Lo que sucede en calabozos policiales es un reflejo del país, asegura ONG
Si hay un lugar en Venezuela donde más se violan los derechos humanos son las cárceles, aseveró el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad. La violencia fue desplazada por el hacinamiento y las enfermedades como los principales problemas dentro de los calabozos policiales
Foto de portada: Miguel González | CrónicaUno
Una Ventana a la Libertad presentó este jueves 13 de abril su informe anual sobre la situación de los centros de detención preventivos (CDP) en todo el país. La violencia institucional y el incumplimiento de las labores del Estado, dejan a la familia como principal proveedor a los detenidos dentro de los calabozos policiales, señaló la ONG.
Durante la presentación del informe, la coordinadora de investigación de la ONG, Magaly Huggins, afirmó que todo lo que pasa en los centros de detención preventiva es un reflejo de lo que sucede en el país. «Aún cuando suene algo temerario, podemos afirmar que en la Venezuela del siglo XXI no hay derechos económicos, sociales y culturales».
En Venezuela hay un aproximado de 500 centros de detención preventiva, donde se registran altos índices de hacinamiento y enfermedades. «La violencia dejó de ser el principal problema en los calabozos», señaló la investigadora.
De los 284 calabozos policiales revisados por la ONG, su capacidad instalada es de 9.553 presos, pero para el segundo semestre de 2022 se registraron 16.837 detenidos (176,25%).
De ese total, 90,7% eran hombres (15.280) y 9,3% eran mujeres (1.557). En algunas regiones, como el estado Zulia, el porcentaje de hacinamiento fue superior a 220%. Otro detalle que resaltó la ONG es que la capacidad efectiva de estos calabozos en realidad sólo abarca a poco más de siete mil presos.
Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, recordó que el gran problema del sistema penitenciario venezolano está en los calabozos policiales, debido a que se convirtieron desde 2018 en cárceles improvisadas, tras una orden ministerial.
Además del hacinamiento, la permanencia de detenidos sanos y enfermos en un mismo sitio y la falta de ventilación son las principales condiciones de riesgo para los presos en los CDP. Esto se refleja en las enfermedades que padecen.
La investigadora Magaly Huggins resaltó que la familia cumple el papel del Estado venezolano de garantizar los derechos de las personas detenidas en calabozos, y muchas veces en la prisiones
La tuberculosis, la desnutrición, escabiosis y gripes son los principales padecimientos que enfrentan los presos en estos lugares, donde por ley no deberían estar más de 48 horas.
En el caso de mujeres detenidas, las enfermedades respiratorias, desnutrición, gripe y escabiosis fueron las dolencias más reportadas. También hay mujeres que se embarazaron dentro de los CDP por relaciones forzadas con otros presos, custodios y supervisores policiales. La única evaluación sanitaria que reciben es al momento de dar a luz.
*Lea también: Observatorio de Prisiones: Hacinamiento en cárceles para mujeres es de 188%
Según los datos de Una Ventana a la Libertad, 82 personas detenidas en calabozos policiales fallecieron el año pasado, principalmente por:
- Enfermedades (72 muertos). De estos, 17 fallecieron por complicaciones relacionadas a tuberculosis
- Fugas y capturas (2 muertos),
- Riñas (7 muertos),
- Abusos de funcionarios (1 muerte)
Si hay un lugar en Venezuela donde más se violan los derechos humanos son las cárceles, aseveró Nieto Palma. «Esta es una situación denigrante y violatoria de los derechos humanos. Los presos que están ahí sobreviven, no viven, porque están en condiciones infrahumanas (…) El Estado venezolano no le ha dado la atención suficiente a estas personas».
Detención en calabozos policiales
A pesar del trabajo de la comisión presidencial para la revolución judicial y el «plan cayapa», 60,36% de los presos está en calabozos permanecen un promedio de un año en esos lugares.
25,96% de los presos reportó estar desde hace más de dos años y 13,68% afirmó que ya tiene más de tres años dentro de un calabozo policial.
«Esto es un problema grave porque evidencia la mayor violación al debido proceso», destacó Magally Huggins.
Un problema que generó la comisión y el plan cayapa es el traslado de detenidos a calabozos de otros estados, lo que dificulta el sostenimiento de los presos al no tener un familiar cercano que les provea de agua, alimentos o medicinas.
Una Ventana a la Libertad también comprobó que el trabajo de dicha comisión para la revolución judicial se desvaneció a partir del segundo semestre del año. Según sus reportes, en los estados Sucre, Apure y Portuguesa esta instancia ni siquiera se instaló.
Otro dato que resaltó la ONG es que tanto el abuso infantil como la violencia de género se ubicaron entre las primeras cinco causas de ingreso a los calabozos. Los homicidios, robos y hurtos y extorsiones se mantienen en los primeros tres lugares. Completan el cuadro la tenencia o distribución de droga, así como los secuestros.
«Esto no es solo causa de la pandemia, aunque sí tuvo alguna incidencia. Esto tiene que ver con la fragmentación de la familia venezolana, y está relacionado a la migración, pues muchos niños quedaron con familiares cercanos, están en las calles y las escuelas no logran cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes», señaló Magaly Huggins.
La psicóloga social también recordó que la violencia de género en todas sus expresiones es grave; «no es un problema individual entre parejas o exparejas, es una expresión más allá del crecimiento de la violencia en el país».
Papel de la familia
La investigadora Magaly Huggins resaltó que la familia cumple el papel del Estado venezolano de garantizar los derechos de las personas detenidas en calabozos, y muchas veces en la prisiones.
Según los datos recogidos por Una Ventana a la Libertad, 90,85% de las familias son las encargadas de proveer medicinas a los detenidos en los calabozos, 94,72% es la encargada de entregar productos de higiene y limpieza, 91,55% de los familiares se hacen cargo del suministro de agua potables y 95,07% de entregar alimentos procesados y no procesados.
Solo un centro de detención preventiva en todo el país reconoció entregar toallas sanitarias a mujeres detenidas en sus instalaciones.
«La familia es víctima, no de su familiar detenido, sino de la falta de garantías del Estado venezolano», afirmó Huggins.
En el presupuesto de las familias también se debe incluir la extorsión, que se cobra en dólares dentro de los calabozos. Una Ventana a la Libertad responsabilizó a los directivos de los CDP, al igual que los pranes que someten a los detenidos de este tipo de prácticas.
