Libertad para todos, por Gregorio Salazar
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Todavía hay espacio para el estupor en Venezuela. Y lo decimos conscientes de la gravedad de lo que significa afirmarlo tras un período de 25 años en los que hemos visto hasta lo inimaginable, comenzando por el acelerado retroceso a etapas superadas en Venezuela en el campo de la vulneración de los derechos humanos, lo que el país y la comunidad internacional resienten y acusan vehementemente.
Estupor, por decir lo menos, es lo que han causado las detenciones de Enrique Márquez (ex candidato presidencial), Carlos Correa (periodista y activista por la libertad de expresión) y Noel Álvarez (empresario y fundador del partido Gente), por mencionarlos en estricto orden de desaparición forzada, esa misma que está expresamente prohibida — ¡aún en estado de emergencia!– por el artículo 45 de la Constitución y que, además, es delito de lesa humanidad.
No es que no laceren y asombren las detenciones de miles de inocentes, jóvenes en buen número, tras las elecciones del 28 de julio o la de los dirigentes políticos de distintos partidos que permanecen en prisión, incomunicados por largos períodos y mantenidos hasta hoy sin juicios y en estado de indefensión por ejercer los derechos ciudadanos que se supone le garantiza la Constitución. Claro que sí, hasta el pasmo laceran el alma nacional y siguen perturbando. Pero además por las amenazas que quedan gravitando sobre las cabezas de quienes quieran emular legítimamente sus ejemplos de lucha.
Aquellos sucesos, desde luego, envolvieron a la nación es una ola de estupefacción. Pero en el caso de la detención de los tres nombrados y sus conocidas ejecutorias –por transparentes, cívicas y desenvueltas a todo evento con ajuste al marco de la ley– han enviado un mensaje especialmente alarmante al resto de la sociedad sobre la ruta por la cual se sigue descaminando (o mejor, desbarrancando) la autodenominada «revolución bonita» del «comandante amado» Hugo Chávez Frías. Todo es posible porque sí, porque nos da la gana.
Para alivio de todos quienes lo conocen y valoran dentro y fuera de Venezuela, Carlos Correa. Director de Espacio Público, fue excarcelado aunque bajo obligatoriedad de comparecencia periódica y prohibición de salida del país.
Desde hace más de veinte años especialmente ha mantenido una labor perseverante en la defensa y promoción de las libertades de expresión e información, ha apoyado a los gremios periodísticos en la labor formativa para defender esos mismos derechos y desde el 2002 ha publicado anualmente informes rigurosos y prolijos sobre las afectaciones a la libertad de expresión y a la labor de los periodistas.
En libertad debería quedar también Noel Álvarez, empresario, ex presidente y ex vicepresidente de Fedecámaras, cargos para los que fue electo no precisamente por ser un magnate o un potentado, que no lo es, sino por su labor de décadas durante las cuales, al decir de la propia institución empresarial, «ha dado muestras fehacientes de una extraordinaria capacidad para generar y gerenciar acciones que, con base a los valores de la democracia, libre iniciativa y respeto a las libertades», han redundado «en beneficios concretos para el empresariado y para el país en general». Su partido Gente quedó arbitrariamente sin tarjeta ni derecho a pataleo antes del 28 de julio. Álvarez, un hombre al que caracterizan su bonhomía y su pasión por el bien común, no merece el oprobioso suplicio de estar recluido en un calabozo.
Enrique Márquez asumió, después del «cambiazo» del 28-J, con toda la connotación que la palabra tiene en la jerga hamponil, la defensa de la Constitución Nacional y la soberanía popular. No despreció –no obstante la poca credibilidad del llamado Poder Moral– a las instituciones del Estado, sobre todo a la máxima representación judicial. Exigió del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las salas Electoral y Constitucional del TSJ la más elemental de las acciones para la solución de la profunda crisis institucional que vive el país: mostrar los resultados con las actas de escrutinio que dicen con claridad meridiana quien fue el candidato que el pueblo eligió.
Márquez hace recordar aquel valeroso personaje de la novela «Drácula», que después de oír mascullar a quienes se enteraban que iba a marchar hacia el castillo del siniestro conde, extrajo un diccionario políglota de su petaca para saber que significaban las palabras “ordog”, “pokol” y “stregoica” y supo que traducían satanás, infierno y bruja. Tras ello anotó entre paréntesis en su diario: “Recordar preguntarle al conde sobre estas supercherías”.
La diferencia en el símil está en que el personaje de ficción se disponía a recurrir al vampiro por inocente ingenuidad. Márquez, por el contrario, recurrió a la casa que hoy se envuelve en la bruma fantasmal de la inseguridad jurídica por convicción y deber de demócrata, que las acciones de sus persecutores han convertido en delito. La verdad y el inicio de la solución a la crisis están en las actas en poder del CNE, las mismas que ha mostrado la oposición insiste.
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De poco vale, se nos dirá, la Constitución cuando va surgiendo un escenario condicionado por leyes espectrales. Es decir, son leyes con acción de amplio espectro, que sirven para calafatear todas las hendijas por donde puedan relucir la verdad, asomar la justicia, prevalecer el Estado de Derecho.
Mientras, en los tres maratónicos discursos oídos después de la toma del poder se va de la burla cruel al anuncio de nuevas modificaciones constitucionales, de los provocadores anuncios de liberaciones territoriales con tropas de otros países (?) a la propuesta de «constitucionalizar la rumba, porque sin la rumba no somos nada». Rumba de palos, diría un bromista, es la que está llevando desde hace rato la Carta Magna…
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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