López Obrador y la no intervención de México, por Juan Carlos Sainz-Borgo
@jcsainz
El nuevo gobierno de México ha llenado de inquietud por la diversidad de sus anuncios, y muchas de las practicas ya experimentadas en el populismo reciente en todo el continente. El uso de los referenda no controlados por autoridades, los informes de ventas de aviones oficiales o las rebajas de sueldo, por nombrar algunos. Medidas efectistas, que son bien recibidas por la opinión pública, pero que su utilidad real o su sostenibilidad en el tiempo han demostrado su poco impacto real.
Un área donde los anuncios han suscitado aún mayor inquietud ha sido en materia de política internacional, en especial en la región latinoamericana, donde el Presidente López Obrador ha anunciado el regreso de la tradicional posición de no intervención mexicana en política exterior.
Esta figura tradicional de la política exterior mexicana a lo largo del siglo XX, sirvió al sistema político de un solo partido, el PRI, navegar sin contratiempos a lo largo de casi un siglo, enfrentando guerras mundiales, guerras civiles, guerra fría, por solo mencionar algunos casos. Este equilibrio fue clave en las relaciones de la nación mexicana con los Estados Unidos de América, en una frontera común, siempre compleja y muy caliente.
Los anuncios de la resurrección de la no intervención, en el marco de los movimientos de coordinación en América Latina en el Grupo de Lima, para manejar las graves crisis de Venezuela y Nicaragua, han impacto y preocupado a amplios sectores del continente»
Frente a la critica por la posición, muchos analistas mexicanos han reivindicado el viejo principio, como uno de los elementos tradicionales de la acción de su política internacional. Puede revisarse en la red un selecto grupo de estudios históricos que reafirma la validez de la posición política del Presidente López Obrador.
En perspectiva histórica también, esta doctrina mexicana fue desafiada en su momento por una joven democracia venezolana, con Rómulo Betancourt a la cabeza para aislar a las dictaduras militares del continente, que con apoyo de agencias del Gobierno de EEUU, se convirtieron en los grandes violadores de Derechos Humanos del mundo. La llamada “doctrina Betancourt” dio los primeros golpes a la existencia de la doctrina mexicana.
En un análisis desde el siglo XXI, México ha suscrito un conjunto de tratados que en la práctica harían ilegal la aplicación de la doctrina de no intervención en el contexto actual. Por ejemplo, el Estatuto de Roma que gobierna el Tribunal Penal Internacional o la Carta Democrática Interamericana de la OEA obligarían al país azteca a tomar acciones, si estos organismos determinan la existencia de crímenes o rupturas al orden democrático.
El argumento del principio de no intervención para acatar una decisión de la Corte Penal Internacional o de la OEA, no sería un problema político, sino por el contrario, un tema de no cumplimiento de tratados internacionales.
La ex presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Rosalyn Higgins define el Derecho Internacional como un “derecho de coordinación”. Y seguramente tenga razón. Por ello, a la nueva administración mexicana, le corresponderá coordinar con sus socios en el continente, para buscar las mejores soluciones para la democracia y los derechos humanos y no utilizar viejos principios, que hoy parecen anticuados, en un mundo que interactúa y sufre de las consecuencias de las acciones de cada país muy de cerca.
