Lilia Camejo: “Están castigando mucho más fuerte al que consideren traidor”
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ha levantado las sospechas sobre el Estado venezolano y cómo trata a los funcionarios que consideran «traidores», por las presuntas torturas a las que fue sometido mientras estuvo bajo custodia de la Dgcim
Lilia Camejo, abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, es una de las representantes legales de los militares apresados junto a Acosta Arévalo el viernes 21 de junio, mientras la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se encontraba en el país.
Aunque no pudo verlo pues solo el abogado del capitán tuvo acceso a él antes de que fuese trasladado a un centro de salud, en entrevista para la alianza TalCual – Provea señala que su caso y las imputaciones a los presuntos responsables de su muerte están llena de irregulares.
Mientras tanto, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el nombre del capitán resonó con fuerza como el máximo ejemplo de las graves violaciones a los DDHH que se cometen en Venezuela, tanto a civiles como militares.
“A pesar de que hay dos oficiales detenidos, las acusaciones de tortura no fueron tomadas en cuenta a pesar de que el país cuenta con un órgano para estos casos”, dijo Bachelet el viernes 5 de julio en Ginebra, al tiempo que destacó que uno de los compromisos de las autoridades es “aceptar la asesoría para el organismo contra la tortura y otorgar acceso ilimitado a las cárceles en el país a los miembros de mi oficina”.
-La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo puso de manifiesto nuevamente la tortura en el país, pero ¿desde cuándo ustedes tienen registro de este tipo de prácticas en la Dgcim?
-Tenemos que empezar desde el año 2013 cuando fueron las primeras detenciones masivas. Ahí hubo algunos casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de algunos de los destacamentos militares donde llevaron a algunos de los muchachos que manifestaron en su momento frente a las sedes regionales del CNE, se registraron 178 detenidos en tres estados básicamente. Ahí hubo algunos casos.
Luego en 2014, los casos de tortura que denunciamos fueron casos ocasionados por la Guardia Nacional en las manifestaciones en la calle y en el 2014 sí hubo varias denuncias que hicimos sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Después de 2014 es cuando empieza a verse esa sistematización de tortura ya dentro de este otro cuerpo de seguridad del Estado y con más ahínco en lo que fue 2017, 2018 y ahorita con este caso que realmente ha conmocionado al país, porque denuncias sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes venimos haciendo hace varios años y lo hacen todas las organizaciones que hacen vida en el país y los diferentes abogados que manejamos las defensas penales.
Nosotros en las audiencias hemos visto que llega una persona con signos de tortura, golpeada, con laceraciones, con cortaduras u otra evidencia que la persona manifieste, dejamos constancia de eso en la audiencia. Esto ha sido reiterado, todo lo que se ha dicho consta en los expedientes, que hagan o no una investigación es otra cosa, pero las denuncias están.
Puedo hablar del caso específico de Sergio Contreras, que fue golpeado brutalmente por la Policía Nacional cuando lo detuvo, que después se lo llevaron y lo tuvieron privado de libertad en la Dgcim y el Sebin, es otra cosa, pero el cuerpo actuante fue la PNB. De eso hay constancia en el expediente y así hay muchos casos.
Esto se ha incrementado y ha subido el nivel de tal forma, que está el caso lamentable del capitán de corbeta que falleció a consecuencia de estos golpes que le fueron propinados.
-Menciona que dejan constancia de estos tratos crueles, torturas….
– Y no solamente yo denuncio eso, es la audiencia. Es que muchas veces el imputado es el que hace la denuncia. Se han parado y mostrado ante un juez es estado al que están llegando allí, y han manifestado ‘mira no nos hicieron un examen médico forense exhaustivo, el médico simplemente nos vio y dijo que estábamos bien’.
Hay casos realmente terribles como el del capitán Juan Carlos Caguaripano, que las denuncias de tortura y tratos crueles e inhumanos fue terrible por todo lo que le hicieron al momento de la detención y durante esos primeros días en el que estuvieron detenidos antes de ser presentados ante un tribunal.
La tortura no es solamente que te caigan a golpes, es que tenerte incomunicado es un tipo de tortura. Hemos hablado en muchas oportunidades de la tortura blanca, que es tenerte en un cuarto sin luz natural, sin poder ver el sol, aislado, sin saber qué hora del día es, sin tener contacto con nadie, eso es tortura y por muchos años. Por eso nos impacta que esto esté pasando.
-Al momento del capitán Acosta Arévalo presentarse en estas condiciones ante el juez, ¿era suficiente para que Fiscalía procediera a iniciar una investigación por posible tortura?
-Creo que existe una confusión en este caso. El capitán Acosta Arévalo no estuvo en la audiencia. Yo soy abogado de otra persona allí. Él no estuvo en la audiencia.
A los imputados los trasladaron a la sala de audiencias. Yo al capitán no lo vi porque los abogados estábamos en otra sala. En la corte marcial funciona diferente a la justicia penal ordinaria. A los imputados los llevan sus custodios hasta la antesala del tribunal mientras sus abogados permanecen en otro sitio.
Entiendo que al capitán, al igual que los otros siete imputados que trasladaron esa noche, los llevaron a la sala de audiencias y en ese momento es que el capitán se desmaya y allí inmediatamente el tribunal ordena, porque allí estaba la secretaría y el alguacil organizándolos para llamar a los abogados, y se lo llevan al hospital. No había empezado la audiencia.
Cuando a los abogados nos dijeron que podíamos ingresar a la sala, solo estaban siete. Él ya no estaba. Antes de todo eso, a cada abogado le traen por separado a su defendido. Yo hablé y vi solamente a mi defendido.
A Alonso (Medina Roa), el abogado del capitán, lo pasaron a otra sala donde estaban todos los demás y allí es cuando habló con él. Falleció sin ser imputado, y por eso es que el fiscal no puede tener injerencia en eso porque ni siquiera el fiscal lo vio.
-Este simple hecho de que la persona se haya desmayado, su abogado denuncie torturas, ¿es suficiente para que Fiscalía inicie una investigación sobre posible tortura?
-Lo que pasa es que no hubo audiencia para él. No estuvo frente al fiscal militar y no pudo observar sus condiciones. La investigación se puede hacer de hecho, pero aquí procede la Fiscalía de Derechos Fundamentales donde los familiares y abogados pongan la denuncia.
– Tarek William Saab informó el lunes que habían dos militares detenidos por este hecho, e iban a ser procesados en tribunales ordinarios. ¿No correspondería que fuesen procesados por justicia militar?
-Aquí entra en juego la Constitución, que establece que los militares que cometan delitos comunes o de lesa humanidad deben ser juzgados por la justicia penal ordinaria. ¿Y qué le imputaron a estas personas? Un delito común. Homicidio preterintencional con causal. Una imputación que es absolutamente desacertada, porque decir que la intención de estos funcionarios no era ocasionarle la muerte pero sí golpearlo y torturarlo como lo hicieron, y que además querer hacer ver que el capitán de corbeta tenía una condición que fue lo que le causó la muerte y que los funcionarios lo desconocían, es peor todavía.
Es evidente que Acosta Arévalo falleció a causa de golpes, de traumatismo y allí nos está dando la razón ese informe médico forense que ha salido por las redes. Entonces, ¿cómo es posible que los fiscales del Ministerio Público que están llevando el caso no le hayan imputado a estas dos personas otros delitos?
Me parece además demasiado ligero que el mismo domingo hayan detenido a dos personas, ¿en qué momento hicieron la investigación? Y dos personas que, conociendo uno los rangos militares, es lo que se conoce en el argot militar como dos nuevos. ¿Esos dos nuevos, un sargento y un teniente, tenían la potestad de hacer solos lo que hicieron? ¿Dónde está el superior de ellos? ¿Dónde está quién dirigió la comisión de la detención del capitán de corbeta el viernes 21 de junio?
Hay que estar claros que fue un hecho público y notorio que todas estas personas que fueron allí presentadas fueron detenidas el viernes 21 de junio, a pesar que las actas digan que fueron detenidos el día 26. Esa fue una de las denuncias que hicimos los abogados en las audiencias del resto de los detenidos.
-¿Usted cree que la Fiscalía, al realizar este tipo de imputaciones, evita que se investigue a la cadena de mando que, por acción u omisión, estuvo involucrada en la muerte del capitán?
-Más que la cadena de mando, que obviamente el deber ser, es que investiguen a los superiores que no actuaron y permitieron que esta acción ocurriera. Incluso si el capitán fue golpeado antes de llegar a las instalaciones de Boleíta, inmediatamente debieron haber iniciado una investigación.
Ahora con ese delito imputado, el gobierno queda exonerado. No como gobierno sino como Estado, y eso no debe ser, ellos tienen responsabilidad por el fallecimiento del capitán. Eso es mucho más profundo que simplemente la investigación a la cadena de mando. El Estado es responsable porque el capitán Acosta Arévalo estaba bajo la custodia de un cuerpo de seguridad del Estado, pero con un delito común quieren evadir esa responsabilidad.
-¿Considera irregular que a estos funcionarios se les haya asignado como sitio de reclusión la Dgcim, siendo el mismo sitio donde trabajaban?
-Para empezar, esa investigación en mi criterio, es nula. Aquí lo que se debió haber aplicado es el Protocolo de Minnesota, que aunque no es vinculante para el país donde haya sucedido el hecho, determina que se debe haber llamado a una comisión de expertos internacionales que no tengan interés o relación con los cuerpos de seguridad o autoridades judiciales venezolanas, para que hagan una investigación totalmente objetiva y que puedan determinar lo que se quiere, y es lo que hemos oído incluso de Nicolás Maduro, que se quiere saber la verdad.
El más interesado en conocer la verdad debe ser el propio Estado, el propio gobierno. Como se quiere saber qué es lo que pasó para tomar los correctivos, porque esto no puede seguir ocurriendo en el país, porque una persona puede ser investigada y detenida pero eso no justifica esas torturas y tratos crueles que hemos denunciados contra los detenidos. Eso es una práctica sistemática que tiene que parar, que no se puede seguir permitiendo ni por parte del Estado, ni de los defensores de derechos humanos o las entidades que les corresponde hacer un llamado de atención.
Este proceso empezó mal. Aquí ya debería estar un equipo de expertos, y además el cuerpo de seguridad del Estado donde ocurrieron estos hechos va a ser el mismo sitio de reclusión para los supuestos responsables, aquí no hay ninguna objetividad.
-Los familiares de algunos presos políticos militares hablaban de un patrón para detener a estos funcionarios. ¿Han logrado identificar esto?
-En el caso de los seis comandantes de batallones del Ejército, detenido en marzo de 2017, a ellos los llamaron sus superiores a una reunión y cuando se presentaron fueron detenidos. No son todos los casos pero sí la mayoría cumplen eso.
Adicionalmente, y todo el país lo sabe, primero se entera uno por los medios de comunicación o voceros del gobierno y días o semanas después es que los abogados o familiares es que tenemos acceso a las personas privadas de libertad, incluso ya han sido presentadas a tribunales de control, ya sean civiles o militares.
-¿El trato que se está dando a militares presos es igual o peor que a los civiles?
-Considero que ha sido mucho, mucho peor. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las torturas a los funcionarios de la Fuerza Armada ha sido mucho mayor que lo que han sufrido los civiles privados de libertad.
-¿Esto podría ser por qué? ¿Se les castiga porque no cumplen la obediencia y disciplina militar?
-Yo veo en varios de estos casos es que los oficiales se han venido quejando por la falta de alimentos para ellos suministrarles a la tropa, por la falta de logística para movilizarse. En el caso de los comandantes de batallones, pues ellos tienen el control de armamento, y en algún momento se quejaron con sus superiores por la carencia que estaban sufriendo para suministrarles a las tropas y quizás esto se ve como una traición o deslealtad, simplemente por quejarse o no estar de acuerdo con las necesidad que están sufriendo dentro de los destacamentos.
Esto se puede ver como una traición, y entiendo que están castigando mucho más fuerte al que consideren traidor por la razón que sea.
-¿Cómo quedó el caso de las personas que fueron apresadas junto a Acosta Arévalo?
-Ellos fueron imputados por rebelión, traición a la patria, instigación a la rebelión, y en el caso del primer teniente Lozada, sobrino del general retirado Lozada Saavedra, le imputaron dos delitos adicionales que fueron sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y contra el decoro militar.
A los dos comisarios del Cicpc se les asignó como sitio de reclusión la cárcel de Santa Ana, ubicada en Táchira. A Pedro Caraballo Lira y al coronel retirado se les asignó la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Al general Saavedra le asignaron la Dgcim, mientras que al general Cisco y al primer teniente Lozada Saavedra le asignaron la Policía Militar ubicada en Fuerte Tiuna.
-¿Considera que el pronunciamiento de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre el caso Acosta Arévalo fue acertado?
-Yo creo que la Alta Comisionada tenía que haberse devuelto, porque todas estas detenciones ocurrieron mientras se encontraba en el país de visita. Ella tiene que exigir y hacer valer sus competencias para exigirle al Estado que permita el ingreso de su equipo aquí en Caracas, para que entre y constate la situación de los presos políticos y no políticos que se encuentran en ese cuerpo de seguridad del Estado. Además tiene que exigir que se les permita a sus representantes poder tener acceso a toda la investigación que se realiza en Fiscalía y los exámenes médicos forenses.
-¿Tiene conocimiento del estado de los presos en la Dgcim luego de los reclamos que realizaron el 3 de julio?
-No lo sé, el miércoles no hubo visita y a los abogados que estuvieron presentes no se les permitió el ingreso. Toca esperar hasta el próximo miércoles o la visita de los familiares durante el fin de semana.
