«Los centros de detención preventivos se han convertido en campos de concentración»
Uno de los puntos que más preocupan a los investigadores de la ONG Una Ventana a la Libertad es el aumento de fallecidos por enfermedades relacionadas a las condiciones de reclusión
Hacinamiento, muerte y negación de derechos fundamentales. Esas son algunas de las condiciones que viven los detenidos en centros de detención preventivos (CDP) según el informe 2018 de la ONG Una Ventana a la Libertad, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de la población carcelaria en el país.
Carlos Nieto Palma, abogado y director general de la ONG, destacó que para este informe se revisó la situación de 174 centros o calabozos de distintos organismos de seguridad (policías estadales o municipales, Cicpc, Sebin, Dgcim, Guardia Nacional) que funcionan como cárceles en 15 estados del país.
Los Centros de Detención Preventiva (CDP) están diseñados para resguardar temporalmente y por breves períodos, a las personas detenidas por un cuerpo policial. La competencia de las policías municipales, estadales o de investigación, está limitada a realizar las aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las personas que presuntamente han cometido hechos punibles
El abogado recordó que el Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 4, deja en claro que los privados de libertad y sus derechos son responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios, algo que la ministra Iris Varela ha negado, al dejar como encargados de los reclusos a estos cuerpos de seguridad (bajo la dirección del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, alcaldías o gobernaciones).
«Es una responsabilidad que el Ministerio no ha querido asumir, no ha querido aceptar y es lo que ha llevado al caos de los servicios penitenciarios actuales», sentenció Nieto Palma.
Desde agosto de 2011 existe una circular firmada por la ministra Iris Varela, donde se prohíbe el traslado de nuevos privados de libertad a recintos carcelarios sin su autorización, por lo que se mantienen en centros de detención preventivos.
El Ministerio también les exige kits (ropa carcelaria, colchonetas, artículos de higiene personal) a los directores de estos calabozos para el ingreso de nuevos reos, algo que no pueden pagar estos organismos, señaló Nieto Palma. «Esto ha ocasionado la proliferación de cárceles en todo el país, que antes eran calabozos o centros de detención».
Debido a las labores de custodia de detenidos, los cuerpos de seguridad disponen de al menos el 30% de su funcionariado, lo que disminuye la fuerza para labores de seguridad preventiva en las calles.
Hacinamiento
Durante la investigación del informe se constató que existían 16.719 personas detenidas en los CDP, que tiene capacidad para unas 5.332 personas. Esto indica que el hacinamiento promedio en estos lugares es de 314%. Los estados donde se registra mayor aglomeración de detenidos en centros son Falcón con un 853%, Anzoátegui con un 661% y Zulia con el 484%.
La investigadora Carla Serrano detalló que en el 49% de estos calabozos no se cuenta con servicio de agua potable, el 100% no cuenta con área o servicio médico, el 98% no cuenta con comedor, el 33% no cuenta con baños, duchas, iluminación; el 95% no cuenta con áreas recreativas o deportivas mientras que el 77% no cuenta con áreas de visita.
El respeto a los géneros, la edad o alguna discapacidad tampoco importa. El 73% de los CDP no cuenta con áreas para mujeres detenidas y el 99% no cuenta con áreas especiales para la población LGTBIQ; el 100% no tiene consideración con personas detenidas que tengan alguna discapacidad, mientras que el 99% no cuenta con áreas especiales para adolescentes.
Enfermedad y muertes
Uno de los puntos que más preocupan a los investigadores es el aumento de fallecidos por enfermedades relacionadas a las condiciones de reclusión. Serrano indicó que en 10 de los 15 estados que abarca el informe había reporte de tuberculosis, padecimiento asociado al hambre y condiciones precarias de salud.
De las 305 muertes que se registraron el año pasado en estos CDP, 117 fueron por esta enfermedad; una cifra superada solo por los fallecimientos registrados por motines (105). Otro dato que refleja el informe es que hubo 17 reclusos cuya causa de muerte fue la desnutrición.
También se contabilizaron 30 muertos por riñas entre reclusos, 20 fallecidos por enfrentamientos tras fugas de los calabozos, 10 muertes se registraron por intentos de fuga y de cuatro detenidos no se pudo identificar las razones de su fallecimiento.
En este último punto, el investigador Leonardo Rodríguez denunció que una de esas muertes, ocurrida en Zulia, se presume fue debido a torturas por parte de los funcionarios policiales. Explicó que el informe se refleja que en el 32% de los CDP se registraron torturas, que van desde raparles la cabeza o cejas a los detenidos, privarlos de agua y alimentos por largos períodos de tiempo o golpes hasta romper costillas.
«Los centros de detención preventivos se han convertido en campos de concentración y al Estado y su gobierno no le importa esta situación», afirmó Rodríguez.
Crisis y legislación
La diputada Yajaira Castro de Forero destacó que la grave crisis económica ha dejado en un segundo plano a la inseguridad como factor de preocupación de los venezolanos, algo de lo que no escapan los operadores de seguridad, al igual que el sistema judicial.
«Tenemos un sistema penitenciario totalmente acabado», aseveró Castro, al tiempo que inculpó a la ministra Varela de haber creado un sistema paralelo, al trasladar su responsabilidad a los centros de detención preventivos.
Destacó que la Ley de Calabozos Policiales, aprobada en segunda discusión en septiembre de 2018, establece la prohibición al Ministerio de Servicios Penitenciarios de pedir requisitos adicionales para el traslado a cárceles y que el privado de libertad solo podrá estar 48 horas como máximo en un centro de detención preventivo.
Esta ley forma parte del banco de normas legales que dispuso la Asamblea nacional para un eventual gobierno de transición, uno de los puntos de la agenda de la oposición venezolana para 2019.
Además, la parlamentaria denunció que en Barcelona, estado Anzoátegui, una casa o puestos policiales abandonados son utilizados como cárceles o centros preventivos debido al hacinamiento y el aumento de la población carcelaria.
Puede revisar el informe completo aquí:
