Los bolsonaristas fugitivos que buscan refugio en Argentina, por Luiz Leomil
En mayo de 2024 se supo que varias personas condenadas o investigadas por participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 habían conseguido salir ilegalmente de Brasil, en dirección a países vecinos. Más recientemente, el gobierno argentino anunció que al menos 65 de ellos habían solicitado refugio en el país, y que sus peticiones serían analizadas caso por caso por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
Aunque Brasil está preparando solicitudes de extradición para estos fugitivos, la legislación argentina y las normas internacionales establecen que no se puede hacer nada hasta que la Conare haya decidido sobre sus solicitudes de refugio.
¿Por qué aceptó Argentina las solicitudes de refugio de los brasileños?
En general, los países gestionan la migración dentro de sus territorios como mejor les parece. Sin embargo, el instituto del refugio es una excepción y está muy bien regulado por instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ratificada por 146 países, entre ellos Argentina (que lo hizo en 1961). El documento establece los criterios para reconocer la condición de refugiado, así como el principio de «no devolución», que prohíbe a los países devolver a los refugiados y solicitantes de asilo a situaciones de persecución o graves violaciones de los derechos humanos.
Por tanto, es necesario que los países analicen las solicitudes de refugio y tomen una decisión al respecto antes de emprender cualquier otra acción. Esto explica, en parte, por qué el gobierno argentino ha aceptado las solicitudes de refugio casi automáticamente y sostiene que no se producirá ninguna extradición antes de que hayan sido resueltas. Como solicitantes, estos brasileños reciben un documento de identidad, renovable cada 90 días, acceso a los servicios públicos y al trabajo, y pueden viajar fuera de Argentina con autorización de la Conare.
¿Cómo se analizarán las solicitudes?
La Conare, que analizará las solicitudes, es una comisión formada por representantes del gobierno argentino y de otras organizaciones. Su formato es muy similar al que existe en otros países de América Latina, incluido el propio Brasil, ya que en décadas pasadas este modelo fue ampliamente difundido en la región por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Aunque los solicitantes brasileños ya detallaron en sus formularios de solicitud lo que creen que son los motivos de su solicitud de refugio, la legislación argentina exige que sean convocados a entrevistas de elegibilidad. Durante estas entrevistas, los funcionarios técnicos de la Conare cuestionarán las razones para huir de Brasil, así como la credibilidad de los relatos dados por los solicitantes. A continuación, estos funcionarios contrastarán la información facilitada por los solicitantes con otras fuentes (incluida la investigación interna), comprobarán su veracidad y emitirán un dictamen técnico, que será votado por la Comisión en sesión plenaria. Los miembros votantes de la Conare son el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y representantes de cuatro departamentos gubernamentales: Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Capital Humano. Los casos se deciden por mayoría simple.
Vale la pena recordar que no hay plazo para que los brasileños sean convocados a sus entrevistas de elegibilidad, y mucho menos para que la Conare tome una decisión sobre sus casos. Según el Acnur, la resolución de los casos en el país puede tardar «de dos a cinco años, o más«. Si se rechaza una solicitud, hay posibilidades de apelar en dos instancias más.
¿Cuál será el resultado?
Una de las razones para reconocer el estatuto de refugiado en virtud de la legislación argentina y de la Convención de 1951 es el temor fundado a la persecución por opiniones políticas, que según algunos es el caso de los brasileños que solicitan refugio en Argentina. Sin embargo, el hecho de que huyan de condenas o investigaciones relacionadas con delitos, especialmente los de carácter político, no los convierte necesariamente en víctimas de persecución política.
En estos casos, es necesario, entre otras cosas, determinar si las investigaciones y sanciones a las que fueron sometidos los solicitantes en su país de origen se llevaron a cabo de conformidad con la ley, las normas internacionales de derechos humanos y de manera justa. Sólo indicios claros de que los solicitantes han sido (o pueden ser) víctimas de un trato jurídico arbitrario y/o de un castigo excesivo a causa de sus opiniones políticas deberían dar lugar a que se estimaran sus solicitudes. Hasta el momento, los observadores internacionales que siguen la protección de los derechos humanos en Brasil no han observado ningún problema con las investigaciones y las sentencias dictadas contra los implicados en el 8/1.
Sin embargo, esto no significa que la posición de la Conare sobre estas solicitudes pueda darse por sentada. Aunque los oficiales de elegibilidad de la Comisión emitan opiniones técnicas sobre las solicitudes, éstas son votadas por representantes ministeriales.
Así pues, aunque el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, ha argumentado que la decisión sobre estas peticiones está fuera de las competencias del gobierno, serán en gran medida los representantes de la administración Milei quienes decidan sobre ellas. Desde su toma de posesión, el gobierno de Milei ha sustituido al menos a tres miembros con derecho a voto de la Conare. Se han nombrado nuevos representantes de las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior, esta última como presidenta de la Comisión. Así, además de influir en el orden del día de las sesiones plenarias (pudiendo dar prioridad a los casos), los representantes del gobierno de Milei pueden obtener fácilmente una mayoría simple durante las deliberaciones.
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No es raro que los países utilicen el refugio como herramienta de política exterior, buscando deslegitimar o ayudar a gobiernos extranjeros reconociendo (o no) a sus nacionales como refugiados. Tomemos como ejemplo el caso del gobierno de Bolsonaro que favoreció el reconocimiento de los venezolanos como refugiados.
A pesar del pesimismo y el enfriamiento de las relaciones argentino-brasileñas desde que Milei asumió la presidencia, los líderes del Palacio San Martín y del Itamaraty han logrado mantener cierta cordialidad y funcionalidad. Lo que queda por ver es si Milei abandonará esto en favor de su agenda privada. Mientras tanto, la diplomacia brasileña debe seguir promoviendo un mayor entendimiento con el mandatario argentino y alentar una mayor celeridad en los casos que se tramitan en la Conare.
Luiz Leomil es licenciado en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario La Salle de Río de Janeiro. Máster en Ciencias Políticas por la University of Carleton (Canadá) y Doctorando en Ciencias Políticas por la misma institución.
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