Lo que nadie comenta de la transición, por Carolina Gómez-Ávila
El 5 de febrero pasado, la Asamblea Nacional (AN) promulgó el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Estatuto), único instrumento legal para acompañarnos en el cruce del Rubicón y que es desestimado por un gran segmento de la población que prefiere tomar por ley lo que un hombre declare, al calor de la emoción, ante una multitud que lo aclama.
No me cabe duda de que este es el principal daño que produjo a la república el felón de la patria. Para frenarlo y comenzar a revertirlo, levantamos la voz quienes estamos conscientes de que un discurso político no es ley y pedimos atención sobre esta, comentándola.
O al menos, comentando lo que nadie comenta de ella.
Por ejemplo, nadie comenta que el Estatuto, desde su Exposición de Motivos, está íntegramente fundamentado en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) al que alude 18 veces, derrumbando la tesis de que “no hay Constitución” y dejando en desnudez a quienes siempre la desconocieron pues, para reivindicar al Presidente encargado, ahora deben blandir el Estatuto cuyo único sustento es la Carta Magna.
Tampoco se comenta que la Asamblea Nacional ha funcionado como un cuerpo monolítico para darle fundamento legal al acto meramente político del 23 de enero de 2019. Aquella juramentación tumultuaria es legalizada y legitimada para la Nación sólo por este Estatuto. Peor: nadie comenta que es su artículo 14 el llamado a rescatar la última hebra de institucionalidad cuando somete al Presidente encargado al control de la Asamblea Nacional. Nadie lo comenta porque ya casi nadie recuerda que los controles son el núcleo del orden republicano, ni que la consigna ciudadana para no vivir en tiranía es otorgar el menor poder posible durante el menor tiempo posible y con los mayores controles posibles.
Nadie comenta que la expresión “Gobierno de Transición” no aparece ni una vez en el texto y que en todas las ocasiones que podríamos evocarla realmente leemos “Gobierno provisional de unidad nacional”, lo que nos recuerda el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” del 19 de julio de 2017 solemnemente divulgado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para estar muerta, la MUD cumple con entusiasmo la palabra empeñada
Nadie comenta que, definido el 10 de enero de 2019 como fecha de inicio de la usurpación, se debe conceder que ninguna de las directivas parlamentarias hasta esta fecha tuvo la oportunidad que tiene la actual y que, a su vez, la actual nació de la erosión que produjeron las actividades de las presididas por Henry Ramos Allup (2016), Julio Borges (2017) y Omar Barboza (2018).
Nadie comenta que, más allá de consignas políticas y arengas de ánimo, la ruta del Estatuto es de incentivos, justicia transicional, amnistía y reinserción (en algo adelantada con la “Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los militares y civiles que colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden constitucional”) lo que la convierte no sólo en una declaración política, sino en una relegitimación de ambos instrumentos y del órgano legislativo. Más: Nadie comenta que la justicia transicional es la fórmula de mayor éxito y prestigio mundial para equilibrar la necesidad de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición con lo político, que es la paz.
Nadie comenta que el Estatuto anuncia una Economía Social de Mercado perfectamente inscrita en el art. 299 CRBV. Se trata de una opción entre capitalismo y socialismo y que terminó siendo un concepto más político que económico, de modo que el debate sobre qué es, cómo se pone en práctica y cuál es su alcance puede no tener fin porque será ajustado a conveniencia; pero vale la pena mencionar que, según Alfred Müller-Armack (economista y sociólogo, destacado protagonista del llamado “milagro económico alemán” de la posguerra), es un modelo cuya meta es «crear una economía que desde la base de la competencia combine la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica».
Nadie comenta que esto le valdrá ataques a la AN, al Estatuto y a su implementación por parte de quienes representen corrientes económicas y políticas adversas. Por cierto, tampoco se comenta el asombro general que produjo notar que el art. 299 CRBV apela a la libre competencia y a la iniciativa privada, pero eso apunta a quienes jamás leyeron la Carta Magna y no saben que la palabra “socialismo” no está en ella; nadie reflexiona que esta es una oportunidad para dejar de atribuir las causas de la debacle nacional al modelo económico en vez de al desmantelamiento institucional.
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Nadie comenta si habrá las condiciones para las parlamentarias que deberían tener lugar en el último trimestre de 2020 y, de no haberlas, el destino que tendrían los funcionarios nombrados en esta fase. A nadie parece asustarle que se prometan elecciones “en el menor tiempo posible”, así, sin más. Y nadie comenta qué haríamos con la arruga, porque los 30 días de la encargaduría de la presidencia no comenzarán a contarse hasta que cese la usurpación, luego comienza el tiempo del «Gobierno provisional de unidad nacional» pero, en el nada improbable “caso de imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres y competitivas”, la AN ratificará al Presidente encargado como Presidente provisional de la República por 12 meses. Por supuesto que nadie comenta qué pasaría de no lograrse la adecuada reinstitucionalización para proceder electoralmente al finalizar ese año; es decir, que nadie comenta que el fantasma de una nueva tiranía nos estará rondando y nadie habla de las previsiones que la ciudadanía podría y debería tomar para que esto no suceda.
De paso, nadie comenta el peligro de que “restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República” implique autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país, con todas sus consecuencias humanas, de costos y duración, institucionales, sociales o económicas, para bien o para mal.
Nadie comenta estas y otras cosas porque algunos prefieren que no se hable de ellas, otros todavía no aprenden que la institucionalidad que buscan empieza por casa, conociendo y exigiendo el cumplimiento de las leyes que nos rigen y la mayoría no las comenta sólo porque no lee.
