Los dos demonios criollos, por Rafael Uzcátegui
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Uno de los argumentos de quienes promueven una teoría de cambio basada en una confrontación de baja intensidad con las autoridades, que en textos anteriores hemos calificado como “dialoguistas”, es que Nicolas Maduro es una suerte de “demócrata acorralado”, que ha sido forzado a tomar las decisiones conocidas para defenderse de una oposición descocada e irracional.
Como extensión hay quien añade, en este lado no en la acera del frente, que el ciclo de protestas del año 2017 obligó al Estado, en su natural instinto de conservación, a detener, torturar y asesinar en la particular manera en que lo hizo, llamando así la atención de todos los organismos internacionales de protección a derechos humanos.
Hay ingenuidad, por decir lo menos, en este diagnóstico sobre la naturaleza del modelo de gobernabilidad instalado en Miraflores. El chavismo no ha ocultado su esencia revolucionaria y su distancia de cualquier situación que signifique alternabilidad del poder. De manera similar a otros autoritarismos de izquierda, llegaron para quedarse.
De Lenin es la frase: “Salvo el poder todo es ilusión”. La presencia de otros, los diferentes, es percibida como una amenaza existencial, por lo que activarán todos los mecanismos para neutralizarlos simbólica o físicamente. Otros gobiernos, realmente democráticos, han reaccionado de manera diferente frente a la emergencia de las multitudes en movimiento. Los casos de Colombia y Chile, para no ir más lejos. Aunque en ambos hubo respuestas represivas que lamentar, institucionalmente se logró canalizar las demandas de la población para encontrar una salida dentro de su Constitución.
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En el libro “Activismo en contextos autoritarios”, coordinado por Johanna Cilano, Ines Pousadela y María Isabel Puerta, se asegura que “es frecuente que las restricciones del espacio cívico se impongan de manera reactiva, es decir en respuesta de la sociedad civil”. El libro revisa la situación de 4 países -Bielorrusia, Egipto, Nicaragua y Venezuela- en el que las derivas autoritarias estimularon ciclos populares de movilización.
En nuestro caso se olvida que la Fiscal General de confianza de Hugo Chávez, con 6 años en ese cargo bajo la lupa del “Zurdo de Sabaneta” haya anunciado, a finales de marzo de 2017, la ruptura del orden constitucional luego de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Meses antes, con la suspensión del Referendo Revocatorio y la postergación ilegal de las elecciones regionales que debieron haberse realizado en diciembre del 2016, no había que ser cum laude en ciencias políticas para vaticinar que, ante el cierre de los canales pacíficos para la resolución de las diferencias, el palacio de Miraflores convocaba a la violencia.
La relación de acción/reacción entre los disidentes y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de los propios manifestantes en la espiral de la violencia institucionalizada no es un invento de los “optimistas anónimos”. En 1984, luego de transitar de la democracia a la dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín para
investigar el destino de los miles de desaparecidos causados por la represión estatal, emitió un informe con el sugerente título “Nunca más”.
El prologo estuvo a cargo de uno de los connotados miembros de la Conadep, el escritor argentino Ernesto Sábato, quien escribió: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda (…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y
asesinando a miles de seres humanos”.
Al autor de “El Túnel” agregaría que esta confrontación, entre dos fuerzas demoníacas, había tomado forma en el territorio argentino, pasándose a conocer como la “Teoría de los dos demonios”. Aquella equivalencia ha sido tan polémica que una reedición del informe realizada en el año 2006 agregó una introducción adicional, que hacía contrapeso a las líneas de Sábato.
Según Marina Franco, de la Universidad Nacional de San Martín, la teoría de los dos demonios está asociada a una serie de variables que pretenden explicar el origen de la violencia en Argentina:
a) La existencia dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado;
b) La equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos y
c) La situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.
En el caso venezolano equiparar responsabilidades entre el gobierno y la oposición no solo es vil, sino argumentativamente indemostrable. La criollización de la “teoría de los dos demonios” impedirá realizar los balances históricos adecuados, obstaculizará las memorias en violaciones a derechos humanos y ralentizará la reforma estructural del sistema de administración de justicia, uno de los desafíos medulares en la transición a la democracia.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz.
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