Llamen a la mamá de Tarzán, por Teodoro Petkoff
La decisión del tsj sobre libertad de expresión, con base en la ponencia del magistrado cabrerita, coloca sobre el tapete al propio tribunal, que se ha transformado en un verdadero laboratorio para la producción de toda clase de arbitrariedades y desafueros contra el país. Nunca había corrido tanto peligro la administración de justicia como ahora, cuando el máximo tribunal ha sido tomado por asalto por un grupo de personas cuya actuación ha venido creando la sensación de que estamos indefensos. Dentro del tsj opera un reducido «círculo bolivariano» denominado «sala constitucional», donde cinco magistrados se han transformado en un azote hasta contra sus propios compañeros.
La jurisdicción constitucional fue atribuida a esta «sala», de nueva creación. Sus atribuciones específicas las fija la bicha en su artículo 336, y en los artículos 334 y 335 se le otorga en exclusividad la declaratoria de nulidad de las leyes y demás actos de los órganos del Poder Público, así como la facultad de interpretar el contenido y el alcance de las normas y principios constitucionales, siendo sus decisiones vinculantes para las otras salas del tsj y para todos los tribunales de la República. Pero esta sala constitucional, así como todo el tsj, actúa sin ley que regule su funcionamiento. Esta alarmante omisión de la Asamblea Nacional proporciona un amplísimo margen discrecional al tsj, del cual ha venido abusando abierta e impunemente.
Por ejemplo, la inefable «sala» se ha puesto a legislar, apropiándose así facultades específicas de la Asamblea Nacional. Así, cuando derogó el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, que es el que establece la forma de computar los términos y lapsos procesales, dictó una nueva redacción del artículo derogado. Es decir, legisló, invadiendo atribuciones del Parlamento. Desde entonces todos los procesos judiciales se están rigiendo por una norma producida por una autoridad usurpadora.
Ya anteriormente la»sala» (de póker), con ponencia del temible cabrerita, había producido la sentencia que excluyó a los magistrados del tsj provisional (aquel designado por el Congresillo) del procedimiento de relegitimación. Se recordará que la designación de los nuevos magistrados requería que los candidatos pasaran por una suerte de concurso de credenciales y de examen oral. Los vivotes del tsj, con cabrerita, iván rincón y delgado ocando a la cabeza, produjeron la sentencia que les permitió colearse en el nuevo tribunal sin pasar por GO, literalmente chantajeando a la Asamblea Nacional. Fue un asalto realizado con obscena impudicia, sin guardar ninguna forma y estimulados los conjurados por el disparo de adrenalina que producía la expectativa de los 12 millones mensuales que se embolsilla cada uno de estos patrióticos juristas.
Los cinco del patíbulo anulan sentencias de otras salas del tsj, anulan procesos judiciales ya amparados por el principio de «cosa juzgada», dictan sentencias claramente sesgadas hacia intereses económicos poderosos, y, en definitiva, institucionalizan la inseguridad jurídica. Sus desafueros culminaron, por ahora, con la decisión sobre la libertad de expresión.
Si este país no quiere asemejarse a las caricaturas hollywoodenses del tercer mundo tiene que hacer frente a esta gravísima realidad judicial que nos plantea el tsj. Esto sí es verdad que no se lo puede calar nadie. La agenda de la Asamblea Nacional debe dar prioridad tanto a una ley que desarrolle el articulado constitucional sobre las garantías ciudadanas como a la ley que regule la actuación del tsj y sus salas, para proteger a los venezolanos de una dama simiesca que hoy no es ciega
