Liberaron a sindicalistas de Sucre tras presión de la OIT

Ramón Gómez, Carlos Ochoa y César Morales fueron apresados por la Policía del estado Sucre cuando se movilizaban hasta la sede de la Gobernación para entregar un documento solicitando mejores reivindicaciones laborales para más de 27.000 trabajadores que dependen del Ejecutivo regional
La mañana del viernes 7 de febrero fueron liberados el secretario general del Sindicato Único de los Empleados Públicos y Otros Organismos del estado Sucre (Sueples), Ramón Gómez, y sus compañeros Carlos Ochoa y César Morales, tras una serie de llamados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varias centrales internacionales.
Los tres sindicalistas fueron detenidos de forma arbitraria el 30 de enero por funcionarios de la Policía del estado Sucre. Los funcionarios policiales los arrestaron por una supuesta agresión y haber violado una barrera de seguridad.
HACE MINUTOS
NUESTROS COMPAÑEROS LIBRES
RAMÓN, CARLOS Y JOEL
GRACIAS
Al sindicalismo de las Américas @CSA_TUCA
Al SINDICALISMO MUNDIAL @ituc
A la OIT @GuyRyder
A toda la militancia de @CentralASI y sus organizaciones.
Gracias Cumana
Nuestra central movió al mundo
Seguimos !! pic.twitter.com/GBOk8r83T1— Central Asi-Venezuela Seccional Lara. (@asivzlara) February 7, 2020
Un día después fueron acusados por la juez 5º de Control de esa entidad por los supuestos delitos de «instigación al odio» y agavillamiento, quien además ordenó su encarcelamiento.
Debido a esto los trabajadores se declararon en huelga de hambre, mientras desde la OIT y otras centrales y sindicatos internacionales se pronunciaron por el caso, pidiendo su libertad inmediata.
El secretario general de Sueples, Ochoa y Morales fueron apresados cuando se movilizaban hasta la sede de la Gobernación del estado Sucre para entregar un documento solicitando mejores reivindicaciones laborales para más de 27.000 trabajadores que dependen del Ejecutivo regional.
La Comisión de Encuesta de la OIT acusó a finales de 2019 al régimen de Nicolás Maduro de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales. La instancia ha solicitado de forma reiterada «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro».