y las retribuciones correspondiente al daño que fueron objeto estas familias de estas personas que fueron asesinadas. Dentro de la Constitución están amparados estos derechos, como el derecho a la protesta, que fueron violentados.
“Sabemos que el Estado venezolano se está dando a la tarea de retrasar el trabajo que ha venido realizando y va a seguir realizando la CPI (prosigue JGP), que no solo encontró motivos razonables para iniciar las investigaciones con respecto a crímenes de lesa humanidad , sino que encontraron, que el sistema judicial no cumple con los estándares internacionales en cuanto a administración de justicia, que no pueden ni quieren impartirla de acuerdo a estos estándares porque están encubriendo la cadena de mando y los altos jerarcas que estaban encargados de realizar y ejecutar estos planes”, añade.
Explica que cuando la CPI se refiere al principio de complementariedad, dice que el primero que tienen que sumarse a dar la justicia es el Estado del país donde ocurrieron los hechos, pero que si el organismo se da cuenta de que no existe la voluntad ni la disposición de realizar una investigación ajustada a estos estándares internacionales entonces vuelve a tomar el caso y eso es lo que está sucediendo.
“Ellos (el gobierno) solicitaron a través de una carta al fiscal Karim Kahn que se inhibiera de investigar porque estaban haciendo procesos de investigaciones; querían dar una falsa sensación de justicia, pero se están encontrado con personas ajustadas a derecho que están cumpliendo con sus funciones”, asevera JGP.
Añade que el memorando de entendimiento (suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la CPI) deja claro que el sistema de justicia venezolano no cumple con los estándares internacionales para impartir justicia ante crímenes atroces, y que posteriormente el fiscal Kahn indicó que continuará con las investigaciones.
“Actualmente, con las nuevas designaciones de magistrados del TSJ, tenemos un sistema de justicia a las órdenes del Poder Central”, acota.
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“Tenemos todas nuestras esperanzas en la justicia internacional. Sabemos que no hay una justicia genuina en Venezuela. Ellos (autores materiales e intelectuales) más temprano que tarde van a dar la cara y pagarán por los crímenes en que están implicados. Nuestra fuerza está en que tenemos que luchar para obtener una justicia genuina verdadera para los asesinatos que ocurrieron durante las manifestaciones”, remarca JGP.
Por su parte, ELP destaca que se trata de un proceso muy largo: “A veces, como madre, quisiera entenderlo y las emociones me ganan. Sé que los crímenes no prescriben, pero nosotros los padres de los jóvenes asesinados sí. Es una lucha en la que nos enfrentamos a un monstruo pero que tiene pies de barro, y así nos lleve 10, 20 años, hasta el último día de nuestras vidas continuaremos, y solo terminará cuando nos reunamos con nuestro hijo y le digamos ‘hasta aquí hemos llegado’, sabemos que bajo este régimen no vamos a tener justicia”.
“Aparte de la revictimización, por fin dieron con el fiscal que se adapta y sigue la línea directa dictada por parte de sus superiores para manipular el caso de Juan Pablo, de manera que no se castigue a los verdaderos culpables de esto”, recalca a su vez JGP.
Argumenta que el fiscal Marista pretendía hacerles ver que, por su ignorancia de las leyes, no entendía que su calificación del delito era lo que se adaptaba al caso de Juan Pablo.
“No era un grupo de 15 o 30 personas. Fueron tres o cuatro personas que estuvieron en el hecho y a quienes pueden identificar. Estoy seguro que la misma noche que mataron a Juan Pablo, ya sabían quién fue el que lo asesinó”, señala.
“El Fiscal está parcializado; nos quiere hacer sentir culpables y dice que Juan Pablo buscó su muerte bajo una acción ilegal, cuando los GN no cumplieron con las normas internacionales para lanzar una bomba lacrimógena” comenta la madre de Juan Pablo.
Los esposos Pernalete insisten en que, con asistencia de sus abogados harán una acusación particular que estará ajustada la verdad de los hechos y que sí hubo intencionalidad en el caso de Juan Pablo.
Padres de Juan Pablo Pernalete aseguran que se protege a la cadena de mando
-¿Creen que ha variado la situación en Venezuela en los últimos años luego de la actuación de la Alta Comisionada, la investigación de la Fiscalía de la CPI?
–JGP: Sigue siendo muy grave. El Estado no ha parado de cometer violaciones sistemáticas de los DDHH de los venezolanos y mantiene un sistema de justicia donde hay impunidad, se protege cadena de mando, a responsables materiales, continuamos en total impunidad, no hay avances significativos.
–ELP: Continúan las ejecuciones extrajudiciales en las barriadas populares, en el interior del país, a pesar de los informes de la Alta Comisionada en los que se ha dicho que las FAES se han eliminado, siguen actuando organismos de exterminio, sigue habiendo víctimas, y madres luchando contra el sistema de justicia. A pesar de la intención de la Alta Comisionada, de estar en el terreno y que los organismos internacionales tienen la mirada en Venezuela, siguen cometiendo este tipo de crímenes.
“Tenemos una lucha dura, para que se incluyan los asesinatos. Sí se puede establecer la sistematicidad, el plan concebido; como padres y víctimas estamos aportando este grano de arena. Hay muchas organizaciones que están luchando dentro y fuera del país”, destaca.
-¿Qué les diría a los jóvenes que sienten ganas de exigir sus derechos, pero ven con temor la experiencia de su hijo?
-ELP: Juan Pablo era un joven que a pesar de su corta edad y que no había visto otro sistema de gobierno luchaba por un país diferente. A mí me describen a mi hijo como un soñador, quería un país con libertades, con derechos; era un activista de DDHH sin saberlo, era nuestro héroe anónimo. Él, como cientos de jóvenes se negaba a rendirse, a arrodillarse ante un sistema opresor, y eso le costó la vida. No les podemos decir a los jóvenes que salgan a manifestar cuando hay un régimen opresor, que viola el derecho a la vida, cuando somos sometidos a amedrentamiento y nuestra vida peligra todos los días, con un régimen violador de DDHH y una oposición que no garantiza y traiciona los sueños de los venezolanos, no puedo decirles que salgan a la calle, pero sí que no se rindan jamás, Juan Pablo decía que uno es garante de su propio destino, yo les digo que no se arrodillen ante un sistema opresor, que intenta quitarle sus derechos y libertades
“Juan Pablo no quería irse de nuestro país, nosotros tampoco, queremos ser un foco de luz, les decimos que sigan luchando, que eviten ser manipulados por bandos que buscan sus intereses propios. Que sigan apostando por ese país que soñaba nuestro hijo y que las generaciones que vienen verán hecho realidad”, enfatiza.
–JGP: El sacrificio que ellos hicieron de dar su vida en 2014 y 2017, eso no fue en vano. Nos permitió a los venezolanos en qué manos estamos en el país, de un bando y del otro, permitió quitarle las caretas a estas personas que son los líderes de la oposición tomando un título que no les corresponde, porque la sociedad civil tiene que tomar la batuta, defensa de la ciudadanía, no dejar en manos de politiqueros el futuro de un país.
“No podemos seguir confiando en esa clase dirigencial que traicionó los sueños y esperanzas de los venezolanos que salieron a manifestar” advierte.
-¿Qué es lo que continúa en el proceso aquí en Venezuela en el caso de Juan Pablo?
–ELP: El año pasado el MP imputó a guardias nacionales y tenía un plazo para presentar actos conclusivos. El tribunal le dio el pasado 10 de enero de este año un plazo de seis meses para que terminara el acto conclusivo y pasar a etapa de juicio preliminar, al que vamos con una investigación muy deficiente y una calificación que no se adapta a la realidad y a la gravedad del caso de Juan Pablo.
–JGP: Nos vamos a enfrentar a la defensa de los guardias nacionales que asesinaron a Juan Pablo y aun fiscal que debería estar a favor de nosotros, pero lo está es a favor de los victimarios.
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